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Comercio

Los Centros Único de depilación láser entran oficialmente en concurso de acreedores

La compañía acumula deudas por valor de 60 millones de euros y los afectados tienen hasta el 10 de octubre para reclamarla

El grupo dueño de los Centros Ideal cierra y deja 600 puestos de trabajo en el aire

El interior de uno de los establecimientos de Centros Único

El interior de uno de los establecimientos de Centros Único / El Periódico

Paula Clemente

Paula Clemente

Barcelona
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Otra de las marcas más conocidas dentro del universo de la depilación láser echa el cierre. Este verano, la cadena Centros Únicos sorprendía con un mensaje en su página web en el que anunciaba su intención de liquidar la compañía. No daba motivos, ni más explicación al respecto, pero a juzgar por el auto judicial que declara el concurso de acreedores (proceso que arranca este viernes, formalmente, al aparecer publicado en el Boletín Oficial del Estado), es por una cuestión puramente económica.

La compañía madrileña de la que dependen el centenar de centros de la marca (Mosea Insvestments SL) se declara en situación de insolvencia y dice enfrentar, en total, una serie de deudas y obligaciones que rozan los 60 millones de euros. Ante esta situación, un juzgado mercantil de Madrid la declara oficialmente en concurso de acreedores y establece un margen de un mes para que las personas o empresas con las que tiene esta deuda, comuniquen sus créditos. Es decir, hasta el 10 de octubre.

De ahí el llamado que han hecho este viernes las organizaciones en defensa de los derechos de los consumidores Facua y la OCU, o el que hizo ayer ADICAE. "Son varios los establecimientos dedicados a tratamientos estéticos que han cesado su actividad, dejando a miles de consumidores con el servicio interrumpido y la carga de tener que hacer frente al pago de las cuotas de un préstamo con el que financiaron sus tratamientos que ya no podrán disfrutar", apuntaba esta última, recordando, también, el reciente cierre de Centros Ideal.

Facua suma al listado de compañías que han generado situaciones de este tipo en los últimos años en España, a iDental, Dentix, SmyDent, que también decidieron cerrar de un día para otro "dejando a miles de usuarios con tratamientos pagados o financiados y a medio terminar o directamente sin haber empezado y sin garantías, además de intervenciones mal ejecutadas, con daños derivados de negligencias profesionales, uso de materiales de baja calidad, etc.", apuntan, matizando que el caso de los Centros Único afecta solo a los centros que son propiedad de la compañía que fundó la marca y no a los franquiciados, con lo que aún quedarán algunos abiertos.

En cualquier caso, Facua critica, en su comunicado, "que el Gobierno de Pedro Sánchez no haya realizado ningún tipo de modificación de la normativa que regula este tipo de clínicas para asegurar la protección de los derechos de los consumidores en este sector de actividad y con un modelo de negocio vinculado a contratos de financiación". "La más urgente -precisa-, la exigencia de un seguro de responsabilidad civil para autorizar la apertura, de forma que quede cubierto el riesgo de cierre o quiebre de la compañía".

Cómo reclamar

Tanto ellas como la OCU aprovechan para sugerir a los afectados una serie de actuaciones: recopilar y guardar toda la documentación de la que se disponga para demostrar la relación con la clínica, enviar la documentación antes del 10 de octubre al administrador concursal (Iker Filloy Nieva, del bufete PKF Attest Concursal), presentar reclamación ante las Autoridades Sanitarias de la comunidad autónoma en caso de mala praxis y, si se hubiese pedido un crédito para financiar algún tratamiento, contactar con la entidad financiera para solicitar su anulación.

"Al no cumplirse lo pactado, ese crédito deja de ser exigible", recuerda la OCU, en referencia a los préstamos vinculados. ADICAE añade que si se trata de un préstamo no vinculado se debe avisar a la financiera para modificar el contrato, pero que si se ha pagado por adelantado sin recurrir a financiación, solo quedará solicitar judicialmente la devolución de los importes correspondientes.