Último día para presentar la declaración de la Renta: sanción de 200 euros y recargos de hasta el 15% si no se entrega antes de medianoche

El reloj corre en contra de los contribuyentes más rezagados. Este martes 30 de junio expira oficialmente el plazo para confeccionar y presentar la declaración de la Renta correspondiente al ejercicio fiscal de 2025. Aunque la gran mayoría de los ciudadanos ya ha rendido cuentas con el fisco, miles de personas apuran las últimas horas de la campaña de la Agencia Tributaria, ya sea por olvido, por falta de tiempo o por el temor a tener que afrontar un resultado a pagar. Sin embargo, existe un falso mito muy extendido que puede costar muy caro antes de que finalice el día: creer que si el resultado de la autoliquidación es “a devolver” o “cero”, no pasa nada por entregar el documento con retraso.

Dejar el trámite para mañana miércoles es un error que la normativa fiscal penaliza de forma automática. Según estipula el artículo 198 de la Ley General Tributaria, presentar una autoliquidación obligatoria fuera de plazo sin que exista un perjuicio económico para las arcas del Estado –es decir, cuando es Hacienda la que debe ingresar dinero al ciudadano– se considera una infracción leve.

La sanción estipulada por la normativa oficial es una multa fija de 200 euros. No obstante, la propia ley contempla un pequeño alivio si el contribuyente reacciona rápido. Si se presenta la declaración de forma voluntaria por internet antes de que la administración envíe una notificación o requerimiento previo, la multa se reduce automáticamente a la mitad, quedando en 100 euros. A efectos prácticos, si a un ciudadano le correspondía una devolución de 150 euros y la entrega mañana de madrugada, el fisco restará la sanción de esa cantidad y solo recibirá 50 euros en su cuenta corriente.

¿Qué pasa si el resultado es a ingresar?

El escenario se endurece significativamente si la declaración sale a pagar. En este caso, el sistema de penalizaciones de la Agencia Tributaria no funciona mediante multas fijas, sino a través de un sistema de recargos mensuales que se introdujo para incentivar la regularización voluntaria.

La situación más crítica ocurre si la Agencia Tributaria detecta la omisión y envía la temida carta de requerimiento, conocida coloquialmente como ‘carta del miedo’. En ese instante se abre un expediente sancionador según el artículo 191 de la Ley General Tributaria, donde las multas oscilan entre el 50% y el 150% del total de la deuda esquivada, dependiendo de la gravedad y de si la administración detecta ocultación de datos.

La alternativa legal para evitar sanciones

La falta de liquidez en la cuenta bancaria suele ser el principal motivo por el cual muchos ciudadanos congelan el borrador hasta el último minuto. Para evitar las sanciones anteriores, la propia plataforma de la Renta ofrece mecanismos legales de ayuda.

El más común es el fraccionamiento del pago en dos plazos sin ningún tipo de interés, donde el 60% se carga de forma inmediata y el 40% restante se pospone hasta el próximo mes de noviembre. Si aun así no se puede asumir ese desembolso, la normativa permite marcar la casilla de reconocimiento de deuda con solicitud de aplazamiento. Esta opción permite pactar un calendario de pagos a medida con Hacienda y, aunque conlleva el abono del interés de demora legal, evita por completo la imposición de multas o recargos por extemporaneidad.