9 de cada 10 muertes en el trabajo se deben a fallos en la seguridad de las empresas

Gheorgue Vranciu estaba recogiendo fruta el pasado 11 de agosto en una finca del municipio Torres del Segre. Eran las dos del mediodía y el termómetro marcaban más de 40 grados cuando este temporero de 61 años se desplomó entre los frutales por un golpe de calor. Dos horas más tarde acabaría falleciendo. La Inspecció de Treball dependiente de la Generalitat determinó que la empresa para la que trabajaba, vinculada al Grupo Nufri, había cometido una negligencia al tenerlo trabajando (a él y sus decenas de compañeros) a esas horas del día a pleno sol y le sancionó por ello.

Como en el caso de Vranciu, en el 89% de los accidentes mortales que se produjeron el año pasado en Catalunya fallaron los protocolos de seguridad de las empresas. El número de siniestros que se registran va a la baja, pero no así el número de siniestros con consecuencias mortales, que, al contrario, sigue subiendo y subiendo. El último balance que ha presentado la Inspecció de Treball constata graves deficiencias en los protocolos de parte de las compañías, con un incumplimiento prácticamente unánime en los casos más graves. Es decir, cuando una persona muere en el trabajo, el número de veces que es un suceso fortuito es irrisorio y en la inmensa mayoría la compañía podría haber hecho más por salvar esa vida.

Siempre que una persona muere en un accidente laboral la Inspección inicia, por protocolo, una investigación. En 2025, se registraron 85 accidentes mortales en jornada. De estos, la autoridad laboral ha finalizado ya las pesquisas en 54 de ellos y ha hallado irregularidades en 48 expedientes. "La seguridad y salud laboral, así como el cumplimiento de unas condiciones laborales dignas, han sido y seguirán siendo nuestra prioridad", ha aseverado la directora general de la Inspecció, Laura Freixas.

La Inspecció de Treball impuso sanciones a empresas por valor total de 53 millones de euros durante 2025

Prácticamente la mitad de las actuaciones que realiza a lo largo del año la Inspecció de Treball están dedicadas a revisar la normativa de seguridad laboral. A este respecto, durante 2025 se finalizaron un total de 32.576 expedientes, un 0,5% más respecta al 2024. En total, sumando también expedientes en materia de tiempo de trabajo, extranjería o Seguridad Social, la autoridad laboral efectuó un total de 66.086 actuaciones, un 2,8% más que el año anterior, imponiendo mediante estas sanciones por valor total de 53,4 millones de euros.

Pendientes de la regularización de migrantes

Los inspectores de Trabajo centran su actividad vigilante en las materias habituales, si bien el Govern ha priorizado en el último año aumentar la coordinación con otras administraciones y los cuerpos policiales para llegar a los colectivos más vulnerables. Por ejemplo, son habituales las actuaciones en comercios para tratar de detectar junto a la Policía Nacional -competente en materia de extranjería- personas sin permiso de trabajo y empresas partícipes del tráfico de personas. Durante el pasado año, Treball aumentó un 18% sus operaciones coordinadas, hasta un total de 2.994 y en casi la mitad halló irregularidades.

En este ámbito, la regularización extraordinaria de personas migrantes representa un reto para el cuerpo inspector, en tanto que entre 120.000 y 180.000 personas en Catalunya pueden obtener permiso de trabajo en las próximas semanas. Muchas de estas personas ya están actualmente trabajando, pero en la economía sumergida y existe un temor entre oenegés y sindicatos de que no todas esas personas puedan regularizar su situación, pese a poder hacerlo administrativamente. Y es que para ello el empresario debe estar dispuesto a pagar, al menos, el salario mínimo y las cotizaciones a la Seguridad Social.

A preguntas de los periodistas, el secretario de Treball ha afirmado que por el momento no tienen previsto lanzar una campaña específica de inspecciones a este respecto, si bien tampoco lo descartan más adelante.

Un cuerpo infradotado

“La Inspección de Trabajo es una herramienta importantísima del Govern de la Generalitat para defender a las personas trabajadoras y al tejido productivo, porque nos permite garantizar los derechos de las personas trabajadoras, luchar contra la precariedad laboral y la discriminación de los colectivos más vulnerables y también defender las empresas que hacen las cosas bien", ha afirmado el secretario de Treball, Paco Ramos, en rueda de prensa.

182 agentes de la Inspecció de Treball velan por las condiciones laborales de cuatro millones de catalanes

No obstante, los efectivos de los que dispone la administración catalana son escasos y cada día que pasa el cuerpo está más infradotado. Actualmente, para un mercado laboral de casi cuatro millones de trabajadores, hay 182 efectivos de la Inspecció, entre los 118 inspectores, 49 subinspectores y 15 técnicos. Es decir, tocan a un agente por cada 22.000 ocupados, una proporción que ha ido empeorando con los años, ya que en el último lustro el volumen de trabajadores en activo ha ido creciendo -del orden del 18% en cinco años-, sin apenas cambios en la dimensión del cuerpo inspector. "Probablemente nos falten efectivos", ha reconocido Ramos.

El tiempo de respuesta, es decir, el lapso temporal que pasa entre que un trabajador presenta una denuncia, esta es atendida, investigada y se cursa o no expediente sancionador, pasan 119 días. Pese a la falta de efectivos y la carga de trabajo creciente, los agentes han logrado disminuir ese tiempo de respuesta en 14 días respecto al año pasado.

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