La normativa ambiental de la UE pone a la cerámica entre la espada y la pared

La UE es la zona del mundo más comprometida en la lucha contra el cambio climático. Su objetivo más ambicioso es lograr la suma de cero emisiones de gases de efecto invernadero en el horizonte de 2050. Para que esto no se quede en una mera declaración de intenciones, desde hace años se aplican reglamentaciones con sus correspondientes costes. Una de las que afectan directamente a las industrias es el sistema de comercio de emisiones de CO2.

Creado hace dos décadas, este método marca un tope para emitir a la atmósfera. Si una industria se excede, debe pagar por ellas en un mercado cuyo precio fluctúa en función de las compras y ventas de derechos. La Comisión Europea establece unos márgenes gratuitos, que periódicamente se revisan y que son cada vez más restrictivos. La propuesta más reciente de Bruselas prevé fuertes reducciones de las asignaciones gratuitas de derechos de emisión, lo que implica que las empresas deben abonar más por el CO2. Algo que afecta a los márgenes de resultados y que supone una pérdida de competitividad respecto a otras zonas productoras, donde no existen sistemas similares.

Uno de los sectores más perjudicados por la revisión es la cerámica, que en España se concentra en la provincia de Castellón. Se contempla una reducción del 34% para el periodo 2026-2030. Esto implica un sobrecoste para las firmas azulejeras de entre 109 y 163 millones de euros anuales, según cifras aportadas por la patronal de esta industria, Ascer. Unas cifras que supondrían la caída del margen de beneficio sectorial en más de un 50%.

«Un palo gordo»

El grupo que produce más cerámica en Europa es Pamesa. Su presidente, Fernando Roig, presentó recientemente los resultados de 2025. La producción y las ventas se mantuvieron estables respecto al ejercicio anterior, pero el beneficio bajó de 114 a 101 millones de euros. En el desglose de las cuentas se aprecia que en 2024 se pagaron 12,7 millones de euros en concepto de derechos de emisión de CO2, mientras que un año más tarde se duplicó esta cantidad, con 25,2 millones.

Con la actualización de criterios de Europa, a Pamesa le tocará «una parte importante» de este futuro sobrecoste, apuntó, y añadió que las pretensiones de Bruselas son «un palo gordo para la cerámica de España y de Italia». Ante situaciones como esta, Roig advirtió de que los próximos años «serán complicados» para un sector que emplea directamente a unas 20.000 personas en la provincia, el 13% de toda la ocupación industrial de la Comunidad Valenciana, pero que tiene un impacto sobre 70.000 personas en puestos de trabajo indirectos.

Una de las firmas más veteranas del triángulo azulejero de Castellón es Grespania. La directora de filiales del grupo, Claudia Hernández, afirma que el mercado de emisiones europeo «es un absurdo, que pone en peligro a un activo industrial fundamental para el continente, y que generará destrucción de empleos y de patrimonio productivo en las zonas de España e Italia donde está concentrado». Y recuerda que las instalaciones de fabricación de cerámica de esta provincia son las más avanzadas en Europa. Si los costes del sistema de emisiones perjudican a las empresas locales, se beneficiarán factorías extracomunitarias, menos modernas y con un impacto global sobre la contaminación mucho mayor. «Cosas como estas ocurren cuando se legisla a espaldas de lo que los ciudadanos necesitan», recalca.

Las empresas de menor tamaño están exentas de participar en el mercado de emisiones, pero esta situación les puede afectar de manera indirecta. Raúl Carnicer es el director general de la compañía Cevica. «Los que no alcanzamos cierto volumen de producción estamos exentos, pero en nuestro caso trabajamos también para grupos más grandes, y si estos tienen que subir precios y perder clientes por esta circunstancia, nosotros tenemos menos contratos», detalla. Además, se contempla que en el futuro también paguen los actores pequeños del azulejo. Un coste adicional que no solo llegará a través del propio mercado de emisiones, sino también en forma de burocracia y personal especializado. Un lastre más, que sucede a años especialmente convulsos para las fábricas, afectadas por el covid, la inflación y la batalla arancelaria de Donald Trump.

Petición de prórroga

La inquietud no solo se queda en los productores de cerámica, sino también entre las empresas auxiliares. Uno de los sectores más potentes es el de la fabricación de esmaltes y colores para esta industria. Vicente Bagán es el vicepresidente del principal grupo español, Altadia. Recientemente ha asumido la presidencia de la patronal de este segmento, Anffecc. Las esmalteras emplean el gas natural para realizar procesos como la fusión de fritas, y «si ahora hay que pagar más dinero por los derechos de emisión, que además están sujetos a especulación, habrá una pérdida de competitividad», asegura. Incluso apunta a un posible fenómeno de deslocalizaciones, de modo que las empresas producirán en otras partes del mundo. Los costes para las firmas de esmaltes alcanzarían unos 55 millones de euros durante el próximo quinquenio, si se cumplen las pretensiones de Bruselas.

Desde otra empresa de este sector, Vidres, Pascual Font de Mora reclama «una prórroga» en las ambiciones climáticas de la UE. «Tenemos claro que se debe cuidar el medio ambiente, pero no está en nuestra mano crear combustibles sustitutivos», prosigue. Anffecc impulsó un innovador programa piloto, con el que demostró que se puede sustituir el gas por el hidrógeno de origen renovable para fundir fritas. Font de Mora apunta que los costes de fabricación y la escasa disponibilidad de hidrógeno los dejan «fuera del mercado»: «Es como una losa que nos resta oportunidades y futuro en Europa, mientras a solo 200 kilómetros, en Argelia, el cargo por las emisiones es cero».

Desde hace meses, las agrupaciones empresariales, la Generalitat valenciana y el gobierno de la región italiana de Emilia-Romagna han impulsado diferentes iniciativas para tratar de lograr un cambio de planteamiento en la Comisión Europea. Reclaman que la cerámica tenga un apartado específico dentro de la regulación comunitaria que tenga en cuenta sus particularidades. El 11 de mayo se publicaron las propuestas de actualización de los valores de referencia para fijar las asignaciones gratuitas, pero no se ha conseguido ningún cambio. Pese a ello, el propio ejecutivo comunitario reconoció que en julio se prevé un cambio en el actual marco normativo «con el que se busca garantizar que el régimen siga siendo adecuado para el futuro y siga apoyando a la industria europea en su transición hacia la descarbonización». El Gobierno italiano es uno de los más activos en la petición de estos cambios. Por ahora, se desconoce la postura oficial de España. «No sé si no tenemos bastante fuerza política o si no se hace caso al sector», plantea Roig.

La fuerza de la unión

Para hacer más presión, el 18 de mayo fueron los sindicatos más representativos en el sector cerámico, UGT y CCOO, los que se unieron al manifiesto defendido desde las regiones de Valencia y Emilia-Romagna. De esta manera, se alinearon los representantes de los trabajadores, la patronal y la Administración autonómica. Quieren transición energética, pero adaptada a los tiempos, y más inversiones para encontrar métodos de fabricación que sean sostenibles para el medio ambiente y para las arcas de las empresas.

Entre las cuestiones que deberían resolverse está el carácter especulativo que tiene el mercado de emisiones. Si hace una década se abonaban menos de seis euros por tonelada de CO2, en 2023 los costes se dispararon hasta los 83,5 euros. Fue un efecto colateral del incremento de los precios energéticos tras el estallido de la guerra en Ucrania. Hubo un respiro en 2024, con 65 euros, mientras que en el transcurso de 2026 ha escalado hasta los 75 euros. Según datos de Ascer, la factura de CO2 para el sector cerámico en 2020 fue de 11 millones de euros. En 2024, se multiplicó hasta los 37 millones, y se espera que el dato final de 2025 sea también abultado, incluso antes de la controvertida revisión para 2026-2030.

Al hilo de esta recaudación, las empresas consultadas se preguntan a qué se destina este dinero. Afirman que los importes podrían servir a la hora de avanzar en innovaciones para la descarbonización. Solo hay una firma que cuenta en estos momentos con un horno eléctrico para fabricar cerámica. Es Equipe. Su CEO, Rogelio Vila, afirma que es más eficiente que uno de gas, y apunta las numerosas ventajas de este sistema. Pero es pequeño, con una capacidad de fabricación sensiblemente inferior a la de un horno de gas. Hay otro inconveniente de calado: la red de distribución eléctrica de Castellón no está preparada para enchufar a la red una gran cantidad de hornos eléctricos, que deben alcanzar altas temperaturas de forma sostenida, más de 1.200 grados. De hecho, en estos momentos, la saturación de la red en la provincia es del 99%. Hay que invertir más y agilizar los trámites para evitar un cuello de botella en la distribución energética.

Volviendo a Pamesa, Roig asume la necesidad de reducir estos sobrecostes de la UE a través de la electrificación. Espera contar, a partir del verano, con su primer horno eléctrico, y este año está inmerso en una inversión de 74 millones de euros para aumentar su capacidad fotovoltaica. Un plan que incluye el almacenamiento de esta energía solar a través de baterías. «Estamos dirigiendo todas nuestras inversiones a tener menos coste energético, ser más sostenibles y emitir menos CO2». La industria está dispuesta a dar el paso, pero también espera que Bruselas adopte unos plazos realistas para evitar el descalabro del sector. Algo que aprovecharían rivales como la India y Turquía, donde no hay mercados de emisiones y las empresas no deben pagar por contaminar.

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