Romero insta al PP a dejar las "excusas" tras retrasar la reforma de la financiación autonómica

Diálogo, responsabilidad y el fin de lo que la consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, considera que son "excusas". "Tendrán que sentarse y plantear propuestas que sean tangibles", ha trasladado este martes la consellera al PP, pocas horas después de que el Ministerio de Hacienda decidiera aplazar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), previsto inicialmente para este miércoles en Madrid, tras atender la petición de las comunidades autónomas gobernadas por los populares.

"Cabe decir que habían tenido tiempo y no lo habían aprovechado, porque hubo reuniones bilaterales que el Ministerio quería mantener con todas las comunidades autónomas y las del PP se negaron a reunirse con el Ministerio", ha añadido. Asimismo, ha valorado positivamente el anuncio del voto favorable de Canarias al nuevo modelo: "Insistimos, es bueno para Catalunya, pero también es bueno para el resto de comunidades autónomas".

El Consejo se aplaza al 4 de septiembre

Las palabras de Romero llegan después de que Hacienda, tal y como ha compartido esta mañana, aceptara retrasar la reunión al 4 de septiembre, atendiendo la solicitud del PP. Las comunidades gobernadas por los populares argumentaron, en una carta dirigida al ministro de Hacienda, Arcadi España, que la documentación remitida era insuficiente para debatir una reforma de tal calado y reclamaron más tiempo para analizarla.

Sin embargo, el trasfondo del choque va más allá del calendario. El PP rechaza aspectos centrales del modelo, especialmente el nuevo sistema de corresponsabilidad fiscal, al considerar que penaliza a las autonomías que han optado por rebajar impuestos y que responde, en gran medida, al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y ERC sobre la financiación de Catalunya.

La suspensión del CPFF también supone un revés para ERC, que lleva meses presionando para que la nueva financiación salga adelante cuanto antes, debido a que el nuevo modelo de reparto de recursos entre comunidades autónomas es fruto del acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el partido de Oriol Junqueras.

El líder republicano ha lamentado el aplazamiento y ha advertido de que posponer la reunión implica retrasar también la llegada de los recursos adicionales que, a su juicio, necesitan las autonomías para financiar los servicios públicos. "Vamos tarde: hace 13 años que esperamos un nuevo modelo de financiación. Catalunya no puede continuar atrapada en un sistema del año 2009", ha afirmado.

También la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, se ha pronunciado sobre el aplazamiento, que ha aprovechado para cargar contra el PSOE. "Cuando el PSOE/PSC tiene que elegir entre Catalunya y el PP, elige al PP", ha afirmado. A su juicio, el aplazamiento "confirma" que "el bloque real PP/VOX/PSOE es el que más veces vemos en Madrid y en el Parlament de Catalunya".

Más tarde, en un mensaje publicado en la red social X, la dirigente posconvergente ha criticado el contenido de la propuesta de financiación impulsada por el Gobierno, que ha calificado de "modelo de cortina de humo socialista" y de "claramente insuficiente". "Ninguna mejora para Catalunya. Más café para todos. Lo mismo de siempre con sillas nuevas (una para Illa y otra para Rufián aseguradas)", ha señalado.

Una votación clave, aunque no definitiva

El aplazamiento cobra relevancia porque, aunque el CPFF no iba a aprobar definitivamente el nuevo sistema de financiación autonómica, sí debía dar el visto bueno político al documento elaborado por Hacienda para que pudiera continuar su tramitación. Ese aval era un paso necesario antes de elevar la propuesta al Consejo de Ministros y, posteriormente, remitirla al Congreso.

La propuesta incluye elevar la participación de las comunidades en el IRPF del 50% al 55%, modificar el sistema de cálculo de la recaudación teórica de los tributos cedidos —el aspecto más controvertido de la reforma— y reforzar tanto los mecanismos de solidaridad como la aportación del Estado a la financiación de los servicios públicos.

Pese al retraso, Romero ha reafirmado que la voluntad del Govern es que el nuevo modelo quede aprobado antes de que finalice 2026 para que pueda entrar en vigor en 2027 y permita incorporar los 4.700 millones de euros previstos a los presupuestos del próximo año. Por ello, ha instado al PP a no seguir dilatando el calendario de una reforma que acumula más de una década de retraso.

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