Patronales y sindicatos aplauden la línea de tren orbital pero reclaman mayor inversión en todo Rodalies: "Es urgente"

Patronales y sindicatos han aplaudido el acuerdo entre el PSC y ERC para invertir 5.200 millones de euros y desplegar la nueva línea de tren orbital, pero han reclamado que eso no vaya en detrimento de mayores inversiones en la actual red de Rodalies, que debe ser la prioridad del Govern.

Los consellers de Presidència, Albert Dalmau, y de Economia, Alícia Romero, se han reunido este martes por la tarde con Foment, Pimec, CCOO y UGT para compartir con ellos las líneas maestras de sus demandas que la Generalitat planteará al Gobierno en la comisión bilateral que tendrá lugar este miércoles. En esas reivindicaciones, las patronales y sindicatos tendrán un papel asesor.

Uno de los acuerdos alcanzados entre socialistas y republicanos para desencallar las cuentas públicas pasa por recuperar un proyecto diseñado hace dos décadas -cuando PSC y ERC gobernaban en tripartito con ICV- y que pretende trazar 68 kilómetros de vía de nueva construcción para descongestionar Barcelona y conectar directamente el Vallès, el Maresme, el Penedès, el Garraf y el Baix Llobregat con una nueva malla ferroviaria.

"Valoramos positivamente que se hable de la movilidad, es una de las grandes preocupaciones de la gente trabajadora", pero "hace falta reforzar las infraestructuras que ya tenemos", ha afirmado la secretaria general de CCOO de Catalunya, Belén López.

El tren orbital es un proyecto que se irá desplegando, pero que no estará acabado hasta, como pronto, 2041. "Celebramos que se hagan infraestructuras, pero lo importante son la ejecución y los plazos", ha apuntado el vicepresidente de Foment Joan Roget.

Desde Pimec han considerado que hay otros gastos prioritarios y su presidente, Antoni Cañete, ha recordado que "hay un problema de urgencia con un cuello de botella en Tarragona". También ha reclamado iniciar cuanto antes las obras de la carretera B-40.

En el consejo asesor para las inversiones

Una queja recurrente entre la sociedad civil catalana es que el Estado presupuesta muchas inversiones en carreteras, puentes y trenes cada año, pero acaba ejecutando muy pocas. Para corregirlo, Salvador Illa y Oriol Junqueras han acordado que el Estado cree una sociedad mercantil que se encargue de ejecutar dichas actuaciones. El Gobierno transferirá anualmente una cantidad de fondos a la sociedad y esta sacará las licitaciones, velando por que se cumplan en tiempo y forma.

En dicha sociedad mercantil tendrá representación tanto la Generalitat como Gobierno y estará asesorada por un comité en el que estarán representados Foment, Pimec, CCOO, UGT y algunos "expertos", según han trasladado este martes los agentes sociales en rueda de prensa. "No nos han trasladado la letra pequeña", ha reconocido el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros.

Los presupuestos se podrían haber aprobado en febrero

Los agentes sociales han aplaudido el acuerdo entre el PSC y ERC que permitirá, una vez el Govern acabe de cerrar las negociaciones con los Comuns, tener nuevos presupuestos. Los cuatro representantes han bendecido las cuentas y los cuatro han manifestado que hubiera sido deseable haberlas tenido ya aprobadas en febrero, cuando ERC se opuso porque a Catalunya no le habían transferido la competencia para recaudar el IRPF.

"Esperamos que se puedan aprobar con la máxima celeridad posible. Hubiéramos preferido que se hubieran aprobado en febrero, pero lo importante es que haya presupuestos", ha aseverado el líder de UGT. El esfuerzo que deberán hacer los distintos departamentos para poder gastar y ejecutar de manera eficiente el total de fondos habilitados en un periodo de apenas seis meses preocupa a los agentes sociales.

Las patronales han avalado las cuentas, pero han criticado que estas no vayan a incluir ninguna rebaja de impuestos, como suelen reclamar. Y los sindicatos les han replicado que ellos hubieran querido aumentar la presión fiscal a las rentas más altas.

En lo que sí han coincidido ambas bancadas es en la inyección de 5.000 millones de euros hasta 2030 que el Govern destinará a la industria. El conseller de Empresa, Miquel Sàmper, presentó el Pacte Nacional per a la Indústria (PNI) en el Parlament con una dotación de 4.400 millones de euros, pero ya se abrió ante ERC a elevar el gasto hasta los 5.000 millones si los republicanos le aprobaban las cuentas.

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