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Tribunales

La fiscalía investiga al ex 'número dos' de Empresa por su nombramiento en el Circuit de Catalunya

Oriol Sagrera, antiguo secretario general del Departament, fue designado consejero delegado de la infraestructura después de su etapa en el Govern

El debate jurídico estriba en si su labor era de carácter público o privado, en cuyo caso existiría incompatibilidad

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Oriol Sagrera, en una imagen de archivo.

Oriol Sagrera, en una imagen de archivo. / VALENTÍ ENRICH

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Barcelona
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El fiscal delegado de delitos contra la administración pública de Barcelona, Víctor Castells, ha abierto unas diligencias de investigación al expolítico Oriol Sagrera a raíz de su fichaje como consejero delegado del Circuit de Catalunya, según ha podido saber EL PERIÓDICO. Las pesquisas nacen de una comunicación a la fiscalía de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), en el que esta entidad apreció que podría existir delito en el procedimiento que se saldó con el fichaje de Sagrera, procedente del Departament d’Empresa en la época del Govern de Pere Aragonès, como consejero delegado de Fira Circuit, que explota el Circuit de Catalunya.

La cronología de los hechos explica en gran parte el porqué de la investigación de un nombramiento que ya en su momento generó malestar en distintos despachos de poder económico barceloneses por lo que consideraban una puerta giratoria. En abril de 2024, justo antes del inicio de la campaña electoral que supuso el fin del mandato de ERC, el Govern de la Generalitat anunció que autorizaba a la empresa pública Circuits de Catalunya, que presidía el conseller de Empresa Roger Torrent, a ceder la explotación del circuito de Montmeló a la sociedad Fira Circuit, íntegramente participada por Fira de Barcelona. El número dos de Roger Torrent, como secretario general del departament d’Empresa, era Oriol Sagrera. Por entonces ostentaba también el cargo de consejero delegado del Circuit de Catalunya en virtud de su cargo en el Departament. Y era vocal del consejo general de Fira.

Tras los resultados de las elecciones al Parlament de mayo, durante el verano se produjo el relevo del Govern de Pere Aragonès por el de Salvador Illa. Sagrera se mantuvo en el cargo hasta el 27 de agosto, y fue tres semanas después, el 18 de septiembre, cuando Fira Circuit, que gestionaba la infraestructura gracias a la decisión del Govern de la Generalitat adoptada en abril, nombró a Sagrera consejero delegado de la infraestructura. 

Nueva responsabilidad

Pese a la polémica que suscitó este movimiento (en distintos entornos se acusó a Sagrera de incumplir la Ley catalana 13/2005 de incompatibilidades) el nombramiento se hizo efectivo. El 28 de enero de 2025 el expolítico renunció al cargo de consejero delegado para volver al bufete de abogados familiar, donde llevaba unos meses trabajando. En esa fecha fue nombrado consejero responsable de relaciones institucionales de Fira Circuit con Liberty Media y Dorna (titulares de los contratos de la Fórmula 1 y Moto GP, fundamentales para el negocio del Circuit y en cuya consecución había sido clave la participación de Sagrera).

La información a que ha tenido acceso este diario apunta que la Oficina Antifrau de Catalunya recibió la denuncia sobre este nombramiento el 22 de noviembre de 2024 y comenzó a investigar el caso. Tras apreciar que había indicios de delito lo derivó a la Fiscalía Superior de Catalunya que, a su vez, lo trasladó a la de Barcelona. Finalmente, se ha hecho cargo de ello el delegado de delitos contra la administración pública, Víctor Castells, que tomó posesión de su cargo hace unos meses. Ésta es una figura de nueva creación que depende del fiscal de sala Emilio Sánchez Ulled. El fiscal decidirá en los próximos meses si archiva el caso o presenta denuncia.

La Oficina Antifrau consideró que los hechos descritos podrían suponer un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios, tipificado en el artículo 439 del Código Penal, que se atribuye a “la autoridad o funcionario público que, debiendo intervenir por razón de su cargo en cualquier clase de contrato, asunto, operación o actividad, se aproveche de tal circunstancia para forzar o facilitarse cualquier forma de participación, directa o por persona interpuesta, en tales negocios o actuaciones”. Las penas previstas son de seis meses a dos años de cárcel, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de dos a siete años.

Presunto abuso de poder

Antifrau considera que la cronología de los hechos es presuntamente compatible con una colisión de intereses, una actividad prohibida y un abuso de poder, y que Sagrera habría actuado movido por la intención de proveerse de una buena salida laboral tras llegar a su fin el Govern de Aragonès.

Al margen de este delito, la ley catalana de incompatibilidades de los altos cargos de la Generalitat se aplica a distintas figuras de la administración, entre ellas a los “titulares de la Secretaría del Govern, de las secretarías generales, de las secretarías generales adjuntas y de las secretarías sectoriales”. Su artículo 7 establece que los altos cargos al servicio de la Generalitat no pueden cumplir actividades privadas relacionadas con expedientes en la resolución de los cuales hayan intervenido durante los dos años posteriores a su cese en el cargo.

Asimismo, Antifrau apunta que Sagrera cambió su declaración de actividades: el 31 de agosto de 2024 declaraba que la actividad profesional que desempeñaría sería la de "jurista, consultor y dirección de empresas" sin especificar que sólo 18 días después sería nombrado consejero delegado de Fira Circuit, pero el 11 de diciembre presentó una nueva declaración de actividades en que apuntaba que se dedicaría a "consultoría en Auris Advocats i Consultors", el bufete de abogados de su familia.

Sagrera (Barcelona, 1986) es graduado en Derecho y trabaja actualmente en el sector privado. Consultado por este diario, el expolítico ha manifestado que "nunca percibió ningún tipo de retribución" y que su cargo en Fira Circuit nunca fue su actividad profesional, "motivo por el cual no debe ser publicada en el registro de actividades profesionales". Asimismo, afirma que la incorporación se hizo "con todos los informes de compatibilidad correspondientes".

Antifrau entiende que el hecho de no haber cobrado no afecta a la consideración del delito de negociación prohibida a funcionarios. La clave del caso puede estar en si la actividad de una empresa pública, como es Fira Circuit, es de carácter privado (lo que comportaría incompatibilidad) o no.

Consultada por este diario, Fira de Barcelona ha apuntado que no tienen ninguna constancia de la investigación y ha asegurado que el nombramiento siguió "la más estricta legalidad". Asimismo, añade que la participación del entonces consejero delegado "fue gratuita" y que podía ser contratado por Fira Circuit al ser ésta una sociedad de Fira de Barcelona, que es de naturaleza pública.

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