El transporte público necesitará más de 12.000 millones al año hasta 2030 para renovar flotas y cubrir el aumento de costes

El transporte público urbano y metropolitano necesitará más de 12.000 millones de euros anuales hasta 2030 para afrontar el aumento de los costes operativos, ampliar la capacidad del servicio y avanzar en la renovación de las flotas hacia vehículos de cero emisiones.

Así lo recoge el informe 'El transporte público en 2030: necesidades de inversión y financiación', elaborado por Analistas Financieros Internacionales para la asociación de empresas de transporte público urbano y metropolitano ATUC. El estudio advierte de que el sector encara una nueva etapa marcada por el incremento de la demanda, las exigencias normativas de descarbonización y la necesidad de reforzar sus infraestructuras.

Del total estimado, 8.800 millones de euros anuales corresponderían a costes operativos. ATUC prevé que estos gastos aumenten un 44% en los próximos años, en un contexto en el que el transporte público deberá absorber una parte creciente de los desplazamientos que actualmente se realizan en vehículo privado.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima fija como objetivo que el 35% de los pasajeros por kilómetro que hoy se desplazan en vehículo privado pasen al transporte público antes de 2030. Según las estimaciones recogidas en el informe, este trasvase implicaría un aumento del 36% en los usuarios de autobús y del 50% en los de metro.

A este crecimiento previsto se suma el impacto del aumento de la población, especialmente en las áreas urbanas, y el auge del turismo. España cerró 2025 con cerca de 97 millones de visitantes y las previsiones apuntan a que el país podría aproximarse al umbral histórico de los 100 millones.

Más infraestructuras

En paralelo, el sector requerirá 3.300 millones de euros anuales en inversiones para ampliar la capacidad del servicio y sustituir la flota actual. Esta cifra incluye también el despliegue de infraestructuras de carga asociadas a la electrificación, con una estimación de un punto de carga por cada autobús.

ATUC considera que este nuevo escenario exige una mayor implicación financiera de la Administración General del Estado. La asociación recuerda que el transporte público registra alrededor de 4.800 millones de viajes al año, frente a los 40 millones de pasajeros de la alta velocidad, y que uno de cada dos ciudadanos utiliza alguna modalidad de transporte público.

Actualmente, según la entidad, el Estado financia solo el 5% del sistema. ATUC plantea elevar esa aportación hasta el 25%, dentro del marco del Fondo Estatal de Contribución para la Movilidad Sostenible, previsto en la Ley de Movilidad Sostenible. Este fondo permite una cobertura estatal de hasta el 50%, aunque la asociación considera suficiente alcanzar una cuarta parte de la financiación total para lograr un reparto más equilibrado entre Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos e ingresos por billetes.

Los ingresos tarifarios representan hoy el 37% de la financiación del sistema. El resto recae principalmente en comunidades autónomas y municipios, que son las administraciones que sostienen buena parte de los servicios urbanos y metropolitanos. Para ATUC, el desarrollo normativo y presupuestario del fondo estatal será clave para garantizar una financiación estable y equitativa.

Renovación tecnológica

El informe también subraya el reto de la renovación tecnológica de las flotas. La normativa europea y española sobre contratación pública de vehículos limpios eleva las exigencias para el periodo 2026-2030: el 65% de las compras deberán corresponder a vehículos limpios y el 32,5% a vehículos de cero emisiones. En el periodo 2021-2025, esos umbrales eran del 45% y del 22,5%, respectivamente.

El esfuerzo será significativo para los operadores, ya que la flota actual sigue dominada por vehículos de combustión y gas, que representan el 69% del total. Los híbridos suponen el 18% y los vehículos de cero emisiones, el 13%.

Para financiar esta transformación, ATUC apunta al nuevo sistema europeo de comercio de emisiones ETS2, que pondrá precio al CO2 en los sectores del transporte y la vivienda y cuya entrada en vigor se ha aplazado hasta enero de 2028. La asociación propone que una tercera parte de la recaudación anual que corresponda a España se destine a las inversiones necesarias en transporte público.

Según los escenarios manejados por el sector, el ETS2 podría recaudar entre 255.000 y 483.000 millones de euros en el conjunto de la Unión Europea. España tiene asignado el 10,52% de esos fondos. Si se destinara un tercio de la recaudación española al transporte público, la cobertura de las inversiones necesarias oscilaría entre el 50% en el escenario más pesimista y el 90% en el más optimista.

El secretario general de ATUC, Jesús Herrero, ha señalado que el periodo 2026-2030 no representa solo un horizonte de nuevas obligaciones normativas, sino también una oportunidad para consolidar un modelo de movilidad más eficiente en las ciudades. A su juicio, el sector necesita una financiación “estable, coherente y previsible” que permita activar los instrumentos necesarios para cumplir los objetivos de transición ecológica.

Herrero ha defendido que el transporte público debe ser considerado una infraestructura crítica, tanto por su papel como servicio público esencial como por su contribución a la reducción de emisiones y a la transformación de la movilidad urbana.

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