Verificación de bajas laborales
Las empresas tienen el derecho de comprobar la salud de sus empleados durante la baja médica y pueden suspender el sueldo si se niegan a la revisión
El empleado está obligado a colaborar en la revisión médica solicitada por la empresa; la negativa puede acarrear retenciones salariales
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El Estatuto de los Trabajadores permite a las empresas verificar el estado de salud del empleado mediante servicio médico privado para evitar fraudes en las bajas / Pexels
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Por qué confiar en El Periódico Una vez que el trabajador sufre una lesión o problema de salud, lo más habitual es acudir al centro de salud para que el médico de cabecera realice un diagnóstico, e incluso otorgue la baja médica si es necesario, junto a su respectivo documento oficial de incapacidad temporal.
A continuación, el trabajador tendrá que acudir a su empresa y presentar dicho documento para justificar la ausencia. Muchos trabajadores creen que la revisión del médico y la concesión de la baja es suficiente, pero esto no sería cierto del todo.
Revisiones médicas externas para verificar la limitación física
Las empresas pueden recurrir a una alternativa clave para actuar frente a las ausencias prolongadas. De esta forma, la dirección de la empresa puede comprobar el estado físico de su empleado durante la incapacidad temporal.
El objetivo de esta medida sería evitar intentos de cobro fraudulento de la baja o faltar al puesto de trabajo sin ninguna justificación.
Por ello, el artículo 20.4 del Estatuto de los Trabajadores permite al empleador "verificar el estado de salud del trabajador que sea alegado por este para justificar sus faltas de asistencia al trabajo, mediante reconocimiento a cargo de personal médico".
Sanciones económicas sobre el sueldo en caso de negarse
Ahora bien, la empresa siempre puede contratar un servicio médico privado para realizar una revisión paralela del empleado y comprobar su limitación física. Frente a ello, el trabajador está obligado a colaborar con la solicitud de la empresa.
En caso de negarse, las consecuencias directas serían de carácter económico, pudiendo retener el sueldo del empleado. Este tipo de sanciones responden a la necesidad de reducir las cifras de absentismo laboral injustificado.
Con todo ello, la empresa deberá asumir el coste total de la revisión médica y las pruebas realizadas. Asimismo, la normativa permite suspender el cobro de complementos salariales para mejorar la prestación pública, siempre y cuando el trabajador esté bloqueando el proceso de revisión.
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