Los ‘costes invisibles’ de la luz crecen un 50% y superan ya los 2.100 millones este año: eléctricas y gran industria señalan a Red Eléctrica

Las eléctricas y la gran industria han decidido unirse para denunciar la fuerte subida de los “sobrecostes invisibles” del sistema eléctrico, fruto de los ajustes que realiza Red Eléctrica para evitar descuadres entre oferta y demanda de energía y que en el último año se están ejecutando de forma especial y reforzada para evitar otro apagón. Unos servicios de ajuste que están provocando que el precio del recibo de la luz suba en el último año, mientras que el coste solo de la electricidad en el mercado mayorista sigue bajo.

Las patronales de las grandes eléctricas Aelec (que agrupa a Endesa, Iberdrola y EDP), de las comercializadoras de luz independientes (ACIE y Acenel), de la gran industria electrointensiva AEGE, la Alianza por la Competitividad de la Industria Española y la confederación de consumidores Consumes han lanzado un nuevo informe del ‘Observatorio del Coste de los Servicios de Operación’, en el que insisten en la necesidad de intensificar el control de Red Eléctrica de España (REE) y de dar más transparencia a su labor.

Eléctricas y gran industria alertan de que los costes de los ajustes alcanzan ya 2.100 millones de euros solo en lo que va de año, un 50% más que los 1.400 millones en que se situaron en el mismo periodo del año pasado. Y solo en las dos primeras semanas de mayo, han superado los 190 millones, según se recoge en el nuevo estudio del Observatorio. Desde principios de año los consumidores están pagando un promedio de 23,39 euros por megavatio hora (MWh) adicionales por la energía eléctrica, mientras que el año pasado la media fue de 16,23 euros por MWh (a pesar de que ya aumentó tras el apagón) y en 2024 fue de 11,26 euros por MWh. “En términos prácticos, más de uno de cada cuatro euros pagados por la electricidad ya no corresponde al mercado mayorista, sino a costes adicionales asociados a los servicios de operación del sistema”, alertan.

Los costes asociados a la operación del sistema eléctrico han experimentado un incremento significativo en los últimos meses. Una subida que se ve agravada especialmente por el modo de ‘operación reforzada’ que está ejecutando Red Eléctrica desde hace un año para reducir el riesgo de un nuevo apagón. Un ‘escudo antiapagón’ que se ejecuta mediante un uso mayor de las centrales de gas y una reducción de las renovables, lo que supone un encarecimiento. Red Eléctrica insiste que desde el apagón el coste de esta operación reforzada ha sido de solo 711 millones de euros, menos de un 3% de todos los costes del sistema, según destaco la presidenta de la compañía, Beatriz Corredor, la pasada semana.

“Tras el apagón del 28 de abril, el uso de este mecanismo se ha intensificado de forma notable, provocando un aumento sustancial de los costes que soportan hogares y empresas. Todo ello se traduce en una señal de precios distorsionada, que encarece el suministro eléctrico y reduce la competitividad de la economía”, subrayan las asociaciones empresariales. “Por todo ello, se considera urgente adoptar medidas que corrijan estas distorsiones”.

Más vigilancia de la CNMC

Las eléctricas y los grupos industriales insisten en reclamar mayor “transparencia” en los costes del sistema con la publicación periódica de un desglose de todos ellos y ven imprescindible que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) refuerce la fiscalización de estos costes. Las compañías reclaman a Red Eléctrica un “plan de acción” que ponga fecha de fin al uso del modo de operación reforzada.

En paralelo, las patronales reclaman “soluciones regulatorias” para permitir la recuperación más estable de esos sobrecostes que consideran opacos. En los últimos meses desde diferentes ámbitos del sector eléctrico y del industrial se ha venido pidiendo que los costes de los ajustes se incluyan como costes regulados del sistema y se paguen en la factura a través de los peajes, evitando así el mayor golpe que sufren las empresas industriales y evitar a las eléctricas las dificultades de acabar trasladándolos a la factura.

Los grupos energéticos e industriales también proponen una “reforma estructural” de la fiscalidad de la energía, y reclaman la eliminación permanente del impuesto del 7% sobre el valor de la producción de energía eléctrica y del impuesto especial a la electricidad, ahora suspendidos y rebajados al mínimo que permite Europa como parte de las medidas ‘anticrisis’ promovidas por el Gobierno por la guerra en Oriente Medio. Asimismo, piden coherencia entre los objetivos de descarbonización y competitividad de las compañías. “El incremento de estos costes está afectando negativamente a la competitividad de la economía. Es imprescindible alinear las decisiones operativas y regulatorias con los objetivos de reducción de costes, descarbonización y autonomía energética”.

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