Las autonomías recibirán en 2027 más de 170.000 millones, récord de entregas a cuenta

Las comunidades y ciudades autónomas recibirán el próximo año 170.529 millones de euros en concepto de entregas a cuenta por los impuestos estatales cedidos, entre ellos el IRPF, el IVA y los impuestos especiales. La cifra supone un incremento del 8,1% respecto a este ejercicio y marca un nuevo máximo, según los datos trasladados por el Ministerio de Hacienda a los gobiernos autonómicos.

A esta cantidad se sumará la liquidación correspondiente a 2025, calculada una vez conocida la recaudación real. En conjunto, los territorios dispondrán de 185.593 millones de euros, un 9,1% más que en 2026. Hacienda ha calificado este volumen como una transferencia “histórica”.

El anuncio coincide con la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) prevista para abordar y votar la reforma del sistema autonómico. El encuentro ha sido aplazado hasta el viernes 4 de septiembre, después de que las comunidades gobernadas por el PP solicitaran más tiempo para analizar el documento.

El departamento dirigido por Arcadi España asegura que lleva meses ofreciendo vías de diálogo y recuerda que en junio propuso reuniones técnicas para estudiar el modelo. Fuentes ministeriales consideran “sorprendente” que la petición de aplazamiento se haya producido después de que Canarias anunciara su disposición a respaldar la reforma.

Hacienda sostiene que no cerrará la puerta a la negociación y presenta el cambio de fecha como un gesto de buena voluntad. El Gobierno calcula que la reforma permitirá aportar 20.975 millones de euros adicionales a las autonomías para reforzar la sanidad, la educación y la atención a la dependencia.

La votación no cerrará la reforma

La reunión del 4 de septiembre no supondrá la aprobación definitiva del sistema. El pronunciamiento del CPFF es un trámite previo para que el texto pueda elevarse al Consejo de Ministros y remitirse después al Congreso. Hacienda pretende completar la tramitación antes de que termine 2026 para que el modelo entre en vigor el 1 de enero de 2027.

El sistema actual fue aprobado en 2009 y debía haberse revisado en 2014, por lo que acumula más de una década de retraso. Su actualización ha sido una reivindicación recurrente de las autonomías, aunque persisten diferencias sobre el reparto de los recursos, la solidaridad territorial y la autonomía fiscal.

La aritmética del CPFF favorece al Ejecutivo, ya que Hacienda concentra el 50% de los votos y necesita el respaldo de al menos una comunidad. Catalunya había avalado el planteamiento inicial presentado en enero y el apoyo anunciado por Canarias refuerza la posición del Gobierno. El proyecto, sin embargo, también encuentra rechazo en territorios gobernados por el PSOE, como Castilla-La Mancha y Asturias.

Más peso autonómico en el IRPF y el IVA

La propuesta plantea elevar del 50% al 55% la participación de las comunidades en el IRPF y aumentar del 50% al 56,5% su porcentaje en el IVA. También prevé reforzar los mecanismos de solidaridad y ampliar la aportación estatal destinada a financiar los servicios públicos fundamentales.

Uno de los puntos más controvertidos es la revisión de la recaudación teórica de los tributos cedidos. Las comunidades podrán conservar bonificaciones y rebajas en impuestos como sucesiones y donaciones, patrimonio o transmisiones patrimoniales, pero tendrán que asumir con recursos propios la diferencia entre la recaudación efectiva y la cantidad que el sistema estima que podrían ingresar.

Los gobiernos del PP interpretan este mecanismo como una armonización fiscal indirecta y sostienen que penaliza a los territorios que bajan impuestos. Hacienda replica que busca reforzar la corresponsabilidad fiscal e impedir que las rebajas aprobadas por una autonomía terminen compensándose con fondos de la caja común.

El respaldo canario no despeja las dificultades políticas. El PP acusa al Ejecutivo de haber diseñado la reforma a partir del acuerdo entre el PSC y ERC para avanzar hacia una financiación singular de Catalunya y denuncia que el resto de comunidades recibió un planteamiento prácticamente cerrado. Hacienda rechaza esa lectura, asegura que todos los territorios ganarán recursos y defiende que el texto todavía podrá modificarse durante la negociación técnica y parlamentaria.

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