Vivienda
Baleares sanciona con 45.000 euros al propietario de un piso de Palma que alquilaba la sala de estar como dormitorio
Los fraudes en vivienda de protección oficial concentran el 80% de los controles realizados por los servicios de inspección
Se han aplicado multas por valor de 45.000 euros a grandes tenedores por no pagar los gastos de comunidad

El Govern ha realizado 335 inspecciones sobre viviendas en seis meses / M. Mielniezuk
El Govern ha propuesto una multa de 45.000 euros al propietario de una vivienda de Palma en la que había convertido la sala de estar en dormitorio (es ilegal transformar las zonas comunes en habitaciones), generando una situación de sobreocupación del inmueble. En este caso, las condiciones de habitabilidad del piso permitían albergar a seis personas, pero en la casa estaban viviendo nueve. El resultado es que el dueño estaba consiguiendo por esta vía conseguir unos ingresos que superaban los 2.000 euros mensuales.
Este es solo un ejemplo de la labor que los servicios de inspección de la conselleria de Vivienda han venido desarrollando durante los seis primeros meses del año, y muestra además una práctica que se está generalizando en Mallorca, como es la decisión de los dueños de pisos de abandonar el mercado del alquiler tradicional para pasarse al de la comercialización por habitaciones, en ocasiones cometiendo irregularidades como la citada transformación de zonas comunes en habitaciones para multiplicar su rentabilidad.
Pero también se pueden destacar las sanciones impuestas a grandes tenedores por no estar al corriente del pago de los gastos de la comunidad, y que han alcanzado un valor de 45.000 euros.

José Luis Mateo, conseller de Vivienda. / B. Ramón
Hay multas por un total de 18.000 euros a personas que se han negado a colaborar con los servicios de inspección, como en el caso de los requerimientos no contestados.
Inspecciones sobre las VPO
Este caso forma parte de las 335 inspecciones que durante los seis primeros meses de este año se han llevado a cabo en materia de vivienda, y en las que se destaca el elevado porcentaje de las vinculadas con fraudes en la comercialización de viviendas de protección oficial (VPO). Según se pone de relieve desde la Conselleria, el 80% de los controles realizados han estados vinculados con esta materia.
En concreto, de las 335 inspecciones desarrolladas durante el citado semestre, 282 han estado vinculadas a posibles irregularidades en materia de vivienda protegida, especialmente por cobrar alquileres en estos inmuebles por un precio superior al máximo establecido, o por no utilizar esos inmuebles como residencia habitual y permanente. También se ha actuado ante los anuncios de venta o alquiler por valores que superaban los máximos regulados.
La lista relacionada con las VPO incorpora casos de arrendamientos a personas que no cumplen los requisitos para poder acceder a una vivienda protegida, o porque esos inquilinos tenían el 100% de la propiedad de otro inmueble.
Infraviviendas
Aunque la vigilancia se ha concentrado en las VPO, también se han elevado los controles para la detección de infraviviendas o casos de sobreocupación, con 40 inspecciones durante el primer semestre del año.

Los controles en relación con las infraviviendas y las sobreocupaciones han aumentado / M. Mielniezuk
Los casos de infraviviendas han estado muy relacionados con alquileres de inmuebles que no cumplen las condiciones de iluminación o ventilación en cocinas y dormitorios. También se señalan las infracciones relacionadas con la transformación de zonas comunes en dormitorios, como el que ha dado pie a la propuesta de sanción de 45.000 euros antes señalada.
El presidente de la asociación de consumidores Consubal, Alfonso Rodríguez, ya denunció recientemente los casos que también llegan a sus manos relacionados con esas sobreocupaciones, al igual que de aumentos desproporcionados de los alquileres y de presiones a los inquilinos para que abandonen el inmueble antes del plazo fijado.
Hay que tener en cuenta que las 335 inspecciones realizadas no siempre dan lugar a la apertura de un expediente sancionador, y que el importe de las multas antes señalado es en muchos casos la propuesta inicial del Govern, pendiente de que dichos expedientes se concluyan.
Pero hay un punto que se quiere subrayar desde la conselleria de Vivienda, es que una parte importante de las citadas inspecciones nacen de la colaboración ciudadana, que denuncia situaciones que detecta o anuncios que vulneran la ilegalidad. Por ello, se recuerda que ha abierto una página web (https://www.caib.es/sites/inspecciohabitatges/es/denuncias/) para que las personas que descubren situaciones irregulares puedan comunicarlas al citado departamento autonómico.
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Fuente: Diario de Mallorca
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