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Función Pública

Catalunya sacará una oferta récord de 540 plazas para secretarios e interventores municipales: 2 de cada 3 pueblos no tienen

El conseller Dalmau anuncia que el Govern aprobará la oferta de empleo pública el próximo martes en Consell Executiu

La Generalitat seleccionará por primera vez a los nuevos secretarios e interventores municipales para paliar el déficit en cientos de ayuntamientos

El president de la Generalitat, Salvador Illa, junto al conseller de la Presidència, Albert Dalmau.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, junto al conseller de la Presidència, Albert Dalmau. / Alejandro García / EFE

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Gabriel Ubieto

Gabriel Ubieto

Barcelona
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La Generalitat de Catalunya aprobará el próximo martes una oferta de empleo público récord para secretarios e interventores municipales. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha anunciado este jueves en el Parlament que el próximo Consell Executiu dará luz verde a 540 plazas para funcionarios de la administración local con habilitación nacional, una figura clave para el funcionamiento de las estructuras municipales, pero ausente en gran parte de los pueblos y pequeñas ciudades de Catalunya, hasta el punto de que dos de cada tres municipios carecen de ella.

El año pasado, la Generalitat y el Gobierno pactaron una encomienda de gestión según la cual, por primera vez, estos funcionarios municipales no serían seleccionados por el Estado, sino por la administración catalana. La idea era aproximar el proceso selectivo al territorio para así anunciar, convocar y ejecutar con mayor celeridad las oposiciones. De esa encomienda de gestión surgió una primera convocatoria de 218 plazas, oferta que todavía está en curso y que desde el Govern prevén tener lista y con las plazas adjudicadas antes de agosto. Ahora, una vez que esta primera convocatoria está en fase final, desde el Govern aprobarán una segunda oferta, que ascenderá a 540 plazas, más del doble.

El reto es cubrir los significativos déficits de secretarios e interventores municipales. Según datos facilitados desde la Conselleria de Presidència, actualmente hay una plantilla disponible de 1.583 plazas. De estas, solo 629, el 40%, están adjudicadas a funcionarios con plaza fija. Además, hay 666 más (un 42%) que están ocupadas, pero por interinos, lo que deja a los municipios en riesgo de quedarse en cualquier momento sin funcionario o de perpetuar esta situación, incurriendo en fraude. Un tema, este último, especialmente sensible en un momento como el actual, tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo que empujaba a miles de eventuales a denunciar a la Administración y a reclamarle indemnizaciones de a partir de 10.000 euros.

Las 178 plazas restantes directamente están vacías, lo que perjudica especialmente a municipios pequeños, con menor capacidad de atracción y que suelen mancomunar entre varios a los mismos funcionarios. Según datos recopilados desde Presidència, dos de cada tres municipios en Catalunya carecen de secretario o interventor asignado. Y estas son dos figuras indispensables para el normal funcionamiento de la institución, puesto que su rol consiste en garantizar que las decisiones municipales se tramiten con legalidad, fe pública y control económico. Algunos trámites sin su sello de revisión no pueden salir adelante y su fiscalización es determinante para controlar potenciales casos de corrupción o errores.

Plan de choque

La oferta de empleo público de 540 plazas busca paliar, a medio plazo, parte de ese déficit. Esta no se traducirá directamente en una rebaja total de la temporalidad, ya que parte de los funcionarios hoy con plaza se jubilarán y existe el riesgo de que una parte de esas plazas quede desierta. Pero sí contribuirá a reducir los elevados niveles de eventualidad o ausencia.

Para darle una vuelta de tuerca adicional, desde la administración catalana han prometido destinar un presupuesto de 20 millones de euros a reforzar la cobertura en aquellos municipios más pequeños, de menos de 2.000 habitantes. El plan de la Generalitat también pasa por asesorar técnicamente, junto a las diputaciones, a aquellos consistorios pequeños y con dificultades recurrentes para lograr cubrir sus plazas.

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