Informe de UGT
"Colapso" en los juzgados de Barcelona ante despidos y accidentes laborales: "Tardas más de año y medio en tener sentencia"
La UGT reclama 13 nuevos juzgados de lo social para disminuir la demora en la resolución de procesos
Las empresas no pueden quitarle el plus de libre disposición a un empleado por no contestar mensajes o llamadas en días libres

Trabajadores en la planta de fabricación de autocares. / MANU MITRU / EPC

Si un trabajador es despedido en la provincia de Barcelona y considera que ha sido víctima de una injusticia, entre que pone la demanda y recibe la sentencia pasarán, de media, un año y siete meses. El "colapso" judicial supera los dos años en aquellos casos que reclaman una categoría profesional no reconocida o que se reconozca que su lesión tiene un origen profesional, según datos recopilados por el sindicato UGT de Catalunya.
"Tenemos una denuncia por despido que nos han fijado juicio en 2031", explican desde la central. La organización sindical ha reclamado la creación de 13 nuevos juzgados de lo social en la provincia de Barcelona para disminuir los tiempos de demora, así como incentivar las mediaciones para resolver los litigios sin tener que pasar por sede judicial y recuperar los salarios de tramitación que suprimió la reforma laboral del 2012.
El sindicato ha analizado un total de 1.499 procedimientos que están llevando desde sus servicios jurídicos y constata una demora generalizada en todo tipo de litigios del ámbito social. De media, según sus estimaciones, una demanda interpuesta por un trabajador contra una empresa o viceversa tarda en ser resuelta un año y nueve meses.
"La lentitud judicial no es un problema solo de los trabajadores, es de toda la ciudadanía, en algún momento u otro de la vida todos tendremos que reclamar. La demora incrementa la precariedad. Cuando es lenta, la reclamación deja de ser efectiva, deteriora la igualdad ante la ley y la calidad democrática", ha afirmado el secretario de política sindical de UGT de Catalunya, Óscar Riu.
Cada vez mayor demora
La muestra tomada por el sindicato tiende a elevar la duración media de las resoluciones, ya que omite aquellas de más rápida ejecución. Por ponerlo en perspectiva y teniendo en cuenta que sus datos son para toda España, las últimas estadísticas del consejo general del poder judicial (CGPJ) sitúan en 8,2 meses el tiempo medio de espera para un despido, frente a los 19 meses del informe de UGT.
Donde sí coinciden ambas fuentes estadístiacas es en la tendencia: las esperas cada vez son más largas. Por ejemplo, según los datos del CGPJ, si en 2024 un despido tardaba 8,2 meses, en 2020 eran 7 meses, un 17% menos de tiempo.
Desde la central llaman a la Administración a mover ficha para resolver el atasco y aprovechar el actual momento económico, con máximos de empleo y una menor litigiosidad que en tiempos de crisis. "No es una crítica a los jueces, es una crítica a la dejadez política", ha destacado Riu, en rueda de prensa.
Recuperar los salarios de tramitación
Desde el sindicato han reclamado, además de habilitar más jueces y juzgados, recuperar la figura de los salarios de tramitación. Esta existía hasta la reforma laboral del PP, ejecutada en 2012, y obligaba a las empresas, en caso de perder estas el juicio, a pagarle al trabajador el salario que este debería haber percibido desde que fue despedido hasta la fecha de la sentencia. Lo que elevaba la indemnización de manera muy sustancial, excediendo, en algunos casos, a la propia indemnización por despido.
Esta medida, consideran desde la UGT, desincentiva los despidos injustos, ya que encarece el coste económico para la empresa, especialmente en aquellos casos de más flagrante vulneración de la normativa.
España tiene, precisamente, pendiente reformar su regulación en materia de despido, después de que desde la Unión Europea se le haya instado en reiteradas ocasiones a ello, pues Bruselas considera que la ley española deja desamparados a los empleados en caso de despido improcedente. Fue la UGT quien impugnó hace unos años ante instancias europeas dicha normativa, ganando el proceso.
El Gobierno, en consecuencia, ha anunciado que pretende reformar la normativa en materia de despido, pero hasta ahora no ha acometido cambios al respecto. Su actual situación de minoría parlamentaria dificulta que medidas como esta, que cuentan con el rechazo frontal de la patronal, salgan adelante y desde el Ministerio de Trabajo no han abierto si quiera mesa de negociación todavía para abordarlo.
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