El Gobierno prohíbe a los ex altos cargos públicos trabajar para lobbies hasta dos años después de su cese

Solo un día después de su aprobación en Consejo de Ministros, el Real Decreto-ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, popularmente conocido como Ley de 'lobbies' ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Al conocerse el texto completo, una de las disposiciones que se extraen de la norma implica que el Gobierno prohibirá a los ex altos cargos de la Administración General del Estado (AGE) realizar actividades profesionales de influencia para entidades privadas, o 'lobbying', en ninguna materia relacionada con las competencias del departamento en el que prestaron servicio, hasta haber pasado dos años de su cese.

Fuentes del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública señalan a EL PERIÓDICO que el texto definitivo incorpora hasta 23 enmiendas propuestas por el PP, Sumar, el PNV, ERC, Bildu o Junts durante la tramitación de la ley. De esta forma, el Gobierno busca revertir la situación que llevó a la no aprobación de la ley en el Congreso por falta de apoyos parlamentarios.

El nuevo régimen de incompatibilidades

En cuanto al curso legislativo de la norma, lo previsto es que entre en vigor mañana mismo, salvo en el caso de algunas disposiciones, que arrancarán su vigencia más adelante. Para establecer esta prohibición, la ley introduce una modificación de la Ley 3/2015 reguladora del ejercicio del alto cargo, a través de la cual fija el régimen de incompatibilidades posterior al cese, con el objetivo de "reforzar la integridad pública y prevenir posibles conflictos de intereses en la toma de decisiones del sector público".

Así, la norma tipifica como "infracción grave" la celebración de cualquier reunión o contacto con grupos de interés que no se encuentren debidamente inscritos en el nuevo registro estatal obligatorio de 'lobbies'. En cuanto a las excepciones a esta conducta, solo existe una: cuando concurran circunstancias excepcionales y las personas representantes del grupo de interés no inscrito asuman por escrito el compromiso de solicitar su alta en el plazo de los tres días hábiles siguientes al encuentro, trámite que el alto cargo deberá notificar al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Más reacciones

Fuentes de Rud Pedersen España, la mayor consultora estratégica de public affairs de Europa, consideraban antes de haber tenido acceso al texto completo de la norma que "mejora de forma clara la propuesta que llevaba años pendiente". "Es una buena noticia que la norma no ponga toda la responsabilidad únicamente en quienes defienden intereses ante las instituciones, sino también en quienes reciben esas propuestas y mantienen esas reuniones", destacan.

Para Rud Pedersen, es también positivo "que tenga en cuenta a actores tan relevantes como sindicatos y patronales y que se busque coordinar este sistema con las comunidades autónomas y con Europa". Sin embargo, incluyen un ruego a los legisladores. "Nos gustaría que también se incluyese a todos los actores de los asuntos públicos, como los partidos políticos, todos somos responsables de asegurar esa transparencia", apuntan.

Publicar todas las reuniones

Del mismo modo, los altos cargos de la AGE estarán legalmente obligados a hacer públicas todas las reuniones y contactos que mantengan con los grupos de interés, en el plazo máximo de un mes desde su celebración. Esta notificación deberá realizarse a través del Portal de Transparencia y Buen Gobierno. Si se incumple esta disposición, la falta será grave, mientras que la publicación extemporánea o con retraso se tipifica como falta leve, sancionada con amonestación y la obligación de subsanación.

Adicionalmente, los 'lobbies' deberán transparentar si cuentan en su equipo con personas que hayan desempeñado puestos como altos cargos en los últimos cinco años, publicando su nombre, cargo ocupado, entidad de procedencia y fechas de toma de posesión y cese.

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