Los infartos e ictus ya cuestan tantas vidas en el trabajo como las caídas o los choques

Un total de 125 catalanes murieron el año pasado en el trabajo o al ir y volver del mismo, una persona cada tres días. El ejercicio 2025 fue uno de los años más negros en materia de siniestralidad laboral de la última década, si bien la morfología de los accidentes va cambiando. Si hasta no hace mucho los siniestros mortales eran fruto de caídas en altura, atrapamientos o aplastamientos, los infartos y los ictus están disparados y cuestan casi las mismas vidas que los siniestros traumáticos.

“El estrés, la sobrecarga de trabajo y la precariedad en nuestros centros de trabajo matan, las empresas ignoran la salud mental y las consecuencias son letales”, ha defendido la secretaria nacional de la UGT de Catalunya, Reyes Solaz, este lunes en rueda de prensa. “Si los riesgos psicosociales se valoraran como los traumáticos tendríamos muchos más planes de actuación y menos accidentes, las empresas y las mutuas saben donde tenemos el problema”, ha añadido.

En 2025, según los datos recopilados por el Departament de Treball, hubo 125 muertos en accidentes laborales, un 13,6% más que el año anterior. De estos, 47 fueron por siniestros traumáticos, 46 por no traumáticos y 32 por siniestros de tráfico. “2025 ha sido un año negro y no auguramos que 2026 sea mejor”, ha avisado Solaz. Desde el sindicato han reiterado su demanda de incrementar las multas a las empresas incumplidoras, una reivindicación histórica que no se plantea, por el momento, el Gobierno en la ley de prevención de riesgos que validará empezar a tramitar este martes en su Consejo de Ministros.

“Sin sanciones que realmente duelan a quien incumple, las empresas seguirán jugando a la ruleta rusa con nosotros”, ha afirmado la sindicalista. Para ello, desde la UGT proponen equiparar las sanciones en materia de prevención con las cuantías contempladas en la ley de protección de datos, que en su grado máximo puede derivar en importes de 20 millones de euros, frente a menos de un millón que contempla la legislación laboral. “No puede ser más caro perder un pendrive que la vida de un trabajador”, ha insistido Solaz.

Inspectores de planes de prevención

También han puesto encima de la mesa la creación de un cuerpo inspector que vigile específicamente a los servicios de prevención en las empresas. Por ley, todas las compañías deben tener una evaluación de los riesgos laborales en su empresa, si bien el 13% de las empresas catalanas ya incumplen con dicha obligación, según los últimos datos actualizados por el Institut Català de Seguretat i Salut Laboral.

Empresas donde, según esos mismos datos, trabajan 60.022 catalanes. La gran mayoría de los planes de prevención los efectúan terceras empresas y siguen patrones comunes para abaratar el servicio para la empresa principal, lo que critican los sindicatos debido a su falta de eficacia práctica. Es por ello que desde la central han pedido crear un cuerpo específico de inspectores que se dedique a revisar la calidad de esos planes de prevención.

El Congreso decidirá si renueva la ley

El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes el anteproyecto de ley de prevención de riesgos laborales, una actualización de la normativa, que llevaba más de tres décadas sin revisarse. Esta norma pretende incrementar, entre otros, las obligaciones de las compañías en materia de riesgos psicosociales, para reducir las patologías de salud mental.

La ley llegará al Congreso con el aval de los sindicatos, pero no así de la patronal, que rechazó el texto en las negociaciones que mantuvo con el Ministerio de Trabajo. Los de Yolanda Díaz llegan a la cámara legislativa sin los apoyos asegurados para sacar adelante la ley y desde la UGT este lunes han reclamado a todas las fuerzas políticas que den sus votos a la misma para su pronta entrada en vigor.

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