Colas en las últimas horas de la regularización para desbloquear los casos más dificiles

Las ONG que decidieron registrarse como "entidades colaboradoras" para el proceso extraordinario de regularización de migrantes trabajan sin descanso desde que se abriera el plazo para presentar los expedientes, en aras de dar respuesta a un proceso "que algunas Administraciones han estado bloqueando". El plazo para presentar los expedientes finaliza el 30 de junio y las entidades sociales trabajan ahora a contrarreloj para tramitar aquellos casos "más complicados", entre los que figuran aquellas personas cuyos países se niegan a enviar los antecedentes penales, requisito indispensable para optar al proceso de regularización.

"Llevamos todo el proceso saturados para dar respuesta a las personas que tienen una oportunidad única. Ahora estamos resolviendo los expedientes más complejos para llegar a todos. No está siendo sencillo", explican desde la asociación Candombe, desde Entrebarris y desde otras entidades sociales como Valencia Acoge.

Y es que para muchas personas que han querido acogerse a este proceso de regularización reunir toda la documentación en dos meses y medio no ha sido tarea sencilla, sobre todo en función de si los ayuntamientos estaban por la labor (o no) de facilitar el proceso. En las primeras semanas, el principal escollo fue hacerse con el certificado de vulnerabilidad, necesario solo en algunos casos, pero imprescindible para muchos. Las ONG apretaron el acelerador y empezaron a emitir certificados de vulnerabilidad con la premisa o de haber atendido a esas personas en alguna ocasión, o de entender que "quien vive en una situación administrativa irregular es una persona vulnerable".

Las entidades piden una prórroga

Sin embargo, el principal freno ha sido (y sigue siendo) el certificado de antecedentes penales. "El caso de Argelia es terrible. Es prácticamente imposible conseguir los antecedentes de forma 'legal'. De hecho, están haciendo que la gente pague 1.000 eros para poder conseguir este documento que es imprescindible para la regularización. Venezuela es otro caso, pero por motivos diferentes. Es un país que estaba tardando muchísimo en enviar esta documentación y ya tras la desgracia sufrida olvídate de tener los antecedentes a tiempo. Cuba es otro ejemplo, al igual que Siria, Nigeria, Guinea Conakry o Gambia. Los consulados no lo ponen nada fácil y ahora estamos tramitando todos estos expedientes porque vemos que esa documentación no va a llegar a tiempo", explica la portavoz del Movimiento Regularización Ya, Silvana Cabrera.

Ante la realidad que supone que los países de origen no envíen el certificado de antecedentes penales en tiempo y forma, el Gobierno de España contempla que se puedan tramitar las solicitudes con una declaración jurada, tras habilitar unos plazos especiales hasta el mes de octubre. "Sin embargo, el certificado de antecedentes penales habrá que presentarlo y es un problema para los ciudadanos de estos países que tiene muy difícil conseguirlo. Tanto en este caso, como para otros requerimientos de documentación, le pedimos al Gobierno que tenga en cuenta los plazos que las propias Administraciones también están incumpliendo", añade Cabrera.

Por ello, la plataforma 'Regularización Ya' exige una prórroga. "No es un favor, es una obligación", reivindica el movimiento desde sus redes sociales ya que la Administración debe garantizar el acceso real al proceso con una ampliación de plazo dadas las trabas administrativas que "siguen dejando fuera" a miles de migrantes que "cumplieron con todo lo que se les pidió".

Así, este martes finaliza un plazo con unas cifras que se sitúan en torno a 1,2 o 1,3 millones de solicitudes presentadas al proceso de regularización. Un dato muy superior a las previsiones iniciales del Gobierno, que cifraba en aproximadamente 500.000 los potenciales beneficiarios. Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones afirman que no tienen los datos segregados por autonomías.

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