El Govern quiere reducir de un año a un mes las licencias urbanísticas para impulsar vivienda e industria

Una licencia de obras que hoy tarda entre nueve y doce meses en Catalunya podrá obtenerse en un mes. Los planeamientos urbanísticos derivados dejarán de prolongarse una media de dos años para resolverse en entre seis y ocho meses. Y una fase de las autorizaciones ambientales, que actualmente puede alargarse hasta 24 meses, quedará reducida a uno. Ese es el salto que persigue el Govern con el anteproyecto de ley de simplificación de trámites urbanísticos y ambientales, una batería de cambios legislativos con la que pretende acabar con una de las principales quejas de empresarios, promotores y ayuntamientos: que en Catalunya poner en marcha una promoción de viviendas o una inversión industrial, por poner solo dos ejemplos, lleva demasiado tiempo.

El propio president de la Generalitat ha sido el encargado de presentar a una nutrida representación del tejido económico y social catalán esta transformación de la administración, más basada en el modelo anglosajón, que confía en empresas, profesionales y particulares, en vez de eternizar los trámites. Salvador Illa ha elegido la fábrica de vehículos Ebro de la Zona Franca, en Barcelona, para dar los detalles de esa batería de medidas, que este lunes arranca el proceso de información pública. Frente a él, un cartel rezaba el lema: " - Burocràcia, + Futur". "Reglas sí, pero simples también. Pero reglas sí porque si no las cosas no van bien. Las reglas no deben ser un muro infranqueable", ha asegurado para a continuación recetar "alegría, ambición y política de la buena".

15 normativas modificadas

La reforma, que modifica diez leyes y cinco reglamentos, parte de la premisa que el Ejecutivo defiende: el problema no son las garantías ambientales o urbanísticas, que se mantienen "intactas", sino la acumulación de informes, duplicidades y procedimientos administrativos que retrasan durante meses, e incluso años, proyectos ya ajustados a la ley y al planeamiento. El objetivo es que la Administración deje de convertirse en un obstáculo para construir vivienda o implantar actividad económica y más aún teniendo en cuenta el plan de los 50.000 pisos o la voluntad de "reindustrializar" el país. Hay que ser más ágiles, defienden.

Uno de los ejemplos más llamativos afecta a las licencias de obras. En la actualidad, la media oscila entre nueve y doce meses, aunque el Govern reconoce que existen expedientes que han necesitado 24 o incluso 26 meses para resolverse, todo depende del municipio y del músculo de personal que tenga. Una de las novedades es que la reforma crea un procedimiento voluntario mediante las futuras Entidades Colaboradoras de la Administración en materia Urbanística (ECAU), entidades privadas acreditadas por la Generalitat que certificarán que el proyecto cumple toda la normativa urbanística y técnica. Con ese certificado, el ayuntamiento dispondrá de un mes para conceder la licencia. Tendrá la palabra de un técnico acreditado que lo avale.

Entidades colaboradoras que avalan

Las ECAU deberán ser validadas con solvencia técnica, estarán sometidas a auditorías periódicas y tendrán que disponer de un seguro de responsabilidad civil de cinco millones de euros, algo que ahora no existía. No obstante, el promotor, en cualquier caso, podrá seguir utilizando el procedimiento tradicional si así lo prefiere. El Govern insiste en que no se privatiza el control urbanístico ni se rebajan las exigencias, sino que se sustituye una parte de la verificación administrativa por un sistema de corresponsabilidad que descargará de trabajo a unos servicios municipales habitualmente saturados.

Esta vía rápida será, además, la preferente para el plan de construcción de 50.000 viviendas impulsado por el Ejecutivo. La intención es agilizar al máximo la obtención de licencias y que no se retrase uno de los proyectos estrella de la legislatura. Una de las quejas más repetidas por emprendedores, promotores o constructores es que la burocracia que obliga a perseguir informes y validaciones desincentiva el progreso.

Dalmau: "Necesitamos más Ebro"

En el acto, el presidente de Ebro, Rafael Ruiz, ha agradecido la elección de su fábrica para hacer la presentación de la propuesta gubernamental y ha recordado que han recuperado una industria para construir vehículos electrificados al mismo tiempo que generaban ocupación. Tras él, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha asegurado que la elección del lugar “también es el mensaje, porque necesitamos más Ebro”.

Dalmau ha advertido que hay que poner énfasis en el “tiempo” para generar el “impacto necesario” y así progresar. Ha insistido en que hay que dar respuesta a un país que ya cuenta con ocho millones de personas. “Si nuestro país debe ganar productividad no puede ser que en Catalunya se tarde tanto en hacer trámites”, ha subrayado. “Hay que pasar de la Catalunya complicada a la fácil porque hay muchos proyectos, ambición y energía. Queremos sustituir la desconfianza por confianza y este es un cambio revolucionario. También apostamos por la corresponsabilidad del sector privado”, ha invitado Dalmau.

Eliminar cuellos de botella urbanísticos

El segundo gran cambio afecta al planeamiento urbanístico. Actualmente, un plan derivado (es decir, el que interpreta lo que pauta el POUM, el plan más global) tarda de media unos 24 meses en aprobarse. La Generalitat quiere rebajar ese plazo hasta entre seis y ocho meses eliminando algunos de los cuellos de botella más habituales. Uno de ellos son los informes sectoriales que deben emitir organismos como la Agència Catalana de l'Aigua, Protecció Civil o los departamentos competentes en función de cada proyecto (Territori, Agricultura, Empresa...). Aunque la legislación ya fija plazos de uno o dos meses y prevé el silencio administrativo positivo, en la práctica los expedientes permanecen bloqueados durante muchos meses. Nadie se atreve a arrancar unos trabajos hasta contar con el sí oficial de la Administración.

La nueva regulación permitirá que, una vez agotado ese plazo, los promotores puedan aportar informes elaborados por técnicos, que tendrán la misma validez para continuar la tramitación en aquellas materias competencia de la Generalitat. El Ejecutivo calcula que este cambio reducirá algunos informes que hoy llegan a demorarse un año a apenas uno o dos meses. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, se ha referido al “equilibrio” necesario para “hacer las cosas bien, con rigor, seguridad y respeto al medioambiente” al mismo tiempo que se progresa, ha destacado como uno de los valores de la nueva ley. Previamente, en la mesa redonda para valorar el anteproyecto, la directora d'Anàlisi Econòmica de la Cambra de Comerç de Barcelona, Carme Poveda, ha aplaudido las medidas: "Estamos en el buen camino".

Mayor poder municipal

La reforma también pretende agilizar la tramitación dando mayor capacidad de decisión a los ayuntamientos. En determinados supuestos ya no será necesario que los documentos que han precisado una corrección (los denominados "condicionantes") en la Comisión Territorial de Urbanismo regresen a este órgano otra vez, esperando además que se convoque al cabo de cuatro o seis meses. Además, estos órganos podrán celebrar reuniones telemáticas, como en la época de la covid, tanto síncronas como asíncronas, para evitar más demoras.

El tercer bloque de medidas se centra en las autorizaciones ambientales, otra de las grandes piedras en el zapato para tirar adelante ciertos proyectos. El Govern eliminará el actual trámite de suficiencia e idoneidad, que será sustituido por formularios normalizados adaptados a cada tipo de actividad (desde explotaciones ganaderas hasta permisos por riesgos químicos) para verificar desde el inicio que la documentación está completa. También desaparecerá la duplicidad entre la información pública y la información vecinal, que pasarán a realizarse conjuntamente.

Proyectos empresariales estratégicos

El Executiu defiende que estos cambios son especialmente necesarios para proyectos ligados a la descarbonización industrial, la economía circular o la movilidad eléctrica, sectores que deben afrontar cada vez más exigencias regulatorias y cuyos calendarios de inversión se ven condicionados por la lentitud administrativa. Este anteproyecto de simplificación administrativa incorpora además un procedimiento exprés para los proyectos empresariales estratégicos declarados por el Govern. En estos casos podrán tramitarse de forma paralela el planeamiento urbanístico, la gestión del suelo y las autorizaciones necesarias para acortar los tiempos de implantación.

La propuesta inicia ahora el periodo de información pública, que permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre para incorporar aportaciones. El Govern prevé aprobar el texto en diciembre y remitirlo después al Parlament. Una vez entre en vigor, las principales novedades dispondrán de un periodo transitorio de seis meses antes de su aplicación efectiva. Durante ese tiempo también se desarrollará la regulación de las nuevas entidades certificadoras, las ECAU, y se pondrá en marcha un Observatorio de Licencias que permitirá comparar los tiempos de tramitación de todos los municipios catalanes y así comprobar si realmente esta reducción de normativa ha servido.

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