MAPA | Catalunya prorroga un año el tope a los alquileres y amplía a 302 los municipios afectados

De 271 municipios declarados como zonas de mercado residencial tensionado a incluir 302. De afectar a alrededor de 7 millones de personas a abarcar 6,1 millones. Este es el balance que deja la nueva actualización del mecanismo de regulación que topa el precio del alquiler en Catalunya, según ha informado este martes el Departament de Territori.

Se trata de la primera revisión que el Govern realiza desde que en 2024 aprobó las dos primeras declaraciones de municipios tensionados, que acabaron incluyendo 271 municipios. Una vez revisado el estado de los precios en las zonas, la Generalitat ha declarado la prórroga para 118 municipios de los 140 que se aprobaron en marzo de 2024, que siguen cumpliendo los requisitos —con una población conjunta de 5,9 millones de personas, el 72,9% del total de Catalunya—.

Más poblaciones y menos personas afectadas

En contraposición, se excluyen 22 municipios que, según el Govern, han mejorado sus indicadores de accesibilidad a la vivienda. La exclusión afecta a una población conjunta de 634.171 habitantes, entre los que figuran Lleida, Granollers (Barcelona), Mollet del Vallès (Barcelona), Reus (Tarragona), Tortosa (Tarragona), Figueres (Girona) o Banyoles (Girona), Parets del Vallès (Barcelona), Cabrera de Mar (Barcelona), Sant Climent de Llobregat (Barcelona), Guissona (Lleida) o Montmeló (Barcelona), entre otros.

La salida da paso a la entrada de una nueva declaración - —la tercera desde 2024—, que incorpora 53 municipios, con una población conjunta de 255.751 personas, tras constatar que ahora cumplen las condiciones de tensión en el mercado de compraventa o alquiler de vivienda. Entre las nuevas incorporaciones figuran Martorell (Barcelona), Vila-seca (Tarragona), Sant Andreu de la Barca (Barcelona), Torrefarrera (Lleida), Agramunt (Lleida), Cardona (Catalunya Central), Llagostera (Girona), Sant Joan de les Fonts (Girona), Sant Joan de les Abadesses (Girona), Callús (Catalunya Central), Camarles (Tarragona), Sant Vicenç de Castellet (Catalunya Central) o Campdevànol (Girona), entre otras.

Pese al aumento del número de municipios afectados, la población que reside en zonas de mercado tensionado, entre ellas Barcelona y las principales ciudades del área metropolitana, se reduce de unos 7 millones a 6,1 millones de personas, ya que los municipios que abandonan la declaración concentran más habitantes que los que se incorporan. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha afirmado que esta evolución "demuestra que el mecanismo del tope de precios del alquiler funciona a la hora de contener el alza de precios y constituye una herramienta eficaz para evitar que más personas queden excluidas del acceso a una vivienda de mercado".

La primera revisión desde 2024

Fue en 2024 cuando el Govern (entonces liderado por ERC) aprobó dos declaraciones de zonas de mercado tensionado que acabaron afectando a un total de 271 municipios. Lo hizo en aplicación de la normativa estatal aprobada por Isabel Rodríguez en diciembre de 2023, que permite a las comunidades autónomas declarar áreas con escasez de vivienda asequible por un periodo de hasta tres años. Dado que en marzo de 2027 expira el plazo de tres años de la primera declaración que afecta a 140 municipios —ahora prorrogada—, a partir de entonces, la Generalitat tendrá la obligación de revisar cada año si los municipios afectados mantienen las condiciones que justifican su inclusión.

De este modo, en los municipios declarados como mercado residencial tensionado, siguen aplicándose las medidas previstas por la ley estatal, como que el alquiler de los nuevos contratos no pueda superar el precio del último contrato vigente en los cinco años anteriores, actualizado conforme a la normativa, y que los grandes tenedores no puedan fijar rentas superiores al índice de referencia del precio del alquiler.

Divergencia en la evolución de precios

Tal y como explicó Verificat en un análisis publicado para EL PERIÓDICO, los datos disponibles hasta ahora apuntan a una divergencia en la evolución de los precios entre los municipios con el alquiler regulado y aquellos donde no se aplica el límite. Según el estudio, desde la entrada en vigor del primer tope (en marzo de 2024) los alquileres medios en las zonas tensionadas han descendido un 1,3%, mientras que en los municipios sin regulación han aumentado un 9,5%.

No obstante, el análisis también subraya que aún es pronto para atribuir estos cambios exclusivamente a la limitación de rentas, y que son necesarios estudios de causalidad que permitan aislar el efecto de la medida sobre el mercado ya que, como han ido apuntando diversas agrupaciones inmobiliarias, la contención de los precios también ha ido acompañada de una reducción de la oferta tradicional.

Pese a ello, el Sindicat de Llogateres considera que estos datos son un indicio de que la regulación está dando resultados y ha calificado de "absurdo" que 22 municipios dejen de estar sujetos al límite de precios. "Si la regulación empieza a dar frutos, eso no puede ser motivo para levantar el pie del acelerador, sino todo lo contrario", defendió su portavoz, Enric Aragonès, quien advirtió de que la retirada del mecanismo puede traducirse en un nuevo repunte de los alquileres.