Pensionistas
El Tribunal Superior de Justicia obligará a una mujer a devolver 22.918 euros de una pensión por tener al hijo empadronado en casa
El caso pone el foco en cómo determinados cambios administrativos o de convivencia pueden afectar a algunas prestaciones y ayudas económicas
Un jubilado percibe una pensión de 900 euros al mes después de 22 años trabajando: "Me hicieron la jubilación de acuerdo a lo aportado"
Imagen de una mujer jubiladas.
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Por qué confiar en El Periódico El caso pone el foco en cómo determinados cambios administrativos o de convivencia pueden afectar a algunas prestaciones y ayudas económicas
El empadronamiento acabó siendo decisivo en este caso. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha respaldado la retirada de una pensión no contributiva a una mujer que la percibía desde 2015, al considerar que la situación económica del hogar ya no cumplía con los requisitos exigidos.
La clave estuvo en que su hijo figuraba empadronado en la vivienda desde 2020. Al contabilizarse ambos como unidad económica de convivencia y tenerse en cuenta los ingresos del hijo, se superó el límite establecido para mantener la prestación. Como consecuencia, la justicia confirmó la decisión administrativa y la afectada deberá devolver 22.918 euros.
Ahora le tocará devolver una cantidad impresionante de dinero
Según recoge la sentencia, la mujer cobraba esta pensión desde 2015 al cumplir los requisitos de edad y falta de ingresos. No obstante, una revisión posterior detectó que su hijo figuraba empadronado en la misma vivienda desde 2020, un detalle que terminó cambiándolo todo.
La Administración interpretó que, al compartir domicilio oficial, debían tenerse en cuenta los ingresos de la unidad de convivencia. Esa suma superaba el límite establecido para mantener la ayuda, por lo que decidió extinguir la pensión y reclamar las cantidades percibidas desde entonces: 22.918 euros en total.
La situación comenzó a aclararse después de una revisión de datos llevada a cabo por la Administración de los Servicios de la Junta de Castilla y León en 2023. Ese cruce de información permitió confirmar que el hijo figuraba inscrito en la misma vivienda, un detalle que terminó siendo clave para el caso.
A partir de ahí, la Administración consideró que la pensión dejaba de ajustarse a los requisitos económicos exigidos, al tener en cuenta la convivencia y los ingresos compartidos dentro de la misma unidad familiar.
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