ENERGÍA
La reforma legal del Gobierno para impulsar el biometano divide a las energéticas y la gran industria
Transición Ecológica prepara un decreto para promover el uso del biometano imponiendo cuotas mínimas en las ventas de gas natural cada vez mayores año a año

Planta de biometano / Agencias

El Gobierno ha emprendido una reforma legal para dar un impulso a la producción y la utilización del biometano. El Ministerio para la Transición Ecológica prepara un real decreto que plantea la imposición de una cuota mínima anual de uso de biometano en las ventas de gas natural o gas natural licuado. Una cuota que será obligatoria a partir de 2028 y que irá creciendo cada año para elevar la presencia del gas verde en el mercado español.
El sistema gasista cada vez produce y utiliza más biometano según van conectándose nuevas plantas. Pero en los últimos doce meses el consumo de biometano fue de algo menos de 504 gigavatios hora (GWh), casi un 18% más que en el año anterior, pero apenas un 0,15% de la demanda total de gas de la economía española.
El proyecto de real decreto del Gobierno plantea que una cuota mínima obligatoria del 0,5% del total de la demanda de gas ya en 2028 e ir elevándola progresivamente hasta llegar al 6% en 2035. De acuerdo con la demanda de gas natural estimada para 2035, esa cuota mínima de biometano equivaldría a un consumo de 10.000 GWh, veinte veces más que actualmente.
Productores vs. consumidores
La fórmula elegida por el Ejecutivo ha provocado un choque entre las energéticas y la gran industria. Sedigás, la patronal de las gasistas y una de las voces que con más insistencia ha defendido durante años la necesidad de dar un empujón regulatorio al biometano, considera que el nuevo sistema de cuotas mínimas es “un avance positivo” y que supondrá “un elemento tractor del despliegue de esta tecnología al proporcionar una señal de demanda a medio y largo plazo”. La asociación de las gasistas cree que el uso obligatorio de biometano “contribuirá a dinamizar las inversiones en nuevos proyectos al dotar al sector de un marco regulatorio que ofrece mayor previsibilidad”.
La gran industria española, por el contrario, teme que la imposición de un porcentaje obligatorio de biometano suponga para las compañías un aumento de los costes (el biometano de momento es más caro que el gas natural). “Es fundamental que el despliegue del biometano se articule de manera que resulte competitivo y asequible para la industria, garantizando al mismo tiempo la viabilidad de los sectores productivos y su capacidad de seguir contribuyendo al crecimiento económico”, sostiene la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, un lobby que agrupa a las patronales nacionales del automóvil, petroleras, sector del papel, siderurgia, alimentación, cemento o materias primas minerales.
La organización alerta de los “efectos no deseados” que supondrían las cuotas obligatorias de biometano sobre los costes operativos de las industrias, y por eso defiende que la vía idónea para impulsar los gases verdes sea la de dar facilidades y ayudas para utilizarlo. Por eso, la Alianza propone “priorizar los mecanismos orientados al desarrollo de la oferta y el impulso de la inversión”. Esto es, “los instrumentos basados en incentivos pueden contribuir de forma más eficaz a acelerar el despliegue de este gas renovable, favoreciendo su adopción progresiva por parte de la industria en un entorno de mercado estable”.
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