La Agencia Tributaria de Catalunya destapa 333 millones de fraude fiscal en 2025, la segunda cifra más alta de la serie histórica

La Agència Tributària de Catalunya (ATC) descubrió 333 millones de euros de fraude fiscal durante 2025, un 13% más que el año anterior, cuando la cifra se situó en 295 millones. Así lo recoge el Informe de resultados del "Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries 2023-2026", presentado este jueves en una rueda de prensa por la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, acompañada del secretario d'Hisenda, Antoni Fernández.

Desde que se puso en marcha el primer plan de prevención del fraude en 2015, la Agència ha aflorado un total de 2.709 millones de euros. En los tres primeros años de vigencia del plan actual, iniciado en 2023, la suma asciende a 914 millones, una cifra que supera la de los dos planes anteriores en el mismo periodo (557 y 761 millones, respectivamente). A su vez, la cifra aflorada este año es la segunda más alta desde que la ATC puso en marcha el plan hace 11 años. Sin embargo, la consellera, Alícia Romero, ha explicado que no es que los contribuyentes defrauden más, sino que la ATC es capaz de "detectarlo mejor" mientras el Govern continúa "trabajando para muscularla".

Fue en el trienio anterior, iniciado durante la pandemia, cuando el fraude aflorado por la ATC se disparó en 2021, año en que emergió un récord de 338 millones, y desde entonces se mantiene en cotas altas. La ATC atribuye este aumento a la reanudación de actuaciones aplazadas por la covid, cambios legislativos en impuestos como Sucesiones, Donaciones y Patrimonio, que aumentaron la recaudación y, una vez más, a una mayor capacidad de detección gracias a más recursos y a una inspección más eficiente.

Juego y tributos propios aglutinan el 4% restante

Del análisis por figuras tributarias se desprende que 136,7 millones corresponden al impuesto sobre sucesiones y donaciones, 101,6 millones al impuesto sobre el patrimonio y 81,4 millones al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Entre las tres suman el 96% del fraude descubierto. El resto se reparte entre tributos propios (6,4 millones) y tributos sobre el juego (6,2 millones).

El informe también incorpora, por primera vez con datos actualizados, la diferencia estimada entre lo que teóricamente debería recaudarse y lo que efectivamente se recauda (conocida como tax gap). De este modo, la brecha fiscal se sitúa en el 11,6%, diez puntos por debajo del 21,5% calculado en 2014. En paralelo, la ATC también ha trasladado que ha reforzado su apuesta por la transparencia, con la publicación de seis nuevos conjuntos de datos abiertos que han registrado 12.267 accesos, frente a los 2.891 del año anterior.

En materia de control de residencia, la Agència practicó 24 liquidaciones por deslocalizaciones fiscales ficticias —16 hacia otras comunidades autónomas y 8 hacia el extranjero—, que permitieron aflorar 6,5 millones de euros. En 2021, coincidiendo con el récord de afloración, fueron 45, siendo 25 de ellas deslocalizaciones ficticias al extranjero por 27,5 millones y 20 actuaciones por cambios de residencia ficticios a otras comunidades autónomas, que proporcionaron 1,2 millones.

La cifra, sin embargo, sirvió a Romero para descartar la existencia de una fuga fiscal organizada desde Catalunya. "No existe ningún estudio que acredite una deslocalización de empresas o una marcha de empresas de Catalunya hacia otras comunidades por motivos fiscales", afirmó la consellera, que enmarcó los 24 casos detectados —sobre un universo de casi 4,5 millones de contribuyentes— como una anécdota "puntual" y no como un movimiento significativo.

Sistema de financiación autonómica

La comparecencia sirvió también a la Consellera d'Economia para fijar posición sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, cuyo calendario entra ahora en su fase decisiva. El Ministerio de Hacienda ha convocado a las comunidades autónomas al Consejo de Política Fiscal y Financiera el próximo 29 de julio para abordar el nuevo modelo, con la intención de llevarlo al Consejo de Ministros a finales de verano y remitirlo al Congreso de los Diputados en septiembre, coincidiendo con el inicio del periodo de sesiones. La votación final dependerá de los grupos parlamentarios —PP, PSOE y Junts, entre otros— y no de las comunidades como tales, por lo que el Govern negocia en paralelo con ERC, BNG y Compromís para intentar sumar apoyos que permitan, al menos, iniciar la tramitación.

Sobre la condonación de la deuda del FLA incluida en la propuesta, Romero zanjó que "es positiva, pero no suficiente. Las comunidades autónomas, entre ellas Catalunya, seguimos infrafinanciadas, y eso explica buena parte de nuestro endeudamiento". Por ello, la consellera reclamó altura de miras a los socios más exigentes en la negociación: "Si por querer llegar a un modelo perfecto acabamos sin querer nada, nos quedaremos sin nada, y seguiremos sufriendo esta situación financiera difícil". Y concluyó con un llamamiento a "que todos pongan sentido común" para que, como mínimo, arranque la tramitación parlamentaria antes de que termine el verano.

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