La derrama puede llegar a los 40.000 euros: los ascensores entran en una nueva etapa de inspecciones

Los ascensores han dejado de ser un lujo para convertirse en una necesidad diaria, sobre todo en bloques de pisos con personas mayores, familias con niños o vecinos con problemas de movilidad. En España, según la Federación Empresarial Española de Ascensores (FEEDA), el parque de ascensores ya alcanza los 1.199.896 aparatos, con datos consolidados a 31 de diciembre de 2024. Catalunya es la comunidad con más ascensores del Estado, con 215.374 unidades, por delante de Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana.

La demanda no deja de crecer, porque cada vez más comunidades quieren adaptar edificios antiguos a las necesidades actuales. La propia FEEDA defiende que “el ascensor no es un lujo, es un medio de transporte necesario”. Pero esta necesidad ahora llega acompañada de otra obligación: revisar si los aparatos cumplen la nueva normativa de seguridad.

¿Cómo se puede pedir un ascensor en la comunidad?

Cuando una comunidad no tiene ascensor y un vecino quiere instalar uno, el primer paso es pedir que el tema se incluya en el orden del día de la junta de propietarios. La Ley de Propiedad Horizontal establece que la instalación de un ascensor para eliminar barreras arquitectónicas requiere el voto favorable de la mayoría de los propietarios, que también deben representar la mayoría de cuotas de participación.

Ahora bien, hay casos en los que la comunidad no puede mirar hacia otro lado. Si lo pide una persona con discapacidad o mayor de 70 años, la ley considera obligatorias las obras de accesibilidad, incluida la instalación de rampas, ascensores u otros dispositivos, siempre que el coste anual repercutido, una vez descontadas las ayudas públicas, no supere las doce mensualidades ordinarias de gastos comunes.

La nueva normativa que pone el foco en la seguridad

El gran cambio llega con el Real Decreto 355/2024, aprobado el 2 de abril, que regula la nueva ITC AEM 1 Ascensores. El BOE recoge que esta instrucción afecta a la puesta en servicio, las modificaciones, el mantenimiento y las inspecciones de los ascensores, así como al incremento de la seguridad del parque existente.

El Ministerio de Industria y Turismo también incluye esta norma dentro del marco reglamentario de los aparatos de elevación y manutención, y el Gremi Empresarial d’Ascensors de Catalunya recuerda que la entrada en vigor de la nueva ITC AEM 1 se produjo el 1 de julio de 2024.

En la práctica, esto quiere decir que muchas comunidades tendrán que adaptar sus ascensores cuando se detecte que no cumplen los requisitos técnicos. No se obliga a cambiar todos los ascensores de golpe, pero sí a corregir las carencias cuando aparezcan en una inspección, en una reforma importante o en una incidencia de seguridad.

Los puntos clave son la precisión de parada para que la cabina quede bien nivelada con el rellano, la protección contra el cierre de puertas, la instalación de un sistema de comunicación bidireccional para pedir ayuda en caso de quedar atrapado, el control de sobrecarga y la sustitución de elementos antiguos como determinadas guías de madera o cilíndricas.

¿Cada cuánto deben pasarse las inspecciones?

La normativa mantiene una periodicidad diferente según el tipo de edificio. Los ascensores en edificios industriales o de pública concurrencia deben inspeccionarse cada dos años. Los instalados en edificios de más de veinte viviendas o con más de cuatro plantas servidas, cada cuatro años. El resto, cada seis años.

Además, el titular del ascensor —normalmente la comunidad de propietarios— es responsable de tener contratado un servicio de mantenimiento, conservar la documentación y contratar la inspección reglamentaria cuando corresponda. La norma también establece que la inspección periódica no puede ser contratada por la empresa conservadora.

¿Cuánto puede costar adaptar un ascensor?

El coste dependerá del estado del aparato. Si solo hacen falta ajustes menores, la reforma puede rondar los 1.000 euros. Pero si el ascensor es muy antiguo y necesita una actuación profunda, la factura puede dispararse hasta los 40.000 euros, según las estimaciones recogidas en el texto original.

Este es el punto que más preocupa a las comunidades: la posible derrama. Y no es un problema menor, porque una parte importante de los ascensores en servicio tienen muchos años. Según la información sectorial citada por la FEEDA, el envejecimiento del parque supone un reto en términos de seguridad, eficiencia y accesibilidad.

¿Hay ayudas para pagar estas obras?

Sí, pero dependen de la convocatoria, del municipio y del tipo de actuación. En Catalunya han existido líneas de ayudas para la instalación de ascensores y la supresión de barreras arquitectónicas. En convocatorias de la Agència de l’Habitatge de Catalunya, la instalación de ascensores en edificios plurifamiliares podía subvencionarse en un 45%, y la creación de un itinerario practicable con ascensor podía llegar al 60%.

También hay programas municipales o metropolitanos, como los del Consorci de l’Habitatge de Barcelona o el Consorci Metropolità de l’Habitatge, que en diferentes convocatorias han incluido actuaciones de accesibilidad, instalación de ascensores o eliminación de barreras arquitectónicas. Lo más recomendable es que la comunidad consulte la oficina local de vivienda, el administrador de fincas o la Agència de l’Habitatge antes de aprobar una derrama.

En definitiva, la nueva normativa pone deberes a miles de comunidades: revisar, adaptar y modernizar los ascensores antiguos. Puede suponer un gasto importante, pero también busca evitar accidentes, mejorar la accesibilidad y garantizar que un elemento tan cotidiano como el ascensor siga siendo seguro para todos los vecinos.