El Gobierno enfría la gran rebaja de tasas a todas las nucleares que esperan las eléctricas tras la ampliación de Almaraz

La decisión de prolongar la vida útil de la central nuclear de Almaraz abre nuevos frentes al Gobierno. El Ministerio para la Transición Ecológica anunció la semana pasada (en un viernes de mitad de agosto) la autorización del aplazamiento del cierre de la planta cacereña hasta junio de 2030, frente a las fechas previstas hasta ahora que establecían la clausura de sus dos reactores en 2027 y 2028. Las grandes eléctricas dan por hecho que la ampliación de Almaraz empujará a una rebaja casi automática de la tasa que pagan las centrales nucleares para financiar su propio desmantelamiento. Pero en el Gobierno se enfría tal posibilidad y se evita dar por sentado una revisión a la baja del gravamen, según varias fuentes al tanto de la situación.

Las centrales nucleares pagan una tasa en función de la electricidad que producen cada año que alimenta un fondo milmillonario (actualmente cuenta con unos 9.400 millones de euros) que se utilizará para cubrir los costes del desmantelamiento de todos los reactores según vayan cerrando y de la construcción de los almacenes donde se guardarán los residuos radiactivos. La cuantía de la tasa la fija el Gobierno en función de las previsiones de costes a largo plazo de todos los trabajos y de ingresos esperados según el tiempo que seguirán funcionando las centrales nucleares.

Cuantos más años funcionen las centrales, el gravamen que pagan las plantas puede bajar porque los ingresos necesarios se pueden repartir entre más tiempo. Los cálculos que se manejan en el sector eléctrico apuntan a que la ampliación de la vida útil de la central de Almaraz hasta mediados de 2030 presiona para aplicar una rebaja de en torno a un 9,5% de la tasa, desde los actuales 10,36 euros por megavatio hora (MWh) de electricidad producida por todas las plantas hasta los 9,38 euros por MWh.

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó hace dos años una fuerte subida del 30% de esta prestación no tributaria para ajustarla a los mayores costes previstos en el nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), que se elevaron en unos 2.200 millones de euros extra (hasta los 20.200 millones en total hasta final del siglo) por la decisión de construir siete almacenes nucleares temporales, uno en cada central, y no un solo silo centralizado.

Una subida que se sumaba al incremento de otro 20% aprobado por el Ejecutivo en 2019 tras pactar con las eléctricas el calendario de cierres de todas las centrales entre 2027 y 2035 (que ahora se revisa por la decisión de posponer las clausuras de Almaraz hasta 2030). La estimación de las eléctricas es que este año pagarán casi 600 millones de euros por esta tasa específica, que se suman a los otros 1.000 millones de euros anuales entre impuestos y tasas autonómicas que afrontan las plantas.

Enresa no ve cambios “sustanciales”

Frente a la pretensión de las eléctricas, desde el Gobierno no se da por hecho una gran revisión a la baja de la cuantía de la tasa que pagan las centrales nucleares ni que se vaya a activar el proceso administrativo para aprobar un nuevo real decreto con el que fijar una nueva cuantía. La sociedad pública Enresa, encargada de la gestión de los residuos radiactivos y del fondo milmillonario que financia los trabajos, anticipa que la prolongación de la vida de Almaraz “no altera de forma sustancial los escenarios contemplados en el Plan General de Residuos Radiactivos”, dado que uno de los reactores solo prolongará su funcionamiento un año y medio extra y el otro, dos años y medio adicionales. No obstante, Enresa, dependiente orgánicamente del Ministerio para la Transición Ecológica, realizará un “análisis jurídico y económico detallado” para el Ejecutivo de la nueva situación abierta por el aplazamiento del cierre de Almaraz.

Enresa está obligada por ley a hacer un seguimiento permanente de los escenarios económicos y financieros vinculados a la gestión de residuos y al cierre y desmantelamiento de las centrales. La compañía estatal debe presentar al Gobierno en el primer semestre de cada año un estudio económico-financiero actualizado del coste de las actividades contempladas en el PGRR; y antes del 30 de noviembre de cada año, el grupo traslada una justificación técnico-económica del presupuesto anual correspondiente al ejercicio siguiente, y su proyección para los cuatro años siguientes.

El Gobierno, en base a todas esos cálculos y proyecciones, fija la tarifa unitaria de la tasa que pagan las centrales nucleares para financiar los servicios de Enresa sobre gestión de residuos radiactivos y lo hace mediante un real decreto, para cuya aprobación se ha de abrir un proceso de audiencia pública y pasar por el Consejo de Ministros para su autorización. En realidad, la denominada tasa Enresa no es una tasa, es una prestación patrimonial no tributaria por las que las eléctricas hacen aportaciones a un fondo con el que se pagará posteriormente la gestión de sus desechos y el desmontaje de los reactores.

La batalla fiscal que se aparcó

Las grandes eléctricas propietarias de las centrales nucleares (Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP) llevan años quejándose de la fiscalidad que asumen las plantas y reclamando una rebaja general. Entre impuestos, tasas autonómicas y otras prestaciones abonadas para hacerse cargo de costes futuros de su actividad, la electricidad producida por las centrales nucleares actualmente paga 28,2 euros por megavatio hora (MWh). En total, las centrales nucleares pagarán entre 1.500 millones y 1.600 millones de euros por tributos y tasas al año.

Iberdrola, Endesa y Naturgy, que comparten accionariado en Almaraz, renunciaron a exigir una rebaja fiscal como condición previa para prolongar la vida de la planta. Lo hicieron para allanar el ‘sí’ del Gobierno, que había planteado como una línea roja para acceder a la ampliación de las centrales que no supusiera ningún tipo de sobrecoste para el contribuyente (vía rebaja de impuestos) o para el consumidor (vía recibo de la luz). La patronal Foro Nuclear y las eléctricas que en ellas se integran mantienen, no obstante, su reivindicación tradicional de revisar el marco fiscal de las centrales para garantizar su viabilidad económica y para evitar un trato discriminatorio en relación con otras fuentes de energía.

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