Balance de l'Agència Catalana de Consum
Energéticas, operadoras de teléfono y aerolíneas encabezan la lista de empresas más reclamadas en Catalunya en 2025
Los consumidores han interpuesto 19.380 reclamaciones, que han terminado en unos 900 expedientes sancionadores
El Govern retoma el plan de hacer obligatorio el arbitraje para las empresas de luz, gas o transporte

Sede de la empresa Endesa. / Endesa

En 2025, l’Agència Catalana de Consum ha recibido menos número de reclamaciones y consultas, ha impuesto, consecuentemente, menos sanciones, y ha reducido más de la mitad el dinero impuesto en multas. Pese a todo, en el año del gran apagón, Endesa, Energia XXI y EDistribución redes digitales (las tres, del grupo Endesa) suman todavía más quejas que el año de antes; Ryanair regresa al ranking de las diez empresas más reclamadas; y Media Markt y All in digital Marketing, una agencia de gestión de tiendas ‘online’ y publicidad a través de Google, se estrenan en él.
Así lo muestra el balance de actuaciones de l’Agència Catalana del Consum de 2025. El documento recuenta 1.428 reclamaciones directamente relacionadas con Endesa (360 más que en el último informe), 386 a la comercializadora también de Endesa Energia XXI (unas 130 más) y 376 a la empresa del mismo grupo energético EDistribución redes digitales (40 más). En total, casi 2.200 reclamaciones dirigidas al mismo grupo, que son un 11% del total de quejas registradas formalmente por consumidores catalanes el año pasado.
El raking lo encabezan, además de las compañías de suministros, las empresas de telefonía y las aerolíneas, aunque el director de l'Agència Catalana de Consum (ACC), Isidor García Sánchez, reconoce a Vueling considerable mejora en este campo de un año a otro. Otra novedad es que no figure ningún banco en el 'top 10' de 2025, algo que este responsable relaciona con que la problemática derivada de las hipotecas se ha ido resolviendo con ententes.
En total, el organismo atendió unas 37.200 consultas (un 3,8% menos que en 2024) y recibió 19.380 reclamaciones. Esto último supone una notable caída del 16% que García Sánchez relaciona con haber recuperado la normalidad prepandémica. "Hemos bajado a una media que ya existía antes del covid, que casi duplicó el volumen de reclamaciones", explica.
Multas impuestas y cobradas
Incluso así, en 2025 se mantuvo más o menos estable (+0,4%) el número de inspecciones llevadas a cabo (casi 6.760). Como consecuencia, 905 expedientes se resolvieron con sanción. Esto es un volumen un 22% inferior al del 2024, lo que, sumado al hecho que ya no pueden multar a grandes tenedores de vivienda por no ofrecer alquiler social, ha hecho que descienda a más de la mitad el importe de las sanciones: de 23,6 millones de euros a 7,7 millones. Con todo, se ha mantenido prácticamente estables el número de multas finalmente cobradas: de 1.818 a 1.816.
"Me continúa sorprendiendo y disgustando sobremanera que la negativa a ofrecer datos sea una de las causas que genera más importe en las sanciones", reflexiona el director de l'ACC. Cerca de 1 millón de euros del total de multas impuestas están relacionadas con que la empresa en cuestión no haya siquiera respondido al organismo.
Denuncias por la lengua
En cuanto a las denuncias, aquellos procedimientos que no tienen que ver con que al consumidor le haya pasado algo, sino con infracciones que estos detectan en las empresas, se disparan más de un 25% hasta superar las 4.600. Tienen que ver sobre todo con bares y restaurantes (un 30% del total) y con productos de consumo (un 24%), y la mayoría tienen que ver con la lengua (con no rotular o etiquetar los productos en catalán y hacerlo, en cambio, ya no solo en castellano, si no solamente en inglés) o con la práctica de los precios dinámicos: subir precio en función de la demanda.
Lo último que destaca García Sánchez del informe es que haya aumentado el número de conflictos resueltos a través del arbitraje. De 19.300 reclamaciones, l'Agència tramitó unas 13.500 entre mediación y arbtiraje. De estas, se resolvieron más del 52%. "Nos está funcionando muy bien", resume quien está impulsando, precisamente, hacer obligatorio por ley el arbitraje en el caso de reclamaciones a empresas de servicios básicos (luz, agua, gas, transporte, telefonía...).
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