Ingreso Mínimo Vital
La Seguridad Social le concede el ingreso mínimo y ahora le reclama 42.000 euros: la historia de una madre con dos niños y sin casa
La Seguridad Social exige la devolución completa del Ingreso Mínimo Vital recibido entre 2020 y 2025, sumando una deuda de 42.000 euros
El Ingreso Mínimo Vital: claves sobre sus requisitos y cuantías para los hogares españoles

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz / Carlos Luján - Europa Press

La Seguridad Social reclama a una mujer la devolución del Ingreso Mínimo Vital (IMV) recibido entre el año 2020 y 2025. De esta forma, la cantidad exigida ascendería hasta los 42.000 euros por cobros indebidos.
En un primer momento, esta mujer y madre de dos hijos, solicitó la ayuda en 2020 al cumplir las condiciones de vulnerabilidad económica. Sin embargo, en enero de 2026 recibió una carta donde se pedía la devolución de todo el importe recibido.
La posible existencia de errores administrativos
En este caso, la afectada señala un posible error de la Administración. "Estaba cobrando la renta mínima de inserción en 2020 y me dijeron que me la cambiaban por el ingreso mínimo", asegura.
Por otro lado, la trabajadora social, encargada de su caso, también se ocupó de enviar la solicitud para la prestación, adjuntando los datos clave: madre de un hijo, viviendo en casa de su abuela.
"Me concedieron el ingreso mínimo sin problemas, nadie me dijo que hubiera ningún error. Durante un tiempo estuve cobrando la renta de inserción y el ingreso mínimo, y yo misma devolví lo cobrado de más, unos 3.000 euros, porque quería evitar problemas", añade la afectada.
La afectada recurre a la via judicial
De esta forma, la mujer se pregunta el motivo de esta decisión, ya que la ayuda había sido concedida y posteriormente ratificada en 2022.
Es por ello que, tras la negativa de la Seguridad Social, esta mujer acudirá a los tribunales a mediados de junio para solucionar su problema derivado del ingreso mínimo vital .
En todo caso, la demanda aún continua en proceso de investigación, por lo que la afectada tendrá que demostrar los posibles errores de la Seguridad Social si pretende evitar la deuda.
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