Un año del gran apagón: sin claros culpables, con muchos millones en juego y con una factura de la luz más cara

Este martes se cumple un año del histórico apagón ibérico que dejó sin luz a 50 millones de personas durante horas. El suceso, calificado como el incidente más grave en el sistema eléctrico europeo en los últimos 20 años, ha revelado la fragilidad del que hasta entonces era considerado uno de los sistemas eléctricos más seguros y fiables del mundo. Doce meses después, varios informes han reconstruido paso a paso lo ocurrido aquel día, pero no se ha identificado a un culpable claro. Y mientras tanto, los consumidores siguen pagando cada mes un recargo en su factura de la luz, como garantía de que un desastre así no volverá a ocurrir.

Todos los análisis apuntan a un origen “multifactorial” por sobretensiones y reparten la responsabilidad entre Red Eléctrica y las eléctricas, incapaces de controlar la tensión de la red ese día. El primero porque como operador del sistema habría realizado una programación de seguridad insuficiente y las empresas por un funcionamiento anómalo en algunas de sus instalaciones. Así lo concluyó el primero de los informes publicados, el del Gobierno, presentado el 16 de junio, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y los expertos europeos de Entso-E (red europea de gestores de redes de transporte).

Pese a que el informe del Gobierno señalaba tanto a las eléctricas como a Red Eléctrica, empresa semipública de la que el Estado tiene el 20% del capital, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha afirmado desde su presentación que no era tarea del Ejecutivo dirimir responsabilidades y ha derivado esa labor en los tribunales y la CNMC, como las instancias encargadas de decidir quiénes son los responsables.

55 expedientes

La CNMC ha anunciado en las últimas dos semanas la apertura de 56 expedientes sancionadores a diferentes instalaciones y empresas por incumplimientos en sus funciones. Pero solo dos de ellos son por presuntas infracciones consideradas muy graves según la Ley del Sector Eléctrico, que suponen un riesgo para la seguridad de suministro o para las personas: uno para Red Eléctrica, otro para Iberdrola Generación y otro a la compañía propietaria de la central nuclear de Almaraz, que pertenece en un 52,7% a Iberdrola, en un 36% a Endesa y en un 11,3% a Naturgy. El resto de expedientes son para instalaciones de generación de Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol, Bahía de Bizkaia, Totalenergies, Engie y la estadounidense ContourGlobal pero solo por infracciones consideradas graves, pero que no implicarían riesgo para la seguridad de suministro ni para los sujetos.

A falta de conocer en qué derivan estas investigaciones, que se alargarán por un periodo máximo de entre 9 y 18 meses, el ‘superregulador’ defiende que en ningún caso constituirán por sí mismas la causa del incidente. Es decir, aunque finalmente se demuestre que las empresas expedientadas incumplieron con sus obligaciones, no se les podrá por ello responsabilizar del cero eléctrico.

Tribunales, CNMC y Gobierno

A pesar de que la CNMC instruya los procedimientos, la Ley del Sector Eléctrico establece dos responsables de imponer sanciones en función de la infracción: el Gobierno y la CNMC. Al Ejecutivo le competen cuestiones relacionadas con la seguridad de suministro, lo cual de momento afectaría solo al expediente de Red Eléctrica y al de Almaraz, y al organismo que dirige Cani Fernández aquellas vinculadas con los mercados. Tras conocer las causas abiertas, la vicepresidenta Aagesen ha asegurado que su Ministerio esperará a su finalización para establecer un posible castigo si se confirma que hubo una infracción.

En concreto, si el incumplimiento es considerado muy grave, como es el caso del expediente de Red Eléctrica, además de una multa de entre 6 y 60 millones de euros, el Consejo de Ministros puede plantear la inhabilitación o suspensión de las autorizaciones para el desarrollo de actividades en el ámbito eléctrico durante un periodo de hasta tres años, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas durante ese mismo tiempo. Si la infracción es grave, además de una sanción de entre 600.000 y 6 millones, las empresas se podrían enfrentar a la inhabilitación, suspensión o pérdida de la posibilidad de obtener ayudas públicas durante un máximo de un año.

El principal problema de señalar culpables es que, una vez se haga, podría desatar un aluvión de reclamaciones millonarias ante los tribunales. Por ejemplo, Repsol ya ha anunciado acciones legales por daños de 175 millones de euros debido al apagón, y se espera que cada vez más empresas se sumen a estas reclamaciones. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha anunciado ya que está analizando la posibilidad de emprender acciones judiciales y para ello ha remitido una reclamación extrajudicial para interrumpir la prescripción de acciones ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Red Eléctrica y las comercializadoras.

Regulación anticuada

Pero si algo puso de relieve el apagón del 28 de abril es que la regulación ha ido por detrás del elevado ritmo de instalación renovable de los últimos años. Como ejemplo, solo dos meses después del gran apagón, la CNMC aprobó una nueva normativa técnica, que Red Eléctrica llevaba pidiendo cinco años, para permitir a las renovables controlar tensión de forma dinámica -algo que, según ha sugerido varias veces el operador del sistema, podría haber evitado el cero eléctrico- o penalizar a aquellas instalaciones que no cumplen con esa función. De hecho, la comisión de investigación sobre el apagón del Senado concluyó que, además del Gobierno y Red Eléctrica, la CNMC tiene parte de culpa por el apagón por “omisión regulatoria”.

Red Eléctrica (España) limitó en octubre del año pasado la velocidad de inyección de energía de plantas eólicas y fotovoltaicas en la red, pasando de un margen anterior que permitía cambios rápidos (en apenas 2 minutos) a un rango más lento de 15 minutos para la entrada y salida de potencia con el objetivo de evitar sobretensiones y mejorar la estabilidad del sistema ante la alta variabilidad de la generación renovable. Y desde el 28 de abril opera el sistema en lo que ha denominado como “modo reforzado” que implica un mayor uso de centrales convencionales (gas, nuclear) para dar más seguridad al sistema.

Factura más cara

Ese ‘modo reforzado’ garantiza un sistema más seguro, pero se traduce en una factura más cara. Red Eléctrica calcula que el sobrecoste ascendió a 666 millones de euros desde mayo de 2025 a marzo de 2026 o 4 céntimos al día por consumidor con una tarifa regulada PVPC y un consumo medio mensual de 300 kilovatios-hora (kWh). Es decir, estos clientes han pagado alrededor de 15 euros más durante todo el año móvil. Según cálculos de la comparadora de precios de la energía Selectra, la factura de la luz ha aumentado un 10% en los últimos once meses (no hay datos del mes en curso), respecto a los once meses anteriores al apagón.

Esta consultora advierte que, más allá de la operación reforzada, en los últimos años el coste de la seguridad del sistema se ha disparado. Por un lado, las renovables son tecnologías más imprevisibles (no son gestionables y están descentralizadas) que las centrales convencionales, por lo que requieren que la energía programada por seguridad sea más elevada. Además, la falta de almacenamiento impide aprovechar mejor los momentos de alta generación renovable, lo que provoca grandes diferencias de precio a lo largo del día y aumenta la necesidad de intervención del sistema. "El resultado es un sistema más complejo de operar, donde producir electricidad puede ser más barato, pero gestionarla es más caro", remacha.

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