Promotores, entidades sociales y juristas avalan la ley para acelerar la VPO, aunque piden corregir su redactado

La proposición de ley pactada entre el Govern y los Comuns para acelerar la construcción de vivienda de protección oficial (VPO) ha recibido, al menos, en sus primeras horas de recorrido parlamentario, una acogida mayoritariamente positiva entre buena parte de los agentes del sector. Promotores, entidades vinculadas a la vivienda y expertos jurídicos consultados por EL PERIÓDICO coinciden en valorar la voluntad de ampliar la oferta mediante medidas excepcionales, como la reconversión de oficinas, hoteles y locales comerciales, la división de viviendas de gran tamaño o la posibilidad de aumentar la edificabilidad en determinados supuestos.

Las primeras reacciones dibujan un escenario poco habitual en el debate sobre vivienda, marcado en los últimos meses por la confrontación entre administraciones, promotores e inquilinos. En esta ocasión, las reservas trasladadas por el sector no se centran tanto en el contenido de la iniciativa como en determinados aspectos técnicos de su redacción, que consideran necesario precisar durante la tramitación parlamentaria.

Las fuentes consultadas, eso sí, piden cautela en sus concreciones, pues no será hasta el próximo lunes cuando el Govern y Comuns registrarán formalmente el documento de la proposición de ley en el Registro General del Parlament de Catalunya.

Respaldo al articulado

Desde la Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya (APCE), su presidente, Xavier Vilajoana, considera que "el articulado es correcto y es una buena iniciativa", aunque pide revisar algunos puntos del texto para evitar interpretaciones contradictorias.

La principal duda de la patronal, que sí que ha tenido acceso al texto en su redactado actual, se concentra en la regulación del destino de las futuras viviendas protegidas. Según explica, el preámbulo hace referencia al "uso residencial indefinido", mientras que la disposición transitoria habla de "residencia habitual y permanente", una diferencia que, a su juicio, podría limitar innecesariamente la compra de segundas residencias o viviendas situadas en municipios turísticos.

Vilajoana también cuestiona que las nuevas viviendas protegidas que puedan surgir mediante el incremento de edificabilidad queden, además, referenciadas al índice de precios del alquiler. "Si ya son viviendas de protección oficial, ya tienen un precio limitado por definición. No tiene sentido mezclar ambos regímenes", sostiene. Pese a ello, insiste en que la propuesta parte de una dirección acertada y confía en que las cuestiones pendientes puedan corregirse durante la negociación parlamentaria. "Estamos a tiempo de solucionar estos aspectos para que una buena norma no acabe desvirtuándose por problemas de redacción", resume.

Es intolerable que diga que el sector privado se desentiende del problema de la vivienda cuando somos el colectivo que ha construido el 80% de las viviendas de protección oficial (VPO) del país.

Xavier Vilajoana

— Presidente de APCE

El presidente de la APCE sí que ha cargado de forma más abrupta contra las declaraciones de la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, quien defendió este viernes que "el sector privado no se puede lavar las manos" ante la crisis de la vivienda. Vilajoana considera estas afirmaciones "una enorme ignorancia" y reivindica el papel de los promotores en la construcción de vivienda protegida durante las últimas décadas. "Es intolerable que diga que el sector privado se desentiende del problema de la vivienda cuando somos el colectivo que ha construido el 80% de las viviendas de protección oficial (VPO) del país", traslada, "en todo caso, es la administración la que se ha 'lavado las manos' durante años".

Visión jurídica

Desde el ámbito jurídico, la abogada especializada en derecho inmobiliario Arantxa Goenaga del despacho AF Legis también considera que varias de las medidas pueden generar conflictos si no se concretan mejor durante la tramitación parlamentaria.

En su opinión, la aplicación directa de las medidas sin necesidad de modificar previamente el planeamiento urbanístico puede acabar chocando con las competencias municipales. "Son los ayuntamientos quienes determinan los tipos de suelo, la densidad o la ordenación urbanística. Si la ley no delimita bien ese marco, volveremos a encontrarnos con problemas de imprecisión jurídica", advierte.

Además, recuerda que muchas comunidades de propietarios exigen autorización expresa en sus estatutos para segregar pisos, mientras que el llamado derecho de vuelo puede generar conflictos entre vecinos por cuestiones de propiedad o de servidumbres de luces y vistas.

"Hay que aprovechar todas las oportunidades"

El diagnóstico vuelve a ser positivo desde Cohabitac, la coordinadora encabezada por Carme Trilla que reúne a 18 promotoras y gestoras de vivienda social sin ánimo de lucro en Catalunya. Su portavoz celebra que la norma apueste por ampliar las posibilidades de generar parque protegido mediante diferentes fórmulas urbanísticas. "La música es muy positiva", resume.

A su juicio, la gravedad de la crisis residencial obliga a "aprovechar todas las oportunidades posibles", ya sea mediante la transformación de oficinas, hoteles, locales comerciales o edificios completos, así como facilitando la densificación allí donde sea viable.

La entidad también ve con buenos ojos que la aplicación de las medidas sea, en principio, directa, dejando únicamente en manos de los ayuntamientos la posibilidad de excluirse mediante acuerdo del pleno municipal. "Al final, quien mejor conoce la necesidad de vivienda es el propio municipio", argumentan.

No puede ser la solución "por defecto"

El Sindicat de Llogateres también valora positivamente la ley, aunque reclama que la medida vaya acompañada de una planificación más amplia. La portavoz de la organización, Carme Arcarazo, traslada a EL PERIÓDICO que la prioridad debe ser recuperar las viviendas que, con el paso de los años, dejaron de destinarse al uso residencial para convertirse en oficinas o despachos.

Además, alerta de que la conversión de plantas bajas no puede convertirse en la solución por defecto mientras siguen existiendo oficinas ubicadas en plantas superiores con mejores condiciones de habitabilidad. Recuerda que muchas personas ya viven de forma irregular en bajos comerciales, unos espacios que "no fueron concebidos para vivir" por sus problemas de humedad, iluminación natural o aislamiento acústico.

Por ello, el sindicato defiende que la norma sirva para regularizar y dignificar las situaciones ya existentes, pero evitando que, al mismo tiempo, continúen autorizándose nuevos usos económicos en edificios que podrían destinarse a vivienda.

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