Foment calcula que Catalunya debería recibir el 19% de inversión del Estado y tacha de "inadmisible" el 8,6% otorgado

"Inadmisible" e "intolerable", así critica la patronal empresarial catalana el desequilibrio de inversión por parte del Estado hacia la autonomía. Foment del Treball Nacional ha lamentado que las arcas del país inyectaran en la economía de la región 1.321 millones de euros en el pasado año, menos de la mitad de lo que le correspondería por su peso en el PIB español.

Los datos publicados por el Gobierno el pasado viernes muestran que Cataluña recibió 1.321 millones de euros de inversión estatal territorializada en 2025, el 8,6% del total ejecutado y un 6% menos que el año anterior. El porcentaje de Catalunya es el más bajo desde 2016 y en números absolutos, el dato de Madrid de 2025 (3.218 millones) duplica al catalán.

Desde la patronal catalana exigen que un mayor peso en el reparto económico y apuntan a que la proporción de Cataluña se debería de encontrar en el 19% y también queda muy lejos de su poder demográfico, alrededor del 17%.

La patronal catalana sostiene que estos datos reflejan un problema de carácter estructural y no una incidencia puntual, al considerar que el desfase entre la inversión presupuestada y la ejecutada se mantiene desde hace años. Según los cálculos de Foment, si se compara la inversión efectivamente ejecutada con la consignación territorializada de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 —posteriormente prorrogados—, el grado de ejecución fue del 44,6% en 2023, del 61,2% en 2024 y del 57,4% en 2025.

De acuerdo con este análisis, incluso en los ejercicios en los que la inversión ejecutada aumentó en términos absolutos, una parte relevante de los recursos presupuestados para Cataluña quedó sin materializar.

Foment también señala la diferencia entre la inversión presupuestada y la inversión realmente ejecutada. A su juicio, el impacto sobre las infraestructuras, la movilidad y la competitividad empresarial depende de la ejecución efectiva de los proyectos, las licitaciones y las obras, y no únicamente de las partidas consignadas en los presupuestos.

Menos inversión, menos desarrollo

Según los estudios elaborados por Foment, el déficit acumulado de inversión en infraestructuras en Cataluña alcanzó los 49.543 millones de euros entre 2009 y 2025 como consecuencia de la diferencia entre las inversiones previstas y las finalmente ejecutadas.

La organización señala que este déficit se refleja en el retraso de diversas actuaciones consideradas estratégicas. Entre ellas figuran más de 5.000 millones de euros pendientes de ejecutar del Plan de Rodalies, cerca de 3.200 millones en proyectos relacionados con el Aeropuerto de El Prat, alrededor de 900 millones destinados a infraestructuras hídricas y aproximadamente 2.000 millones correspondientes al desarrollo del Corredor Mediterráneo.

De acuerdo con Foment, estos retrasos tienen un impacto sobre la competitividad y la actividad económica, al afectar a la productividad, aumentar los costes para las empresas, dificultar la movilidad diaria y reducir el atractivo de Cataluña para la captación de inversiones y el desarrollo de nuevos proyectos industriales.

La patronal, contundente con este asunto, califica de "intorelable" e "inadmisible" que se esté "asfixiando" a Cataluña. Señalan que esta decisión por parte del Estado provoca que se deterioren los servicios públicos de la región y actúe de freno para reducir la competitividad.

En el comunicado de Foment del Treball Nacional han reflejado la descompensación con Cataluña comparándolo con Madrid. Señalan que la comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso recibió 3.218 millones de euro, 2,4 veces más que la gobernada por Salvador Illa.

La mirada puesta en Moncloa

Foment plantea al Gobierno la adopción de una de dos medidas para mejorar el grado de ejecución de las inversiones previstas en Cataluña. La primera consiste en reforzar los organismos estatales con presencia en la comunidad mediante la incorporación de personal técnico, recursos y capacidad de gestión. La segunda propone transferir tanto los recursos económicos como la gestión de las actuaciones a la Generalitat y a las administraciones catalanas competentes.

Asimismo, la organización reclama el establecimiento de calendarios de ejecución vinculantes, mecanismos de seguimiento público y periódico, y sistemas de rendición de cuentas en caso de incumplimiento de los compromisos de inversión.

Según Foment, una parte de las inversiones previstas permanece bloqueada durante años por retrasos administrativos, proyectos que no llegan a licitarse o actuaciones cuyo ritmo de ejecución considera insuficiente.

La patronal también hace un llamamiento a los representantes políticos catalanes y españoles para que sitúen esta cuestión entre las principales prioridades institucionales. En este sentido, sostiene que la mejora de las infraestructuras requiere una mayor ejecución efectiva de las inversiones comprometidas y el cumplimiento de los plazos previstos.

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