Propietarios e inquilinos chocan por la ley catalana contra la compra de vivienda especulativa: "es una aberración jurídica"

La aprobación de la tramitación por la vía rápida de la ley contra la compra especulativa de vivienda que se ha votado hoy en el Parlament ha levantado una oleada de quejas por parte de los diferentes grupos de presión involucrados en el proceso. La fractura la encabezan, por un lado, promotores, propietarios e inmobiliarias —quienes tildan de "aberración jurídica" y de "ataque contra la calidad democrática" la tramitación directa— frente a agentes sociales e inquilinos encabezados por el Sindicat de Llogateres, que tachan de insuficiente el redactado del texto en términos actuales —principalmente porque deja en manos de los ayuntamientos su aplicación final— y advierten de su efecto limitado en la práctica, "tal y como ocurrió con la ley que prohibía el alquiler de temporada y de habitaciones".

Las reacciones se han sucedido a lo largo de la jornada, después de que el Parlament aprobara la tramitación con el apoyo de PSC, ERC, Comuns y la CUP. Sin embargo, y en contra de las previsiones de estos grupos, la ley no podrá aprobarse definitivamente hasta la semana del 22 de julio (dentro de 15 días), ya que, como era previsible, Junts y el PP han llevado el texto al Consell de Garanties Estatutàries para retrasar el calendario a la espera de que el órgano se pronuncie sobre su constitucionalidad. Desde la Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya (APCE), Xavier Vilajoana ha celebrado la decisión de PP y Junts y ha pedido que "dejen de lado la política partidista y que hagan más vivienda", ya que "no es un tema de sector, sino de la gente".

Una ley nacida de un pacto presupuestario

Tal y como explicó EL PERIÓDICO, la norma modifica la Ley de Urbanismo (Decreto Legislativo 1/2010) y tiene su origen en una proposición mucho más maximalista que los Comuns registraron en octubre de 2025 bajo el lema "una persona, una casa".

Con el tiempo, el texto se suavizó tras la negociación presupuestaria con el PSC y el resultado es una norma que habilita a los ayuntamientos de los 271 municipios declarados zona de mercado tensionado —donde vive el 90% de la población catalana— a restringir, a través de sus planes urbanísticos, quién puede comprar vivienda y con qué finalidad.

En este sentido, se establece que los grandes tenedores —personas físicas o jurídicas con cinco o más inmuebles— solo podrán adquirir pisos sueltos para residencia habitual propia o de un familiar, mientras que la compra de edificios enteros seguirá permitida si se destinan íntegramente al alquiler con precio topado.

El principal punto de fricción

Este es, precisamente, uno de los aspectos que más fricción genera. Vilajoana ha insistido en que limitar la compra de edificios completos "asfixia" la única vía que quedaba para movilizar vivienda de alquiler asequible y ha reclamado que cualquier restricción vaya acompañada de incentivos fiscales para quienes inviertan en rehabilitación, y no solo de sanciones.

El Sindicat de Llogateres, en cambio, centra el blanco de sus críticas en el mecanismo jurídico elegido, apoyado en el planeamiento urbanístico municipal, puesto que "vacía la ley de efectos inmediatos". Según ha explicado el portavoz de la organización, Enric Aragonès, lo único que cambiaría con esta ley es que los ayuntamientos podrán, si quieren, iniciar un proceso de planeamiento urbanístico que, al cabo de meses o años, acabe suponiendo una limitación real de la práctica especulativa.

Para la organización, no tiene sentido cargar este volumen de trabajo sobre unos ayuntamientos que, en su mayoría, no podrán asumirlo, generando un laberinto burocrático que retrasaría y pondría en riesgo la aplicación de la ley, cuando Catalunya ya tiene identificadas y aprobadas las zonas de mercado tensionado donde debería aplicarse la prohibición de forma directa. Por ello, concluye que "si esta ley se aprueba tal y como la han pactado el PSC y los Comuns, el día después de su aprobación no tendrá ningún efecto".

Las dudas jurídicas siguen sobre la mesa

A las dudas trasladadas por estos grupos se suman las dudas jurídicas que ya planteó ERC durante el debate parlamentario. Los republicanos son partidarios de blindar la norma mediante reformas en el Código Civil, en lugar de apoyarse únicamente en la legislación urbanística. También está el informe de la jurista Rosa Fornas, que alertó de que regular "negocios privados" desde una norma que originalmente regula los usos del suelo podría responder a un "marco legislativo distinto" al adecuado.

De cara a los próximos pasos, la APCE prevé seguir presionando durante el trámite de enmiendas —abierto hasta el 20 de julio— para suavizar las limitaciones a la compra de edificios y reclamar medidas de fomento de la oferta. Por su parte, el Sindicat de Llogateres ya ha avisado de que exigirá que la futura ley incorpore criterios homogéneos de aplicación entre municipios para evitar que la norma "acabe siendo papel mojado allí donde el ayuntamiento de turno no quiera hacerla cumplir".

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