El Gobierno empieza a alquilar sus primeras casas en Catalunya sin firmar un acuerdo con la Generalitat

La fotografía se tomó el 17 de octubre de 2025. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, escenificaron en Barcelona un acuerdo que permitiría al Gobierno catalán gestionar 13.000 viviendas y más de 300 solares procedentes de Sareb. Casi diez meses después, el traspaso continúa sin materializarse y Casa 47 ha roto la baraja anunciando los primeros alquileres en la región.

La entidad estatal de vivienda surgida de la antigua Sepes abrió el pasado viernes la convocatoria para alquilar 93 viviendas repartidas entre nueve municipios de las cuatro provincias catalanas. Los pisos se adjudicarán mediante el procedimiento diseñado por Casa 47, las solicitudes se tramitarán a través de su página web y los futuros inquilinos firmarán los contratos con la empresa pública dependiente del Ministerio de Vivienda.

El movimiento tiene aún un alcance limitado frente a las 13.000 viviendas anunciadas junto a la Generalitat, pero revela la falta de avances en una negociación que debía determinar cómo se gestionaría una de las mayores carteras públicas de alquiler de Catalunya. En lugar de esperar a que ambas administraciones cierren el acuerdo definitivo, Casa 47 ha comenzado a colocar los primeros inmuebles en el mercado por su cuenta.

Solo se firmó un protocolo

El documento firmado en octubre no suponía una entrega inmediata de las viviendas. Se trataba de un protocolo que abría la puerta a ceder a la Generalitat, en régimen de usufructo, la gestión de los pisos destinados al alquiler asequible. También contemplaba incorporar los terrenos a la Reserva Pública de Solares de Catalunya.

El propio anuncio oficial admitía que los 13.000 inmuebles y los más de 300 suelos se encontraban en distintos estados de disponibilidad y que su incorporación tendría que producirse por fases. El primer objetivo era identificar y delimitar el perímetro de activos mediante un inventario detallado de las viviendas y terrenos recibidos de Sareb.

Aquel protocolo debía desarrollarse posteriormente mediante un convenio que concretara las condiciones de la cesión. En abril, fuentes oficiales del Ministerio de Vivienda aseguraron a EFE que ese nuevo acuerdo se estaba terminando de negociar. Cuatro meses después, las conversaciones siguen abiertas, pero las posiciones continúan muy alejadas, según explican fuentes conocedoras del proceso.

El principal desacuerdo está en el reparto del poder sobre las viviendas. La Generalitat aspira a asumir su gestión aplicando sus propios criterios, procedimientos y condiciones. Casa 47, por su parte, rechaza quedar reducida a un propietario meramente formal y defiende que debe conservar capacidad de decisión sobre un patrimonio que continúa siendo suyo.

Ninguna de las administraciones da oficialmente por roto el diálogo. Sin embargo, fuentes consultadas revelan no ven cercano un acuerdo mientras no se resuelva quién fija las reglas de adjudicación, las condiciones de los alquileres, el reparto de los gastos y las responsabilidades sobre la conservación y rehabilitación de los inmuebles.

Fuentes oficiales del Ministerio de Vivienda, consultadas por este periódico, rebajan las diferencias. Señalan que "se trabaja de una forma fluida y leal", pero que se ha estado "avanzando prioritariamente" con los suelos que la entidad estatal transferirá a la Generalitat, mientras, en el caso de las viviendas, "se ha decidido que estas las saque Casa 47 en lo que se cierra en convenio".

Casa 47 fija las condiciones en Asturias

El modelo que Casa 47 ha planteado en otras comunidades permite conocer cuáles son los asuntos que deben resolverse. En el protocolo firmado con Asturias, el Gobierno estableció que la comunidad autónoma podría gestionar las viviendas en usufructo, pero bajo las condiciones estipuladas por la entidad estatal, que conservaría su titularidad. Entre los elementos pendientes de concretar figuran la duración del usufructo, la distribución de los gastos de gestión, las necesidades de rehabilitación, el régimen de alquiler asequible y la coordinación de los sistemas de información.

La propiedad otorga a Casa 47 una posición de fuerza en las conversaciones. Mientras no exista un convenio que limite o transfiera sus facultades, la entidad puede continuar gestionando directamente los inmuebles. La convocatoria anunciada el viernes demuestra que está dispuesta a ejercer esa capacidad y que no pretende paralizar sus planes a la espera de la Generalitat.

Del total de 96 viviendas, 56 pisos están en la provincia de Tarragona, 25 en Barcelona, 7 en Lleida y 5 en Girona. Los precios oscilarán entre los 350 y 1.012 euros al mes, con una media de alrededor de 7,50 euros por metro cuadrado. Los contratos tendrán una duración inicial de 14 años y podrán prorrogarse en periodos de siete años hasta alcanzar los 75, siempre que los inquilinos mantengan las condiciones exigidas.

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