El retorno de la política industrial

La transición energética afecta a todo el conjunto de la actividad económica, por supuesto al sector energético, pero también y de forma muy especial a la industria. La necesidad de disponer de las tecnologías necesarias para el despliegue de energías renovables y de materias primas fundamentales para el propio sector energético y otros sectores estratégicos han llevado a la UE a ampliar el enfoque de la transición energética al sector industrial. El objetivo es aumentar el peso del sector industrial dentro de un proceso de descarbonización y de desarrollo sostenible.

La llamada industria verde depende mayoritariamente de tecnologías y materias fundamentales procedentes de un solo proveedor -China-, lo que supone una contingencia en la seguridad del suministro y en las cadenas de valor de la industria europea, especialmente en un entorno global con actores desleales a las reglas del mercado y de la competencia. El riesgo de una excesiva dependencia de la economía europea frente a la concentración de uno o pocos oferentes se puso de manifiesto con la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Europa sufrió una grave crisis de suministro de gas, aumento de precios, y un profundo deterioro de gran parte de las economías europeas, siendo España una excepción.

Pérdida de competitividad

A lo largo de este siglo, la convergencia del PIB per cápita de la UE respecto a EEUU se revierte ligeramente por una menor tasa de crecimiento del PIB; esta pérdida de competitividad de Europa se explica por el estancamiento de su productividad frente al dinamismo estadounidense, dado el menor peso de industrias punteras como las de digitalización, inteligencia artificial (IA), biotecnología y sectores de alto valor añadido. La menor inversión en I+D es una de las causas de esta brecha.

Las contundentes conclusiones de los informes de Mario Draghi y Enrico Letta respecto a pérdida de competitividad de la economía europea han sido decisivas para que la Comisión Europea actúe con una innovadora política industrial.

El plan industrial del Pacto Verde, aprobado en 2024, primer paquete de medidas de política industrial, acogido muy favorablemente, se reforzó con la Declaración de Amberes, donde las empresas industriales europeas y las organizaciones sociales acuerdan con la Comisión Europea la urgencia de fijar objetivos más ambiciosos y una estrecha colaboración público-privada.

El impulso a una industria competitiva se materializa a través de un amplio marco legislativo aprobado en un corto periodo de tiempo. Se despliega un conjunto de actuaciones para el fomento de una industria innovadora, una ley de materias primas fundamentales para reforzar la soberanía de los mercados europeos, reducción de costes de la energía y mejora de la financiación, capacidades laborales y comercio exterior. La más reciente propuesta presentada por la Comisión Europea es la ley de aceleración industrial, cuyo objetivo es reforzar la base industrial europea y acelerar su descarbonización, especialmente en sectores estratégicos. Es la propuesta más ambiciosa en décadas y consolida el retorno de la política industrial.

La colaboración público-privada es el eje vertebrador de estas políticas, tanto por la necesidad de compartir objetivos como recursos financieros. El volumen inversor es de tal magnitud que deben sumarse todos los esfuerzos privados y públicos. La Comisión Europea ha puesto en marcha las ayudas estatales del Pacto por una Industria Limpia, el Banco de Descarbonización Industrial y más adelante el Fondo Europeo de Competitividad, enfocado a garantizar las cadenas de suministro seguras, la innovación y liderar la rivalidad competitiva de las tecnologías limpias, digitales e inteligentes.

Esta nueva política industrial europea se plantea como objetivo alcanzar, a través de la innovación, un sistema industrial no contaminante, con una nueva organización de los procesos productivos dando cabida a la economía circular, capacidad de creación de empleo verde, menores asimetrías territoriales mediante la aglomeración de economías externas locales y apoyo público para eliminar las barreras de entrada para las pequeñas y medianas empresas.

Estado facilitador

Para conseguir este propósito, se crean nuevos mercados líderes a nivel global, vinculados a las tecnologías limpias, y se da un papel muy relevante a la capacidad de la demanda para descarbonizar los sectores contaminantes y dinamizar nuevas actividades. Destaca la contratación pública, condicionada al cumplimiento de criterios de descarbonización, de innovación tecnológica y de soberanía del mercado europeo.

Este enfoque de la política europea descansa en las contribuciones de grandes economistas, como Daron Acemoglu y Philippe Aghion -ambos galardonados con el Premio Nobel-, Dani Rodrik y Mariana Mazzucato, quienes, junto a otros, defienden -desde diferentes perspectivas- que la autoridad pública debe intervenir para fomentar la innovación y la competencia, no para sustituir al mercado ni para proteger sectores ineficientes. Este enfoque, llamado de intervención pro-competencia o Estado facilitador de la innovación, es el nuevo camino de la política industrial europea.