El sector de las infraestructuras ve las nuevas concesiones en Catalunya como una “oportunidad” para reactivar inversiones pendientes

La recuperación (o el intento de recuperar) el modelo concesional en Catalunya ha sido recibido con una mezcla de entusiasmo y cautela por parte del sector de las infraestructuras. Poco dadas a expresar sus opiniones públicamente, las constructoras, concesionarias o asociaciones que sí lo han hecho en conversación con EL PERIÓDICO celebran que la Generalitat vuelva a explorar fórmulas de colaboración público-privada tras más de una década prácticamente congeladas, aunque advierten de que el verdadero examen llegará más adelante: cuando se publiquen las licitaciones y se vea cuántas empresas concurren realmente.

El más explícito es el presidente de la Cambra de Contractistes d’Obra de Catalunya (CCOC), Lluís Moreno, cuya entidad cada trimestre desvela los datos de licitación de obra pública y reitera la preocupación por los concursos desiertos. Aplaude la iniciativa de licitar proyectos de nueve estaciones de la L9, intervenciones en 366 kilómetros de carreteras 2+1 y el desarrollo de 11 electrolineras de carga ultrarrápida y enmarca el movimiento del Govern dentro de una tendencia más amplia de las administraciones de intentar sacar adelante proyectos "de la mano de las empresas", igual que se hizo con el primer concurso de solares para vivienda pública, del que recientemente se han conocido las aspirantes a adjudicarse los lotes.

Obras necesarias

Moreno considera que el contexto político también empuja hacia este modelo. “Es una buena vía para hacer cosas teniendo en cuenta que aún no hay presupuestos”, opina. Pero introduce una advertencia que comparten otros representantes del sector que prefieren no ser identificados: el objetivo debe ser garantizar concurrencia real y contratos atractivos. “Una cosa es que ahora se interesen 60 empresas y otra cuántas acabarán presentándose a la licitación”, resume.

La visión favorable es compartida, con distintos matices, por otras firmas del sector. Una de las constructoras que ha participado en la consulta de mercado promovida por la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica para informarse tanto sobre la concesión del metro como sobre la viaria es Copcisa. Su presidente, Eloi Carbonell, considera que la propuesta “es una oportunidad para que el sector pueda contribuir al desarrollo de unas infraestructuras necesarias para el país”, valora.

Un "avance" para el modelo

Carbonell es también vicepresidente de la Asociación Nacional de Constructoras Independientes (ANCI), donde se agrupan las compañías que no cotizan en bolsa, mientras que SEOPAN concentra a las grandes constructoras y concesionarias. Desde esta patronal estatal, que igualmente asistió a la sesión informativa sobre los tres programas a desarrollar, aseguran que siguen "con atención" los proyectos impulsados por la Generalitat porque podrían suponer "un avance en el modelo de concesión de infraestructuras".

Además de Copcisa o SEOPAN, hay otros nombres que están valorando la iniciativa de Territori, como por ejemplo Sacyr, Acciona, FCC, ACSA (Grup Sorigué), OHLA, entre otras. Otra de ellas, COMSA Corporación (que ya cuenta con concesiones de la L9 vigentes) también valora que la administración catalana vuelva a estudiar esquemas de colaboración público-privada "como una opción a estudiar para avanzar en infraestructuras estratégicas".

Proyectos demasiado pequeños

La gran mayoría de estos perfiles han respondido a la encuesta con medio centenar de preguntas que se les ha trasladado para conocer hasta qué punto verían con buenos ojos una concesión así. En función de la dimensión de la corporación, explican fuentes conocedoras de las respuestas, sus peticiones se han encaminado a pedir que la licitación tenga un "tamaño mínimo" para que sea "financiable". Otras, en cambio, no necesitan demasiada ayuda de los bancos.

Se da el caso que, en lo que a carreteras se refiere, inicialmente se han previsto tramos de pocos kilómetros en la C-37 en Alcover-Valls o la variante de Vilanova i la Geltrú de la C-31 para transformarlos en 2+1 (que consiste en configurar la carretera con tres carriles y un separador físico para evitar choques fontales). Una de las consideraciones que aparece en el informe preliminar y que han confirmado algunos de los asistentes es que se ha pedido que se puedan agrupar en lotes varios de estos tramos, por zonas, por ejemplo, para facilitar las cosas.

El fantasma de la “ley Montoro”

Detrás del renovado interés del sector aparece un elemento recurrente en las conversaciones: la necesidad de corregir las rigideces regulatorias que frenaron el modelo concesional en España durante la última década. Ahora, con casos de éxito como el de las carreteras de Aragón, se ve algo de luz.

Buena parte de las constructoras y concesionarias sitúan el punto de inflexión en la ley de desindexación impulsada durante la etapa de Cristóbal Montoro en el Ministerio de Hacienda. La normativa, aprobada en 2015, limitó la posibilidad de actualizar contratos públicos en función de la evolución de costes e inflación, para así contener el gasto público. Lo que para las arcas gubernamentales era un seguro, para las empresas se volvió una trampa.

El problema, según recuerdan desde el sector, es que esas reglas terminaron aplicándose también a contratos concesionales de muy larga duración, condicionando la rentabilidad financiera de proyectos que requieren inversiones millonarias y horizontes de recuperación de 20 o 30 años. Constructoras y fondos consideran que el sistema introdujo demasiada incertidumbre sobre la recuperación de la inversión y redujo drásticamente el atractivo de las concesiones en España, algo que ahora se quiere corregir.

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