El Gobierno quiere obligar a las empresas a explicar cuáles son los criterios para subirle el salario a un trabajador y no a otro

El Ministerio de Trabajo pretende obligar a las empresas de 50 o más empleados a definir unos criterios objetivos en función de los cuales concede los ascensos o se le sube el sueldo a un empleado y no a otro. El Ejecutivo ha iniciado este miércoles las negociaciones con patronal y sindicatos para aumentar la información disponible de las empresas hacia los trabajadores en materia de salarios. Y una de las materias en las que pretende introducir novedades es detallar cómo funciona la escala retributiva, con el fin de evitar discriminaciones de género, según figura en el borrador remitido este miércoles a los agentes sociales y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

El Ejecutivo va tarde en la transposición de la directiva europea de transparencia salarial, que debiere estar en vigor desde el 7 de junio. La misma pretende acotar la brecha salarial en las corporaciones y para ello incorpora una serie de nuevas obligaciones. La primera propuesta de Trabajo incluye esa transparencia en la carrera profesional, con el objetivo de erradicar los ascensos 'a dedo' o por criterios poco justificados. "Las empresas de cincuenta o más personas trabajadoras incluirán también información sobre los criterios de progresión retributiva", según recoge el borrador. No en vano, uno de los motivos que explican la brecha salarial es la mayor presencia de hombres en posiciones directivas. Si bien las compañías debieren, si acaba entrando en vigor la nueva normativa, justificar todas las promociones, tanto de hombres como de mujeres.

Incrementar la información disponible para todas las partes es un elemento clave de la directiva y ahí incide la propuesta gubernamental. Las compañías deberán realizar y poner a disposición de los trabajadores un registro retributivo. En el mismo deberán recopilar todos los salarios que se perciben en la empresa, tanto de directivos como de trabajadores, establecer medias por categorías y desagregar qué parte del salario es salario base y qué parte del salario son complementos.

Dicha información deberá ser puesta a disposición de los empleados. "Las personas trabajadoras tendrán derecho a solicitar y recibir por escrito información sobre su nivel retributivo individual y sobre los niveles retributivos medios, desglosados por sexo, en los grupos o categorías de personas trabajadoras que realicen el mismo trabajo o un trabajo de igual valor al suyo", reza la propuesta de Trabajo. Los datos deberán estar anonimizados, es decir, un empleado no podrá pedir saber cuánto cobran directamente sus compañeros con nombres y apellidos. En caso de que dar alguna información ponga en peligro la confidencialidad de un empleado, la compañía deberá dársela primero al comité de empresa, como filtro previo.

Parte de las obligaciones que incorpora la directiva ya figuran en la normativa española. Por ejemplo, dentro de los planes de igualdad, que son obligatorios desde hace años para todas las compañías de más de 50 empleados, debe figurar una auditoría interna para saber qué diferencia existe entre el salario que perciben hombres y mujeres. Dicha obligación ya impera actualmente en España, si bien hasta un 25% de brecha salarial no es motivo automático de sanción. Ahora ese umbral deberá descender hasta un 5%, según indican desde Europa.

Los sindicatos reclaman el registro horario

Los sindicatos han valorado positivamente el inicio de las negociaciones, pero también han aprovechado la mesa de diálogo social para urgir al Gobierno a aprobar el nuevo registro de jornada, que tiene pendiente desde hace meses. Bajo la premisa de que reclaman transparencia de salarios, pero también de horas trabajadas.

"Es imprescindible que el registro horario, que hoy no está funcionando en nuestro país, se convierta en una norma fiable. Para hacer un diagnóstico real necesitamos saber cuántas horas trabajan las mujeres y cuál es su retribución por hora", ha coincidido la secretaria de salud laboral de UGT, Patricia Ruiz. Las centrales han lanzado un ultimátum al Gobierno: o aprueba el registro de jornada antes del próximo 31 de julio o no seguirá negociando ninguna materia, ni la transposición de la directiva ni ninguna otra.

"Hemos dejado de manifiesto la importancia que tiene para garantizar a transparencia retributiva el control y el registro horario para que el salario sea fundamental en la reducción de la brecha de género", ha declarado el secretario de acción sindical de CCOO, Javier Pacheco, tras la reunión. La patronal CEOE, por su parte, ha declinado realizar valoraciones y está a expensas de analizar la propuesta remitida por el Ministerio.

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