El Govern mantiene un presupuesto de casi 50.000 millones y reserva 900 millones para cumplir con ERC

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha vuelto a presentar este viernes en el Parlament su proyecto de presupuestos, con una capacidad de gasto de casi 50.000 millones de euros. Los mismos que dispuso hace tres meses, cuando ERC le obligó a retirar las cuentas, y que ahora le aprobará. Unas nuevas cuentas para descongelar las vigentes, que llevan tres años prorrogadas, y que serán el pilar de gobierno de Salvador Illa durante la legislatura.

La consellera de Economia, Alícia Romero, ha librado a la Cámara catalana un proyecto prácticamente idéntico al que presentó en febrero, con una cifra de gasto igual, que aspira a ampliar para atender imprevistos -como la huelga de docentes- si la economía siga creciendo. Los republicanos han podido escoger dónde asignar casi 900 millones de euros en esta última negociación, una cantidad que Romero ya les había guardado hace tres meses, pero que los de Oriol Junqueras habían rehusado pactar.

ERC acepta hoy el mismo presupuesto, en capacidad de inversión, que el que le pusieron delante hace tres meses, y los 'triunfos' que ha logrado son infraestructuras y reformas prometidas por el Estado, como en su día fue la recaudación del IRPF, en un pacto político que va en paralelo a los números y que fue sancionado en una comisión bilateral entre la Generalitat y el Gobierno.

El Ejecutivo catalán ha planteado unos presupuestos que prevén unos ingresos de 49.162 millones de euros, los mismos que contemplaban en primera vuelta y un 10% más que en los últimos aprobados. En ese sentido, no hay diferencias, dado el límitado margen que tenía el Govern por las reglas de gasto, y los socialistas fían todo margen de reacción ante imprevistos a que la economía siga creciendo y ello les permita recaudar más.

La conselleria de Economia no ha querido modificar el esqueleto de sus cuentas, ni siquiera para adaptarlo a un escenario que, en solo un trimestre, ha cambiado sustancialmente. La geopolítica se ha acostumbrado a acelerar los tiempos en un abrir y cerrar de ojos y en febrero, cuando el Govern retiró sus cuentas, aún no se había desatado la guerra de Irán, cuyas afectaciones parecen seguras, pero de dimensión imprevisible.

De momento, la inflación ha vuelto a repuntar, lo que de forma inmediata ya requiere un mayor desembolso en los contratos públicos, por ejemplo. A medio plazo, una mayor inflación intensifica la posibilidad de que el Banco Central Europeo (BCE) suba los tipos para atajarla. Y, si suben los tipos, subirá el gasto que dedica la Generalitat cada año a pagar deuda y que en este ejercicio consumirá un total de 1.616 millones de euros, cifra récord y que triplica, por ejemplo, la partida destinada a ayudar a encontrar trabajo a los 314.000 catalanes que están en paro.

No obstante, esa hipotética subida de tipos será un problema de la Generalitat del futuro y, hasta, como pronto, el año que viene, no tendrá impacto presupuestario. Actualmente, los catalanes deben 84.119 millones de euros, el equivalente a casi dos años completos de presupuesto.

Sin refuerzos para los docentes

En clave interna, los presupuestos no contemplan refuerzos especiales para zanjar la huelga de docentes actualmente en curso. El Govern busca un acuerdo con Ustec y el resto de sindicatos en pie de guerra, que piden mejoras salariales, más plazas y que todo sea de aplicación inmediata. De alcanzarse un acuerdo, las arcas públicas deberán costearlo o bien a costa de los mayores ingresos previstos o bien a costa de quitar dinero de otros departamentos.

La conselleria de Economia da por seguro que la recaudación subirá, con la economía en auge pese a la desaceleración global. Los ingresos no financieros presupuestados serán de 48.231 millones de euros, un 28% más respecto al presupuesto de 2023. El déficit esperado para este año, en consecuencia, estará en el 0,1%, igual que el año pasado y a su menor nivel en décadas.

El pacto con Esquerra

La principal diferencia entre el fallido presupuesto de febrero y el actual reside en cómo se repartirán los casi 900 millones de euros que la consellera Romero había reservado para negociar con ERC. ¿A qué irán esos millones? A costear, por ejemplo, medidas como el 'Pla de Pobles', que reforzará los barrios de los municipios pequeños.

Y es que los grandes acuerdos que ERC ha cerrado con el PSC para validar las cuentas, como la reforma de la gobernanza del Consorci de la Zona Franca, la sociedad mercantil que gestionará las inversiones del Estado en infraestructuras o la nueva línea de tren orbital, no pivotan sobre los presupuestos de 2026.

De hecho, los socialistas aprueban ahora unas cuentas públicas, pero fían varios de sus proyectos iniciados a futuros presupuestos, lo que condiciona a ERC y los Comuns a mantener su apoyo al Govern en futuras votaciones si quieren que lo pactado se cumpla. Desde la conselleria de Economia calculan que proyectos pactados con sus aliados por un valor total de 4.693 millones de euros están presupuestados a cuatro años vista.

Los presupuestos han entrado este viernes en el Parlament y el Govern prevé que estén en vigor el 2 de julio. Ello supondrá un reto para los diferentes departamentos, pues deberán ejecutar en seis meses lo que en condiciones normales -o al menos como insta la ley- deberían ejecutar en 12 meses.

Suscríbete para seguir leyendo