La Generalitat aumentará un 30% sus inspectores de trabajo para perseguir los abusos en las empresas

La Generalitat de Catalunya aumentará un 30% sus efectivos en el cuerpo de la Inspecció de Treball. Un refuerzo sin precedentes para perseguir los abusos laborales en las empresas catalanas y que pretende corregir parcialmente la falta de inversión y renovación en el cuerpo inspector.

El acuerdo rubricado este martes entre el PSC y ERC para unos nuevos presupuestos contempla la incorporación de 20 inspectores y 40 subinspectores para aumentar la plantilla de la 'policía laboral' catalana. Un refuerzo del 32%, en tanto que actualmente los efectivos disponibles son 118 inspectores, 49 subinspectores y 15 técnicos, a las órdenes de la directora general de Inspecció, Laura Freixas.

Catalunya tiene traspasadas parcialmente las competencias inspectoras. Cuenta con una plantilla de 182 personas para velar por las condiciones laborales de casi cuatro millones de trabajadores actualmente en activo. Es decir, tocan a un agente por cada 22.000 ocupados, una cifra sensiblemente superior a lo recomendado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que sugiere un inspector por cada 10.000 ocupados. Es decir, Catalunya debiere tener el doble de agentes de los que dispone actualmente y con este refuerzo se corrige parcialmente ese déficit.

Desde la propia conselleria de Empresa i Treball se reconoce que el número de agentes no es suficiente. "Probablemente nos falten efectivos", reconocía la semana pasada el secretario de Treball, Paco Ramos, durante la tradicional rueda de prensa para presentar el balance de actuaciones de la Inspecció durante el año pasado.

Problemas para cubrir plazas

Catalunya históricamente ha tenido dificultades para reforzar su plantilla de inspectores. El primer obstáculo es que no está en sus manos poder sacar nuevas plazas de inspectores y nombrarlos, algo reservado al Gobierno central. Sí puede designar subinspectores, un rango por debajo y cuyas actuaciones debe validar un inspector, si bien esta figura tiene un alto grado de autonomía. Es por ello que el acuerdo entre el PSC y ERC prevé incorporar más subinspectores que inspectores, porque dependerá de la Generalitat nombrarlos o no. Para los inspectores, deberá negociar con Madrid.

Otro 'handicap' con el que han tenido que lidiar desde la dirección general de la Inspección ha sido la 'fuga' de inspectores a otros territorios. Es habitual que nuevos opositores saquen plaza en Catalunya, pero luego se marchen a otros lugares a trabajar y vivir, ya que la ratio de foráneos es alta -como sucede en otros cuerpos de origen estatal- y la capacidad de retención en sitios como Barcelona, con un coste de la vida elevado, baja.

El cuerpo de inspectores se enfrenta recientemente a un incremento en el número de sus obligaciones, pero sin apenas refuerzos. Durante los últimos años la normativa laboral ha ido creciendo, con los planes de igualdad, las nuevas obligaciones en materia de prevención de riesgos térmicos o la irrupción de la inteligencia artificial y el deber de información logarítmica a las plantillas, entre otros.

También con la expansión de sectores históricamente caracterizados por una alta siniestralidad, como es el caso de la construcción. Nuevos retos que la 'policía laboral' ha tenido que ir gestionando, con unos recursos limitados y que ahora se verán incrementados.

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