La Generalitat encuentra irregularidades en el 71% de las empresas inspeccionadas por el Black Friday

La segunda ola de inspecciones para vigilar el fraude en las ofertas del Black Friday cierra, de nuevo, con saldo más que negativo. La Generalitat de Catalunya ha hecho público este miércoles que ha detectado irregularidades en el 70% de las actuaciones de vigilancia que ha hecho durante esta campaña de descuentos que se despliega a lo largo de todo el mes de noviembre. Se han monitorizado 55 compañías del sector de la electrónica de consumo y de artículos para el hogar y se ha hecho seguimiento sobre 440 productos.

La conclusión a la que han llegado l'Agència Catalana de Consum y la Direcció General de Comerç (ambas, entidades dependientes del Departament d'Empresa i Treball) es que la inmensa mayoría de las compañías incurren en alteraciones de precios en las ofertas. Por ejemplo, no indicar de forma clara la reducción de precio o no indicar el precio habitual de ese producto y el precio reducido.

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"En materia de ofertas o promociones, la legislación contempla obligaciones para las empresas y los comercios como informar tanto del precio original como del precio rebajado o el porcentaje de descuento, teniendo en cuenta que el precio original sobre el que se hace la rebaja tiene que ser el más bajo que haya tenido el producto en aquel mismo establecimiento en los 30 días anteriores a la promoción; o informar de la duración de las ofertas", recuerda la Generalitat en un comunicado.

Esta normativa establece también que aquellas incidencias que vulneren los derechos de las personas consumidoras pueden implicar multas de entre 10.000 y 100.000 euros. Del mismo modo, las actuaciones que contravengan la normativa sobre Comercio (más centrada en que se respete las normas de competencia entre negocios) podrían recibir sanciones de hasta 20.000 euros.

Balance de la campaña previa

Sin ir más lejos, la misma campaña de inspección del año pasado ha terminado con 47 expedientes sancionadores, de los cuales 37 ya se han cerrado con multas que rozan los 430.000 euros. Faltan la decena que tiene en marcha l'Agència Catalana de Consum, que están todavía en trámite, pero que podrían elevar la multa total hasta cerca del millón de euros.

Y a esto se sumará el posible cargo de este año. De momento, tanto Consumo como Comerç están analizando los datos recopilados, así que no será hasta dentro de unos días que se envien los requerimientos a las empresas en las que se han detectado incumplimientos.

"Los procedimientos de inspección se encuentran en la fase de diligencias previas, lo que significa que las empresas pueden hacer alegaciones o aportar información y, finalmente se abrirán los expedientes sancionadores correspondientes en todos aquellos casos en que se constate una conducta infractora", resumen ambos organismos. El objetivo final, recuerdan, es evitar que estas malas prácticas se repitan en futuras campañas, una meta que, visto el resultado de este año, no parece cercana.