Las 5 claves de la reforma del Govern para acabar con la burocracia urbanística

No desaparecen los controles: cambia quién revisa los proyectos

El Govern ha repetido durante toda la presentación una idea para evitar cualquier interpretación de desregulación: la reforma no elimina requisitos urbanísticos, ambientales ni de protección del territorio, ha insistido tanto el president Salvador Illa como la consellera Sílvia Paneque. Tampoco modifica el contenido de los planes generales de ordenación urbanística (POUM) ni rebaja las condiciones que deben cumplir los promotores. Lo que cambia es la forma en que la Administración comprueba que esos requisitos se cumplen.

La filosofía del anteproyecto pasa de un modelo basado en múltiples controles administrativos sucesivos a otro de corresponsabilidad entre el sector público y el privado. El Ejecutivo considera que el sistema actual ha ido acumulando procedimientos, informes y verificaciones que ralentizan proyectos sin aportar más garantías, solo duplicando. Por ello, parte de las comprobaciones pasarán a realizarse fuera de la Administración, aunque bajo autorización, supervisión y responsabilidad jurídica, mientras la Generalitat mantiene la capacidad de inspección y control.

Los informes sectoriales dejan de ser el principal cuello de botella

Uno de los problemas que el Govern identifica con mayor claridad son los informes sectoriales que intervienen en cualquier planeamiento urbanístico. En función del tipo de proyecto, precisa que las autoridades competentes, sea un departamento o una empresa pública, compruebe que cumple. Además, un mismo proyecto puede necesitar informes de la Agència Catalana de l'Aigua, la Dirección General de Carreteras, Protección Civil, la Agència de Residus de Catalunya, la Direcció General de Indústria u otros organismos, dependiendo de sus características.

Aunque la legislación ya establece que esos informes deben emitirse en uno o dos meses y prevé el silencio administrativo positivo, en la práctica muchos expedientes quedan bloqueados durante meses porque nadie se atreve a continuar la tramitación sin disponer físicamente del informe. La reforma que arranca ahora pretende dar eficacia real a ese silencio administrativo. Cuando el plazo haya expirado y siempre que se trate de competencias de la Generalitat, los promotores podrán aportar informes elaborados por técnicos competentes que tendrán la misma validez jurídica para seguir adelante con el procedimiento. El Govern considera que este cambio permitirá eliminar uno de los principales focos de retraso de los planeamientos urbanísticos.

Las ECAU, la nueva figura que asumirá comprobaciones

Otra novedad técnica del anteproyecto son las Entidades Colaboradoras de la Administración en materia Urbanística (ECAU). Serán personas jurídicas autorizadas por la Generalitat que verificarán que un proyecto cumple todos los requisitos urbanísticos, técnicos y arquitectónicos antes de que llegue al ayuntamiento.

No emitirán informes discrecionales ni redactarán proyectos, sino que comprobarán su adecuación a la normativa y asumirán la responsabilidad de esa certificación. Para ejercer esta función deberán acreditar solvencia técnica, disponer de certificaciones de calidad (ISO), contar con un seguro de responsabilidad civil de cinco millones de euros (algo que hasta ahora no pasaba) y superar auditorías anuales. Durante un periodo transitorio de aproximadamente un año podrán asumir estas funciones las actuales Entidades Colaboradoras de la Administración (ECA), mientras se desarrolla plenamente la nueva figura. El Govern prevé que colegios profesionales y otras entidades técnicas puedan convertirse en ECAU una vez obtengan la correspondiente autorización.

Más autonomía municipal y menos trámites repetidos

Otra de las modificaciones afecta al reparto de competencias entre la Generalitat y los municipios. El Ejecutivo considera que algunos procedimientos obligan a repetir trámites sin aportar un valor añadido desde el punto de vista técnico, especialmente cuando un expediente ya ha incorporado todas las prescripciones exigidas.

Por ello, determinados planeamientos dejarán de volver a pasar por la Comisión Territorial de Urbanismo después de introducir las correcciones solicitadas y bastará con la aprobación del pleno municipal. Según los cálculos del Govern, este cambio permitirá ahorrar entre cuatro y seis meses de tramitación. Además, las comisiones territoriales podrán celebrar reuniones telemáticas, tanto síncronas como asíncronas, y se creará un Observatorio de Licencias que publicará los tiempos de resolución de todos los municipios catalanes para identificar retrasos y mejorar la transparencia del sistema.

Una reforma pensada para acelerar vivienda, industria y grandes inversiones

Aunque la reforma afecta al conjunto de la normativa urbanística y ambiental, el Govern reconoce que responde principalmente a dos prioridades: acelerar la construcción de vivienda y facilitar la implantación de nueva actividad económica. La vía simplificada será la opción preferente para los proyectos incluidos en el plan 50.000, pero también pretende dar respuesta a sectores como la descarbonización industrial, la economía circular o la movilidad eléctrica, donde las inversiones deben afrontar cada vez más exigencias regulatorias.

El anteproyecto también amplía el alcance de los Proyectos Empresariales Estratégicos (PEE) y de las actuaciones de interés general declaradas por el Govern. Hasta ahora esa declaración estaba vinculada a supuestos muy concretos. Con la reforma podrá aplicarse a cualquier tipo de planeamiento o actuación urbanística y permitirá tramitar de forma paralela el planeamiento, la gestión urbanística y las autorizaciones de actividad. El Ejecutivo sostiene que esta coordinación reducirá significativamente los tiempos de implantación de inversiones públicas y privadas y ayudará a que Catalunya compita en mejores condiciones con otras comunidades autónomas para atraer nuevos proyectos industriales.