El Gobierno aprueba por decreto el registro público de 'lobbies' tras el bloqueo en el Congreso

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley que da lugar a la creación de un registro "público y obligatorio" de 'lobbies', o grupos de interés, según la terminología utilizada por el Gobierno, con el que se busca lograr una mayor transparencia y rendición de cuentas, después del fracaso en la reunión de apoyos parlamentarios para su aprobación en el Congreso de los Diputados.

Tal y como se desprende del comunicado del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, la ley regulará "la relación entre los grupos de interés y las personas al frente de puestos públicos susceptibles de recibir influencia". Atendiendo al curso legal de la norma, entrará en vigor cuando se publique Boletín Oficial del Estado (BOE), y deberá ser convalidada por el Congreso en el plazo máximo de 30 días.

Más concretamente, la norma a la que ha dado luz verde el Gobierno crea un registro estatal público y obligatorio de grupos de interés, según ha explicado la portavoz del Ejecutivo y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La medida ha sido adoptada en medio de dos investigaciones judiciales muy ligadas al 'lobismo'. En primer lugar, el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, está siendo investigado a causa de su supuesta intermediación en el rescate de Air Europa. Por otro lado, la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, está a la espera de comparecer ante la justicia por un presunto delito de tráfico de influencias.

La reacción de los 'lobbies'

LLYC, uno de los colectivos que ejercen esta labor con mayor influencia en España, ha reaccionado de inmediato a la aprobación de la ley por parte del Gobierno. "Desde LLYC, dónde venimos colaborando con nuestros clientes en actividades de asuntos públicos desde hace casi 30 años, siempre hemos solicitado la aprobación urgente de una regulación clara sobre la actividad profesional del lobby en nuestro país", declaran representantes de la consultora a la espera de conocer el texto definitivo.

"La transparencia es una manera de combatir las malas prácticas. En el registro de la Unión Europea uno puede ver todas las empresas y entidades españolas (y del resto de países) que han ejercido tareas de influencia, qué individuos están acreditados, con quién y cuándo se reúnen y sobre qué temas hablan. LLYC hace uso de él y registra todos sus clientes y honorarios", añaden desde LLYC. Consideran además que la actividad de lobby, bien ejecutada, "no solo es legítima, sino indispensable para el proceso legislativo".

Las definiciones del Gobierno

Según la definición acuñada por el Gobierno, son grupos de interés o 'lobbies' "las personas físicas y jurídicas y las agrupaciones sin personalidad jurídica, incluidas las plataformas, foros, redes u otras formas de actividad colectiva, tanto si actúan por cuenta propia como ajena, con independencia de la forma que adopten o de su estatuto jurídico, y que lleven a cabo actividades de influencia sobre el personal y/o cargo público".

Por otro lado, se considera actividad de influencia toda comunicación directa o indirecta de un grupo de interés con el personal y/o cargo público susceptible de influencia, realizada por cualquier medio o canal, con la finalidad de incidir en la toma de decisiones públicas, en el diseño o aplicación de políticas públicas, o en la elaboración, modificación o aprobación de proyectos normativos, en beneficio de intereses propios o de terceros.

En cuanto a los sujetos susceptibles de recibir influencia, el Gobierno fija la línea en "el personal y/o cargo público que desempeñe funciones públicas con la capacidad de intervenir en la formulación, ejecución o supervisión de políticas públicas, elaboración normativa o procesos de decisión administrativa, dentro de la administración general del Estado y su sector público institucional".

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