Ficosa formaliza su ere e inicia 172 despidos en la fábrica de Viladecavalls

Ficosa ha registrado formalmente este lunes el expediente de regulación de empleo (ERE) con el que plantea despedir a 172 trabajadores de su planta de Viladecavalls. La medida, avanzada por EL PERIÓDICO, afectaría a alrededor del 21% de una plantilla formada por unos 800 empleados en la factoría vallesana. Fuentes oficiales de la compañía confirman la presentación este lunes del expediente.

Con la presentación del expediente, la compañía automovilística da un paso más en la reestructuración de su actividad en Viladecavalls. A partir de ahora se abre un periodo legalmente establecido de 30 días para que la dirección negocie con los sindicatos la cifra definitiva de afectados y las condiciones de salida.

La empresa especializada en componentes de la automoción justifica el ERE por la caída progresiva de la actividad en el sector, inmerso en la transición hacia el coche eléctrico y en un contexto de menor demanda para determinados proyectos industriales. La división de Ficosa Internacional, también ubicada en Viladecavalls, quedaría fuera del expediente.

“Se trata de una decisión difícil, que responde a los cambios en la demanda de los clientes y en los volúmenes de producción de los proyectos desarrollados en la planta de Viladecavalls, en un contexto especialmente exigente para el conjunto del sector global de la automoción”, justificaron fuentes oficiales de la compañía.

Ficosa recurre así a un despido colectivo pese a que sus últimos resultados publicados no reflejan todavía esa caída de actividad. En 2024, la multinacional cerró el ejercicio con un nuevo récord de ventas, el segundo consecutivo, y alcanzó una facturación de 1.397 millones de euros. El grupo mantiene el grueso de su negocio en Europa, crece en Asia y retrocede en Estados Unidos y México, donde ya ha aplicado recortes de empleo.

La reestructuración llega pocos meses después de que la familia Pujol Artigas recuperara el control mayoritario de Ficosa. En febrero, los propietarios históricos recompraron a Panasonic el 69% del capital de la compañía. Ficosa, fundada en 1949, está presidida por José María Pujol y tiene como consejero delegado a Xavier Pujol.

“La compañía siempre valora distintas alternativas antes de adoptar medidas de este tipo. Sin embargo, la situación actual ha hecho necesario abrir este procedimiento para preservar la competitividad y la viabilidad operativa de la planta”, añaden fuentes corporativas.

Diversificación hacia la defensa

El ajuste laboral se produce mientras Ficosa explora nuevas líneas de negocio fuera del automóvil convencional. Parte de su futuro pasa por la industria de defensa, en un momento de aumento del gasto militar y de búsqueda de nuevos mercados por parte de empresas vinculadas al sector de la automoción.

La compañía ha mantenido contactos con otras firmas para diversificar su actividad hacia componentes para vehículos militares. Sin embargo, este tipo de producción no genera el mismo volumen de trabajo que los proyectos destinados al automóvil de uso civil. En ese escenario, la empresa sostiene que necesita adaptar su estructura productiva y laboral.

Ficosa no es la única compañía del sector que busca alternativas ante la caída de la actividad. Varias empresas proveedoras del automóvil en Catalunya han aplicado ajustes en los últimos meses. Entre ellas figuran Magneti Marelli, en Santpedor, o Hi-Lex Auto Parts, en Granollers, que ya ejecutaron despidos colectivos en sus respectivas plantas.

En las últimas semanas se han confirmado varios expedientes en catalunya, generando una pequeña crisis industrial. Nissan también está pendiente de confirmar el alcance de su expediente, que en caso de cierre definitivo de sus últimos vestigios en Zona Franca podría cobrarse 569 empleos. Nestlé se encuentra negociando ya con sus trabajadores un cese que en toda España puede saldarse con unos 300 despidos, muchos de ellos en Catalunya. Y otra firma que tiene pendiente resolver su futuro es Serra Soldadura, también ubicada en Zona Franca y en concurso de acreedores, con casi 200 empleos directos en vilo. En 2025, el Departament de Treball computó 9.001 trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo. Entre enero y febrero de este año, últimos datos disponibles, la Generalitat ya había registrado 1.128 afectados, casi el triple que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

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