Foment del Treball cifra en 49.543 millones el déficit de inversión en infraestructuras en Catalunya

Foment del Treball pone cifra al retraso acumulado en infraestructuras en Catalunya: 49.543 millones de euros entre 2009 y 2025. Es el déficit que resulta de comparar la licitación de obra pública con un nivel de inversión equivalente al 2,2% del PIB, un umbral tomado como referencia de la media europea. Su presidente, Josep Sánchez Llibre, ha sido contundente este lunes al asegurar que el dato es "alarmante, indignante y absolutamente intolerable" y ha hecho un llamamiento al Govern y a los partidos políticos a actuar.

El informe no mide la inversión ejecutada, sino la licitación —el volumen de obra que sale a concurso—, interpretada como un indicador del ritmo al que las administraciones son capaces de poner en marcha proyectos. La conclusión es que ese ritmo ha sido insuficiente de forma persistente durante más de una década. El dato gana dimensión cuando se actualiza: en euros constantes de 2025, la brecha asciende a 58.748 millones. En términos prácticos, es el coste actual de ejecutar hoy las infraestructuras que no se activaron en su momento.

Desplome abrupto

Para Sánchez Llibre, la solución para revertir este déficit acumulado y prolongado en el tiempo es la unidad de acción desde Catalunya. Por eso ha hecho un llamamiento a todas las fuerzas políticas del Parlament y al Govern para alcanzar el consenso necesario que permita "poder alcanzar la unidad máxima posible para lograr un acuerdo y acudir al Estado". El máximo responsable de la patronal ha recordado que en 2024 ya propusieron sin éxito la creación de una agencia independiente que fiscalizara la inversión. También ha añadido que el "fracaso" del consorcio de inversiones, que la semana pasada no superó el trámite en el Congreso de Diputados, se enmarca en la misma dinámica.

La serie histórica muestra un cambio de ciclo claro. En 2009, la licitación alcanzaba los 5.737 millones de euros, un 2,8% del PIB, por encima del nivel de referencia. A partir de ahí, el desplome es abrupto: en 2011 cae a 1.043 millones (0,5% del PIB) y en 2012 toca mínimos con 797 millones (0,4%).

Durante años, la inversión se mantiene en niveles muy bajos. Entre 2013 y 2019, la licitación oscila entre el 0,5% y el 0,8% del PIB. Ni siquiera en la recuperación reciente se alcanza el umbral del 2,2%: en 2025, con 3.990 millones licitados, la ratio se sitúa en el 1,2%. En paralelo, el objetivo teórico —ese 2,2% del PIB— crece con la economía. En 2025 equivaldría a 7.365 millones, casi el doble de la licitación real de ese año. La diferencia anual negativa se repite ejercicio tras ejercicio, acumulando el déficit.

Un desfase sostenido año a año

El informe detalla cómo se construye esa brecha. Tras un superávit puntual en 2009 (+1.189 millones), todos los años posteriores registran déficits. Algunos hitos ilustran la magnitud del desajuste: En 2012, el déficit anual alcanza los 3.641 millones. En 2016, se sitúa en 3.790 millones. En 2018 y 2019, supera los 3.600 millones anuales. En 2024, vuelve a elevarse hasta 3.570 millones.

La suma de estas desviaciones negativas explica el déficit acumulado de 49.543 millones en términos corrientes. Foment subraya que el problema no es solo de volumen de recursos, sino de funcionamiento del sistema. El informe insiste en distinguir tres planos: el presupuesto, la licitación y la ejecución. Y advierte de que centrarse solo en el primero ofrece una visión incompleta.

11.059 millones sin materializar

Los datos de ejecución refuerzan esta idea. Entre 2009 y 2023, la Administración Central ejecutó en Catalunya el 59,5% de la inversión prevista, dejando sin materializar 11.059 millones de euros. En el caso de la Generalitat, el grado de ejecución es más alto (88,7%), pero también acumula 3.147 millones sin ejecutar. El ámbito ferroviario concentra las mayores ineficiencias. ADIF ejecutó solo el 48,6% de la inversión presupuestada entre 2010 y 2023 (4.792 millones de 9.864 previstos). Si se suma Renfe, el grado de ejecución conjunto apenas alcanza el 50,3%.

En 2023, la inversión ejecutada por el Estado en Catalunya fue de 1.028 millones, el 9,3% del total regionalizado, muy por debajo del peso de la comunidad en el PIB español (18,8%) y en la población (16,5%). Ese año, el grado de ejecución estatal fue del 44,6%, frente al 82,6% del conjunto de territorios.

Coherencia con otros diagnósticos

El informe conecta estos resultados con otros análisis recientes. La Cambra de Comerç ha estimado en 53.800 millones la inversión necesaria hasta 2043, mientras que la CCOC viene alertando de problemas estructurales en la contratación, como el aumento de licitaciones desiertas o la falta de competencia.

También encaja con la situación europea y española. Antes de la crisis, la inversión en infraestructuras en España se acercaba al 3% del PIB. Tras el ajuste, cayó hasta el entorno del 0,7% y aún hoy se mantiene por debajo del 1%. Recuperar niveles históricos exigiría situarse en torno al 2,2% - 2,25%, el umbral utilizado en el estudio, ha detallado el presidente de la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya (CCOC), Lluís Moreno, que acompañaba al dirigente de Foment.

Proyectos pendientes y déficit tangible

La patronal insiste en que el déficit no es una cifra abstracta. Se traduce en una cartera amplia de proyectos pendientes, recogidos en iniciativas como el CAT-100, que agrupa actuaciones prioritarias en cinco ámbitos: movilidad ferroviaria, red viaria, conectividad internacional, transporte de mercancías y gestión del agua. Entre ellas figuran el desarrollo de Rodalies, la estación de la Sagrera, la finalización de las líneas L9 y L10, la prolongación de la L8, el corredor mediterráneo, los accesos al Port de Barcelona o infraestructuras hídricas como nuevas desalinizadoras.

La conclusión del informe es que el déficit responde a un problema estructural en todo el ciclo inversor. No basta con presupuestar más: es necesario mejorar la planificación, disponer de proyectos maduros, licitar de forma sostenida y ejecutar con eficacia.

Foment advierte de que la inversión en infraestructuras no puede tratarse como gasto corriente. La falta de inversión prolongada deteriora el capital público y tiene efectos acumulativos sobre la productividad, la competitividad y la cohesión territorial. Y lanza un mensaje final: no invertir también tiene un coste. En el caso de Catalunya, ese coste ya supera los 58.000 millones en términos actuales.

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