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Soberanía tecnológica

Moncloa veta a la multinacional estadounidense Palantir en contratos y empresas públicas

El Ejecutivo traslada a empresas públicas la necesidad de evitar acuerdos con la firma tecnológica estadounidense por motivos de soberanía y seguridad, en línea con los movimientos adoptados recientemente por Francia y Alemania

Alex Karp, cofundador y director ejecutivo de Palantir.

Alex Karp, cofundador y director ejecutivo de Palantir. / MSC/Hildenbrand

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Madrid
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Tras haber dudado durante un tiempo, el Gobierno ha comenzado a dar indicaciones a las empresas públicas para imponer un veto a Palantir Technologies, la compañía estadounidense puntera en el análisis de macrodatos y la industria de la guerra impulsada por la Administración Trump, en contratos públicos. Tal y como ha adelantado El Confidencial citando fuentes conocedoras, Moncloa ha dado orden de no contar con los servicios de la compañía con sede en Miami de ahora en adelante, esgrimiendo como razón de peso el temor al uso de información secreta vinculada a la seguridad nacional.

Según han revelado diversas fuentes procedentes de los consejos de administración de compañías cotizadas al diario español, el Gobierno les ha comunicado que eviten "cualquier contrato con Palantir Technologies que pueda poner en riesgo la soberanía nacional". Esta decisión se alinea con las tomadas por otros socios europeos, como Francia o Alemania, que en los últimos meses han relegado a la multinacional estadounidense de los contratos con sus administraciones públicas.

El pasado 16 de junio, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció que la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI) de Francia, la agencia de inteligencia nacional del país galo, había seleccionado a la empresa francesa Chaps Vision "para sustituir al gigante estadounidense Palantir". "Dado que no podemos depender de herramientas desarrolladas por potencias extranjeras, Francia debe tener las suyas propias", afirmó Lecornu en un mensaje publicado en redes sociales.

Para justificar la decisión de excluir a Palantir de las operaciones del sector públicos francés, Lecornu afirmó que lo que estaba en juego en aquel momento era "la protección de los valores democráticos". "Para lograrlo, debemos proteger nuestros datos, lo que implica usarlos y almacenarlos dentro de nuestro propio país. Así como no aceptaríamos transferir nuestros archivos nacionales a California, debemos usar nuestras propias herramientas de IA", abundó.

En su réplica, en forma de comunicado recogido por el medio estadounidense 'Politico', Palantir aseguró compartir "la ambición de las autoridades francesas de fortalecer las capacidades tecnológicas nacionales y europeas", añadiendo que el contrato con la DGSI "sigue plenamente vigente" y subrayando que la cooperación con las autoridades francesas continúa en virtud de los compromisos contractuales existentes y en pleno cumplimiento de los más altos estándares de seguridad, protección de datos, cumplimiento normativo y transparencia.

A finales de abril de este año, Alemania también declaró su negativa a trabajar con Palantir. El inspector del Ciberespacio y del Espacio de Información de las Fuerzas Armadas alemanas, Thomas Daum, rechazó el uso de la firma estadounidense, objeto de polémica por un manifiesto sobre el papel de la tecnología en cuestiones militares que invita a revertir el "debilitamiento" de Alemania.

En unas declaraciones al diario alemán Handelsblatt, Daum indicó que la rama cibernética del Ejército germano rechazaba, de momento, el uso de los servicios de Palantir. "Por ahora no lo veo en absoluto", dijo Daum al Handelsblatt, al que apuntó que Alemania busca actualmente alternativas a Palantir, porque, según él, la empresa "no cumpliría determinados requisitos del Ejército alemán".

Una empresa marcada por la polémica

Más allá del debate sobre la soberanía tecnológica, Palantir arrastra desde hace años una larga lista de controversias ligadas a su actividad con administraciones públicas y organismos de seguridad. La compañía, fundada en 2003 con el respaldo de la CIA a través de su fondo de inversión In-Q-Tel y presidida por Alex Karp, se ha convertido en uno de los principales proveedores de plataformas de análisis masivo de datos para gobiernos occidentales. Sus defensores sostienen que únicamente desarrolla el software y que son sus clientes quienes conservan el control de la información y de las decisiones; sus críticos, en cambio, consideran que su tecnología facilita formas de vigilancia y control a gran escala.

Uno de los frentes más controvertidos es su colaboración con las autoridades migratorias de Estados Unidos. Sus plataformas son utilizadas desde hace años por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y en los últimos años han trascendido nuevos proyectos para reforzar el seguimiento de inmigrantes y los procedimientos de deportación. Organizaciones como Amnistía Internacional, la ACLU o Electronic Frontier Foundation han advertido de los riesgos que este tipo de herramientas pueden entrañar para la privacidad y los derechos fundamentales, mientras que la empresa insiste en que no decide ni ejecuta las políticas migratorias.

La multinacional también ha sido objeto de críticas por su creciente peso en el ámbito militar. En enero de 2024 firmó una alianza estratégica con el Ministerio de Defensa de Israel para suministrar tecnología durante la guerra en Gaza, un acuerdo que provocó protestas de activistas y organizaciones de derechos humanos. Paralelamente, Palantir desempeña un papel cada vez más relevante en programas de inteligencia artificial del Pentágono, como Maven Smart System, destinados al análisis de información y apoyo a la toma de decisiones militares, lo que ha reavivado el debate sobre el uso de algoritmos en operaciones de defensa.

A estas controversias se suman las críticas por el uso de su tecnología en programas de policía predictiva en Estados Unidos y Reino Unido, cuestionados por expertos y organizaciones civiles por el riesgo de reproducir sesgos y ampliar la vigilancia sobre determinados colectivos. En el Reino Unido, además, el contrato de hasta 330 millones de libras adjudicado a Palantir para la plataforma de datos del Servicio Nacional de Salud (NHS) ha generado un intenso debate político sobre la privacidad de los pacientes, la dependencia tecnológica de un proveedor estadounidense y la conveniencia de confiar infraestructuras críticas a una empresa estrechamente vinculada al sector de la defensa.

La decisión del Gobierno supone, en la práctica, un nuevo paso en la estrategia de reforzar la autonomía tecnológica en ámbitos considerados sensibles, en un contexto de creciente preocupación en Europa por la dependencia de proveedores extranjeros para la gestión de datos e infraestructuras críticas. Aunque Palantir mantiene contratos con numerosas administraciones occidentales y defiende que sus soluciones cumplen con los más altos estándares de seguridad y protección de datos, el movimiento de Moncloa evidencia el creciente escrutinio político al que se enfrentan las grandes empresas tecnológicas vinculadas a la defensa, la inteligencia y el tratamiento masivo de información pública.

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