Tecnio reclama 40 millones a la Generalitat hasta 2030 para duplicar el número de empresas salidas de la universidad

Con 10 millones de euros anuales de presupuesto público, Tecnio se ve capaz de duplicar el número de empresas científicotecnológicas que se han constituido a través suyo (unas 20, en los últimos cinco años) o el volumen de patentes registradas y explotadas (un centenar), así como multiplicar la cantidad de doctores transferidos al tejido empresarial (casi 290). Esta inyección sostenida hasta 2030 equivaldría a 40 millones de euros y generaría una riqueza para Catalunya de 350 millones de euros. Así lo ha expuesto recientemente la asociación en el Parlamento catalán en una comparecencia organizada, según ha podido saber EL PERIÓDICO, para reivindicar su modelo y señalar la burocracia y falta de financiación que lo están lastrando.

Tecnio es, en origen, un sello que ideó la Generalitat allá en los 2000 para identificar a aquellos centros de investigación o grupos dentro de las universidades que tenían experiencia trabajando con empresas. La administración pública pedía evidencias como disponer de un plan estratégico en ese sentido, la facturación agregada de toda la investigación convertida en empresa o los ingresos de todos los inventos que habían ayudado a desarrollar, y, a cambio, hacía de estos centros una referencia para aquellas empresas que necesitaran innovar a través de la universidad.

Y la cosa funcionó, hasta que hubo quien se dio cuenta de que funcionaría mucho mejor si todos los centros con sello Tecnio estuviesen, además, coordinados entre sí. Sobre todo al irse diluyendo la financiación que iba asociada el proyecto. “Vimos claro que nos teníamos que juntar”, recuerda Santiago Royo, presidente de la asociación constituida finalmente en 2021.

Ahora cuentan con estatutos, casi 80 socios (entre centros de investigación y grupos de universidades catalanas) que pagan una cuota fija, y tienen presidente y director general (Manuel Palacín). Se saben, además, plenamente alineados con lo que buscan Generalitat, Gobierno de España y Comisión Europea: que la innovación pase de mero proyecto a negocio funcional o producto real para hacer al continente lo más independiente posible de Estados Unidos y China.  

Lo que les falta, según reivindican, es una estructura de dependencia gubernamental más clara (se sienten a caballo entre la conselleria d’Empresa y la de Recerca i Universitats), que haya presupuestos y, dentro de los mismos, un “presupuesto basal”.

Las consecuencias de la inversión

Si en el próximo lustro contaran con 40 millones de euros de financiación fija que –dicen– destinarían a hacer búsqueda activa de proyectos, desarrollarlos o a contratar a quien se ocupara de todo esto en cada uno de los centros, arrastrarían 80 millones de euros de inversión privada. Eso se convertiría en 350 millones de euros de retorno directo a las empresas. Es decir, riqueza para la comunidad. Calculan que pueden llevar a cabo 800 nuevos proyectos de i+D, transferir 400 trabajadores especializados a la industria, registrar unas 200 patentes y generar 40 nuevas ‘spinoffs’ hasta 2030.

De todos modos, lo que subrayan con insistencia Royo y Palacín es que no son una oficina de transferencia tecnológica más: “La creación de las 'spin-off' es una vía importante de lo que hacemos, pero el gran grueso viene de la colaboración entre el grupo de investigación técnico y la empresa”, se explayan.

Con esta estrategia acumulan 360 millones de euros de facturación agregada en los últimos cinco años entre los 143 millones que vienen de contratos directos (la empresa que se acerca a un centro Tecnio para materializar una idea innovadora) y los más de 200 millones que vienen de proyectos que cuentan con algún tipo de apoyo financiero público.

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