En el Congreso
El PSOE propone un impuesto temporal sobre los beneficios extraordinarios de las energéticas
Los socialistas proponen una tasa europea para que las empresas energéticas contribuyan a mitigar los efectos de la crisis de precios de los combustibles que ha provocado la guerra en Oriente Medio
Pedro Sánchez y Carlos Cuerpo. / José Luis Roca
Por qué confiar en El Periódico El PSOE ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con la que propone impulsar la puesta en marcha de un impuesto a nivel europeo sobre los beneficios extraordinarios que las energéticas están obteniendo por la subida de los precios de los combustibles que ha provocado el conflicto en Oriente Medio.
Esta propuesta ya la respaldaron el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, junto a sus homólogos de Alemania, Italia, Austria y Portugal mediante una carta que remitieron a la Comisión Europea para impulsar dicho tributo.
Ahora el PSOE se apoya en esa petición y la expone en una proposición no de ley con el objetivo de aliviar la carga sobre los consumidores y contribuyentes. La propuesta, según los socialistas, "pretende que los costes para Europa de la reciente crisis provocada por la guerra ilegal de Estados Unidos e Israel contra Irán no recaigan exclusivamente sobre los consumidores y el erario público".
El Grupo Socialista apostilla que consideran "justo y razonable" que, si las grandes compañías energéticas obtienen beneficios extraordinarios debido a la fuerte alza de precios de los combustibles fósiles, tienen que contribuir "también de manera extraordinaria a paliar sus efectos".
Asimismo, el PSOE recuerda que el planteamiento no es nuevo y tras la invasión rusa a Ucrania en 2022, la UE puso en marcha una contribución temporal de solidaridad, al igual que lo hizo el Gobierno de España. "La situación actual presenta importantes paralelismos con la del año 2022, lo que justifica la adopción de una herramienta fiscal excepcional similar a la de entonces", sostiene el PSOE.
La propuesta advierte, eso sí, que el impuesto tiene que contar con un adecuado diseño de la base imponible, de manera que su puesta en marcha no implique una traslación a los precios, recayendo sobre la ciudadanía en lugar de sobre los beneficios extraordinarios de estas grandes compañías energéticas.
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