La Generalitat reforzará las oficinas de empleo para ayudar a encontrar trabajo a los migrantes de la regularización

La Generalitat de Catalunya está en vías de reforzar sus oficinas de empleo para ayudar a encontrar trabajo legal a los miles de migrantes que se acojan a la regularización extraordinaria. Está previsto que unas 150.000 personas adquieran permiso legal de trabajo mediante el proceso abierto desde el Gobierno hace unas semanas y desde el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) planean incrementar su plantilla para atenderlos. La administración catalana incorporará unos 300 profesionales, entre orientadores y perfiles de otro tipo, para guiar a los nuevos demandantes de empleo hacia aquellos sectores que precisan de mano de obra.

Así lo ha explicado el secretario de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, que en paralelo también ultima una campaña especial con la Inspección de Trabajo para cerciorarse que el máximo número de personas puedan abandonar la economía informal. Y es que el proceso de regularización concederá permiso de trabajo a los postulantes, un mes después de que hayan presentado su solicitud. Pero muchos de ellos ya están trabajando actualmente, si bien en empleos 'en B'. Uno de los temores es que los empresarios que les dan trabajo irregular no se avengan a aflorar su situación, pagarles al menos el salario mínimo y cotizar a la Seguridad Social, entre otros. Es por ello que la autoridad laboral está coordinado una campaña para perseguir aquel fraude recurrente.

Las patronales han recibido con elogios el proceso de regularización, pues especialmente en varios sectores manifiestan dificultades para encontrar personal y ahora la administración abre la puerta a miles de personas a cubrir esas vacantes. No obstante, parte de los puestos que precisan ser cubiertos requieren de una especialización que puede que no todos los futuros candidatos tengan. Es por ello que el SOC está incorporando nuevos efectivos para poder trazar esos itinerarios de inserción, que en algunos casos precisarán de cursos formativos para poder acceder al mercado laboral regular.

Ese refuerzo de las oficinas de empleo es una demanda conjunta de patronales y sindicatos. El presidente de Pimec, Antoni Cañete, reclamó el día que se abrió el proceso regularizador "políticas activas que permitan a estas personas tener la formación adecuada". "El proceso no se acaba cuando te regularizan los papeles, comienza. Debemos hacer un acompañamiento", coincidió la semana pasada el secretario general de la UGT de Catalunya, Camil Ros. Demanda entre las empresas de personal, pese a que en Catalunya más del 10% de la población en edad y disposición de trabajar está en paro, existe. Según la última encuesta de clima empresarial de Idescat, cuatro de cada 10 compañías catalanas manifiestan tener problemas para encontrar trabajadores debidamente cualificados para sus puestos vacantes.

Catalunya le pide 40 millones extra al Gobierno

El Departament de Treball ha iniciado ya con fondos propios ese proceso de reclutamiento de los 300 refuerzos anunciados. Actualmente, el SOC cuenta con 500 profesionales haciendo tareas de orientación en las oficinas y unos 600 en las entidades subvencionadas.

No obstante, con el fin de adaptar mejor las políticas de empleo y poder ofrecer un mejor servicio de inserción, desde la Generalitat le reclaman al Gobierno una mayor transferencia de recursos. Las políticas activas de empleo se financian mayoritariamente a través de los recursos que cada año reparte el Ministerio de Trabajo a las comunidades autónomas. Para ello, se celebra anualmente dos reuniones conocidas como Conferencia Sectorial de Empleo. La primera y más decisiva suele ser en abril, si bien los retrasos de calendario son habituales y este año todavía no se ha celebrado.

Para el futuro cónclave, la Generalitat exigirá, junto a otras autonomías, a Trabajo que actualice los fondos habilitados, pues dada la prórroga presupuestaria -el Ejecutivo opera con las cuentas de 2023-, los millones asignados llevan congelados desde entonces. La administración considera que la evolución al alza del mercado de trabajo -hay casi 250.000 catalanes más cotizando al erario público- justifica un aumento de los fondos asignados. Desde la Generalitat reclamarán unos 40 millones de euros adicionales, sobre una asignación que el año pasado se situó en 414 millones.

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