Las eléctricas y la gran industria se unen para vigilar los sobrecostes disparados de la luz un año después del apagón y señalan a Red Eléctrica

Las eléctricas y la gran industria suman fuerzas para denunciar la gran subida de los “sobrecostes invisibles” del sistema eléctrico, fruto de los ajustes que realiza Red Eléctrica para evitar descuadres entre oferta y demanda de energía y que ahora se están ejecutando de forma especial y reforzada para evitar otro apagón.

Las patronales de las grandes eléctricas Aelec (que agrupa a Endesa, Iberdrola y EDP), de las comercializadoras de luz independientes (ACIE y Acenel), de la gran industria electrointensiva AEGE, la Alianza por la Competitividad de la Industria Española y la confederación de consumidores Consumes se han unido para crear el ‘Observatorio del Coste de los Servicios de Operación’ para vigilar la labor de Red Eléctrica de España (REE) y dar transparencia a una labor que está provocando que el precio del recibo de la luz suba en el último año, mientras que el coste sólo de la electricidad en el mercado mayorista sigue bajo.

Eléctricas y gran industria alertan de que los costes de los ajustes alcanzan los 1.800 millones de euros sólo en lo que va de año, y que han superado los 320 millones sólo en las primeras tres semanas de abril (del 1 al 23 de este mes), según se recoge en el primer informe del Observatorio. En lo que va de abril los consumidores están pagando 23,58 euros por megavatio hora (MWh) adicionales por la energía eléctrica. “En muchos días, estos costes son incluso más altos que el propio precio mayorista de la electricidad”, alertan. Un coste disparado que afecta tanto a hogares como a empresas, pero que en el caso de grandes consumidores de luz industriales pueden suponer hasta un 25% de su factura eléctrica.

Los costes asociados a la operación del sistema eléctrico han experimentado un incremento significativo en los últimos meses. Una subida que se ve agravada especialmente por el modo de ‘operación reforzada’ que está ejecutando Red Eléctrica desde hace un año para reducir el riesgo de un nuevo apagón. Un ‘escudo antiapagón’ que se ejecuta mediante un uso mayor de las centrales de gas y una reducción de las renovables, lo que supone un encarecimiento. Red Eléctrica insiste que desde el apagón el coste de esta operación reforzada ha sido de sólo 666 millones de euros, menos de un 3% de todos los costes del sistema.

“Tras el apagón del 28 de abril, el uso de este mecanismo se ha intensificado de forma notable, provocando un aumento sustancial de los costes que soportan hogares y empresas. Todo ello se traduce en una señal de precios distorsionada, que encarece el suministro eléctrico y reduce la competitividad de la economía”, subrayan las asociaciones empresariales. “Por todo ello, se considera urgente adoptar medidas que corrijan estas distorsiones”.

Más control de Competencia

Las eléctricas y los grupos industriales piden mayor “transparencia” en los costes del sistema con la publicación periódica de un desglose de todos ellos y ven imprescindible que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) refuerce la fiscalización de estos costes. Las compañías reclaman a Red Eléctrica un “plan de acción” que ponga fecha de fin al uso del modo de operación reforzada.

En paralelo, las patronales reclaman “soluciones regulatorias” para permitir la recuperación más estable de esos sobrecostes que consideran opacos. En los últimos meses desde diferentes ámbitos del sector eléctrico y del industrial se ha venido pidiendo que los costes de los ajustes se incluyan como costes regulados del sistema y se paguen en la factura a través de los peajes, evitando así el mayor golpe que sufren las empresas industriales y evitar a las eléctricas las dificultades de acabar trasladándolos a la factura.

Los grupos energéticos e industriales también proponen una “reforma estructural” de la fiscalida de la energía, y reclaman la eliminación permanente del impuesto del 7% sobre el valor de la producción de energía eléctrica y del impuesto especial a la electricidad, ahora suspendidos y rebajados al mínimo que permite Europa como parte de las medidas ‘anticrisis’ promovidas por el Gobierno por la guerra en Oriente Medio.

Asimismo, piden coherencia entre los objetivos de descarbonización y competitividad de las compañías. “El incremento de estos costes está afectando negativamente a la competitividad de la economía. Es imprescindible alinear las decisiones operativas y regulatorias con los objetivos de reducción de costes, descarbonización y autonomía energética”.

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