El PP paga el 100% de salario a los funcionarios de baja en las comunidades donde gobierna

"Consejos vendo que para mí no tengo", repite con asiduidad el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, cuando habla de las ratios de temporalidad en España. El líder de los patronos pactó en 2021, con el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, una reforma laboral que ha logrado, un lustro después, reducir la eventualidad a cotas históricas. Si durante la burbuja inmobiliaria se alcanzaron picos récord de temporalidad, con el 36% de los asalariados del sector privado sin un contrato fijo, hoy esos niveles ya se equiparan a los estándares europeos. Según la última encuesta de población activa (EPA) del INE, el porcentaje de temporales en el sector privado se encuentra en el 11,9%.

No obstante, esa reducción drástica de la eventualidad no se ha producido en el sector público. Frente al menos del 12% que registra el sector privado, en la Administración el 26,8% de los ocupados está bajo un contrato eventual o de interino. Y ello pese a las reformas impulsadas también en 2021 por el Gobierno, que no han acabado de funcionar y para las que prepara nuevos cambios, de la mano de las comunidades autónomas. Con dicho afán, esta misma semana, desde Santander, inició una ronda de reuniones. "Consejos vendo que para mí no tengo", le afea Garamendi al Ejecutivo.

Esta semana, no obstante, partidos, patronal y sindicatos han centrado sus diatribas en las palabras del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre el repunte de bajas laborales. Un problema que calificó de "cáncer", en un acto con empresarios vascos. "Si, además, la administración pública considera que un ciudadano puede darse de baja y no ir a trabajar sin justificación y sigue teniendo el mismo sueldo y las mismas prestaciones, pues entonces pasa lo que ocurre, pero este absentismo no se sostiene", afirmó.

Sus palabras han puesto en pie de guerra a los partidos del Gobierno y a los sindicatos y el propio PP ha salido a matizar el mensaje. "Convendría tener cautela a la hora de hacer ciertas comparaciones", reconoció el portavoz del partido, Borja Sémper, que precisamente hace poco superó un cáncer de páncreas.

La normativa laboral española establece que todo empleado, público o privado, deja de percibir su salario durante los tres primeros días de baja. Luego, empieza a cobrar, primero un 60% y luego un 75%, a medida que se alarga la baja. No obstante, es habitual que en algún momento de esa ausencia el empleado reciba una compensación de su empresa para amortiguar parte de ese recorte salarial. Según datos oficiales del Ministerio de Trabajo, el 85% de los asalariados cubiertos por un convenio colectivo tiene algún tipo de complemento de este tipo; la mayoría a partir del tercer día de baja.

Todas las autonomías lo hacen

Donde sí es habitual cobrar el salario íntegro desde el primer día de baja es en el sector público. De hecho, actualmente es la norma. Durante la anterior década de recortes en la Administración, se eliminó ese complemento a la incapacidad temporal (IT), concretamente en 2012, para ahorrar gasto público. En un contexto en el que también se recortaron pagas extra, que en territorios como Catalunya tardaron una década en recuperar.

No obstante, en 2018, el Gobierno, presidido por Mariano Rajoy y con Cristóbal Montoro de responsable de Función Pública, rubricó un acuerdo con los sindicatos que permitía a las distintas comunidades autónomas recuperar esos complementos por incapacidad temporal a su criterio y en función del estado de sus finanzas. Abierta la veda, todas y cada una de las autonomías procedieron rápidamente a trasladar ese mismo pacto a su personal.

De distinto signo político, lo aplicaron desde la Junta de Andalucía, entonces presidida por la socialista Susana Díaz y hoy bajo la batuta de los 'populares', hasta la Generalitat de Catalunya, liderada por Quim Torra, de Junts. La mejora de las condiciones fue transversal, tanto en territorios que siguen gobernados por los socialistas como es el caso de la Castilla-La Mancha, de Emiliano García-Page, o Asturias; como en feudos donde gobernaba en 2018 y sigue gobernando el PP, como la Región de Murcia, presidida por Fernando López Miras

También lo hizo, en 2019, la Xunta de Galicia, gobernada entonces por Alberto Núñez Feijóo. "Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues ¿qué quieren que les diga?", les decía esta semana a los empresarios vascos el próximo candidato del PP a la presidencia del Gobierno. Otra comunidad autónoma que también lo aplica desde octubre de 2018 es Madrid, por orden del antecesor de Isabel Díaz Ayuso. "Tiene más razón que un santo", ha afirmado la madrileña sobre las palabras del presidente de su partido.

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