El Gobierno reactivará en septiembre la ley contra la suplantación de identidad para prevenir fraudes bancarios

Carlos Cuerpo no baja los brazos y ha anunciado que, pese al rechazo del PP en el Congreso, el Gobierno quiere resucitar la creación de la Autoridad del Cliente Financiero. El ministro de Economía quiere volver a poner el asunto sobre la mesa porque tiene que ser "un derecho de los ciudadanos" y así dar respuestas a las reclamaciones de los clientes en un plazo máximo de 90 días y sin necesidad de acudir a los tribunales.

"Vamos a impulsar en septiembre que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos retome los trámites para formalizar Ley para la creación de la Autoridad del Cliente Financiero", ha detallado Cuerpo en la rueda de prensa posterior a la reunión que ha mantenido con las patronales de las entidades bancarias y cajas de ahorro, las asociaciones de mayores y usuarios financieros, así como con el Defensor del Pueblo, la subgobernadora del Banco de España y el presidente de Correos para hacer seguimiento de los avances en la inclusión financiera.

La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) ha destacado que la futura Autoridad del Cliente Financiero supondrá un cambio de modelo en la protección de los consumidores al concentrar en una única ventanilla gratuita la gestión de las reclamaciones relacionadas con banca, seguros e inversiones.

La organización también ha puesto en valor que el nuevo organismo ampliará por primera vez su ámbito de actuación a sectores hasta ahora no supervisados, como las empresas 'fintech', los prestamistas o los proveedores de criptoactivos. Además, podrá pronunciarse sobre cláusulas abusivas, normas de autorregulación y casos de fraude digital, analizando la diligencia del cliente y exigiendo a las entidades mecanismos de control que vayan más allá de la doble autenticación.

Entre sus competencias, la Autoridad del Cliente Financiero podrá emitir resoluciones vinculantes y con fuerza ejecutiva en reclamaciones de hasta 20.000 euros o de cuantía indeterminada. En los litigios que superen ese importe, sus pronunciamientos podrán utilizarse como informe pericial ante los tribunales.

Una medida paralizada en el Congreso

El proyecto de ley recibió el visto bueno del Consejo de Ministros en marzo de 2024 y comenzó su tramitación parlamentaria un mes después por la vía de urgencia. Aunque el Congreso rechazó el 21 de noviembre de ese mismo año la enmienda a la totalidad presentada por el Partido Popular —con 178 votos en contra, 170 a favor y una abstención—, la norma sigue sin completar su recorrido parlamentario. Más de un año después, continúa pendiente del informe de la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital, paso previo a su aprobación definitiva.

Con este nuevo movimiento de Cuerpo en su insistencia en que se ponga en marcha esta herramienta, comienza de nuevo un periplo parlamentario en el que prevén que se pueda aprobar lo antes posible para dar respuesta a los clientes.

Economía crea una nueva herramienta para evitar el fraude

El responsable de Economía del Gobierno central ha explicado que, ante el aumento del fraude financiero, el grupo de trabajo ha puesto el foco en el registro de 'Alias', gestionado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Todas las empresas que se comuniquen con sus clientes deberán inscribirse antes del 1 de septiembre o sus mensajes podrán ser bloqueados.

El ministro también ha advertido de que las estafas se basan cada vez más en la suplantación de identidad y ha señalado que el 90% del dinero defraudado se produjo pese a haber superado la autenticación reforzada.

En la reunión del grupo de trabajo, también se ha llegado a un acuerdo para crear un mapa detallado del estado de accesibilidad de los servicios bancarios para las personas con discapacidad, del que habrá un primera versión operativa hacia finales de año.

Correos, contra el aislamiento financiero

Correos ha suscrito recientemente un contrato-programa para garantizar el acceso gratuito a servicios financieros básicos en municipios con menos de 500 habitantes. El ministro Carlos Cuerpo ha explicado que esta iniciativa forma parte de los Servicios de Interés Económico General (SIEG) encomendados a la empresa pública y ha señalado que el objetivo es que esté plenamente operativa antes de que termine el año.

La medida beneficiará previsiblemente a cerca de 2.000 municipios y a unos 250.000 residentes, con el propósito de asegurar el acceso a estos servicios con independencia del lugar de residencia.

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