Por la vía rápida y en pleno agosto: así se gestó el ‘ok’ del Gobierno a la prórroga de la central nuclear de Almaraz

El Gobierno finalmente dio el ‘sí’ a aplazar el cierre de la central nuclear de Almaraz y posponerlo hasta junio de 2030. Lo hizo por la vía rápida, sin agotar los plazos de que disponía. Y lo hizo intentando hacer el menos ruido posible, con la publicación en el BOE en un viernes de mitad de agosto de la orden ministerial que confirmaba la autorización a la planta cacereña de seguir funcionando.

El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen, contaba hasta la segunda mitad de septiembre de plazo máximo para pronunciarse sobre la petición de Iberdrola, Endesa y Naturgy -que comparten accionariado en la central de Almaraz- de ampliar la vida útil de la planta. Y con la posibilidad de ampliarlo aún más en caso de ser necesario. El Ejecutivo disponía de algo más de dos meses desde que se pronunció el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) avalando la prórroga de la planta a mediados de julio. En menos de un mes la orden ministerial ya estaba publicada en el BOE y entraba en vigor.

Desde el Ministerio se ha insistido en los últimos días en que no se buscó una fecha ad hoc para anunciar la prórroga y que simplemente se aprobó una vez que se habían recibido y analizado todos los informes técnicos. Pero lo cierto es que un viernes de mitad de agosto resulta una opción realmente oportuna para desvelar una decisión de la que el Gobierno prefería no presumir tras años de mensajes de firmeza contra la ampliación del parque nuclear; que no comparte una parte relevante de su electorado; que tiene poco encaje con el contenido explícito del acuerdo que dio luz al gobierno de coalición progresista de PSOE y Sumar; y que iba a recibir, como así ha sido, la dura contestación de los movimientos ecologistas, tradicionales aliados de la política energética oficial y de los que proceden parte del equipo técnico del propio ministerio.

Prisas estivales

Viernes de mitad de agosto, con media España de vacaciones y la actividad política a medio gas. Demasiado tentador si se busca evitar el revuelo todo lo posible. Un ‘ok’ exprés que venía mejor al Gobierno, que aprovechó también la pretensión de las eléctricas de acortar plazos y agilizar el proceso para despejar incertidumbres operativas y corporativas.

El CSN aprobó y envió el 16 de julio al Ministerio para la Transición Ecológica su informe favorable a la ampliación de Almaraz. El departamento de Aagesen reactivó el expediente ese mismo día y le dio traslado a las eléctricas propietarias. Y ese mismo día las eléctricas confirmaron su intención de no presentar alegaciones, lo que permitía acelerar el procedimiento.

Una semana después, el 22 de julio, el CSN alertó de que en su comunicación había una errata que corregir. El 23 de julio reconfirmaron las eléctricas que tampoco tenían ninguna observación adicional que hacer una vez subsanado el error y el proceso podía seguir. Tres semanas después la orden ministerial estaba firmada y publicada.

Líneas rojas y el ‘efecto domino’

El Gobierno de Pedro Sánchez ha venido insistiendo en que prolongar la vida de las nucleares no era imprescindible, pero accedía a estudiarlo si lo pedían las eléctricas y si la solicitud respetaba tres líneas rojas previas que las eléctricas daban por cumplidas desde que solicitaron la prórroga de la central cacereña: que se garantizara la seguridad de las centrales (en el caso de Almaraz quedó acreditado por el informe del CSN), que sirviera para asegurar la seguridad de suministro eléctrico (Red Eléctrica considera que más años de Almaraz pueden aportar en este sentido para dar estabilidad al sistema) y, sobre todo, que no implicara más costes a los contribuyentes mediante rebajas fiscales (las eléctricas renunciaron a exigirlas para allanar el sí del Gobierno) o los consumidores por subidas del recibo de luz (el Gobierno reconoce ahora que la ampliación de Almaraz puede servir para evitar picos de precios de la electricidad en un contexto de volatilidad por la guerra en Oriente Medio).

Transición Ecológica ha insistido en subrayar en que la prórroga concedida es “limitada” (por su poca extensión, de entre un año y medio y dos años y medio para cada uno de los reactores de Almaraz), “coyuntural” (por la incertidumbre generada en los mercados energéticos por la crisis de Oriente Medio) y “acotada” a Almaraz, subrayando que el objetivo es mantener el resto de fechas de cierre previstas para las demás centrales en los próximos años y no mover más allá de 2035 la última de las clausuras programadas.

La tesis gubernamental es que si continúa la expansión de las renovables en los próximos años y si se logra desplegar capacidad de almacenar electricidad (con grandes baterías o centrales hidráulicas de bombeo), no será necesario aprobar más prórrogas de centrales nucleares. La intención de las grandes eléctricas, singularmente de Iberdrola y Endesa (la posición de Naturgy y EDP tiene otros matices), es pedir la prolongación de la vida de todas las centrales nucleares en los próximos años, y que las renovaciones de licencia no sean tan limitadas como la de Almaraz, sino con una duración de 10 años.

Desde el sector eléctrico se defiende que el aplazamiento de la clausura de Almaraz debe desatar un ‘efecto dominó’ en todo el parque nuclear nacional que obligaría a reordenar el cierre del resto de centrales nucleares para no solapar los trabajos de desmantelamiento. Un escenario que desde el entorno gubernamental se niega, a pesar de que ahora mismo está previsto para 2030 el cierre de cuatro reactores: Almaraz I y II, Ascó I (Tarragona) y Cofrentes (Valencia).

“La coincidencia en el tiempo del cese de operación de varios reactores no supone ningún obstáculo insalvable”, se alega desde la sociedad pública Enresa, encargada de la gestión de los residuos radiactivos. “Enresa y el conjunto del sector cuentan con cuatro años para seguir preparándose para las tareas a llevar a cabo en el año 2030. Los procesos de cierre y operación y desmantelamiento de las centrales nucleares son procesos largos (que pueden durar de 10 a 15 años) y siempre iban a coincidir parcialmente en el tiempo”.

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