Cambios en el empleo público
El Gobierno activa ya la jornada laboral de 35 horas: qué cambia (y qué no) para los funcionarios en Catalunya
La reducción a 35 horas ya está en vigor, pero su aplicación en Catalunya aún depende de negociación propia
Funcionarios trabajando en una administración estatal, quienes se verían beneficiados por la reducción de jornada a 35 horas, aunque todavía siguen abiertas las negociaciones en Catalunya / EL PERIODICO - ARCHIVO
Por qué confiar en El Periódico El recorte de la jornada laboral en el sector público ya no es un anuncio, es una realidad. El Gobierno ha aprobado la vuelta a las 35 horas semanales para los funcionarios del Estado, pero su impacto en Catalunya (incluidos docentes y sanitarios) todavía no es automático ni inmediato.
La medida se ha formalizado mediante resolución publicada en el BOE este mes de abril y afecta a los empleados de la Administración General del Estado (AGE), como ministerios, organismos públicos o la Seguridad Social. En la práctica, supone reducir la jornada de 37,5 a 35 horas semanales sin pérdida de salario, con un periodo breve de adaptación para reorganizar horarios.
A quién afecta (y a quién no)
El primer matiz clave es competencial. La reducción ya se aplica a unos 250.000 empleados públicos estatales, pero no se extiende de forma automática al resto de funcionarios.
Quedan fuera, por ahora:
- Los trabajadores de la Generalitat de Catalunya.
- El personal de ayuntamientos.
- Colectivos como profesores y sanitarios, que dependen de las comunidades autónomas.
Esto significa que un funcionario estatal en Catalunya puede beneficiarse ya de las 35 horas, mientras que un docente o un sanitario en esa misma comunidad sigue sujeto a la regulación autonómica vigente.
Negociaciones con sindicatos
En el caso de Catalunya, el Govern no ha aplicado todavía la medida, pero sí ha dado un primer paso y han comenzado las negociaciones con los sindicatos para estudiar una posible reducción de jornada en el sector público autonómico.
Por ahora, no hay calendario cerrado ni acuerdo definitivo. La implantación, si llega, dependerá de factores como la negociación colectiva, la disponibilidad presupuestaria y/o la organización de servicios esenciales.
En ámbitos especialmente sensibles, como la educación o la sanidad, cualquier cambio exige además ajustes organizativos complejos.
Un mapa desigual en toda España
La jornada laboral de los funcionarios no es homogénea en el país. Tras los recortes aplicados en 2012, muchas comunidades han ido recuperando las 35 horas por su cuenta, mientras otras han mantenido jornadas más largas.
La decisión del Gobierno de aplicarlas en la AGE vuelve a situar este modelo como referencia, pero cada comunidad autónoma conserva la competencia para decidir.
Qué puede pasar a partir de ahora
La medida estatal aumenta la presión para que otras administraciones sigan el mismo camino, pero no implica una extensión automática. En el corto plazo, lo previsible es un escenario desigual, con avances progresivos según cada territorio.
En Catalunya, el debate ya está abierto, pero la clave sigue siendo la misma: sin acuerdo autonómico, la jornada de 35 horas no es todavía una realidad para la mayoría de empleados públicos.
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